Venezuela: de nuevo sobre el reconocimiento de adopciones decretadas conforme al Convenio de La Haya de 1996

Por Claudia Madrid Martínez

El pasado 13 de septiembre, mediante sentencia 0419, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se declaró competente y admitió la acción de revisión de la sentencia No. 75 dictada el 3 de agosto de 2021, por la Sala de Casación Social del propio Tribunal y además acordó una medida cautelar de suspensión de efectos de la citada decisión.

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Venezuela: determinación de la jurisdicción en materia de rendición de cuentas

Por Claudia Madrid Martínez

Recientemente, la Sala Político Administrativa volvió sobre previas prácticas perniciosas al aplicar normas derogadas en materia de jurisdicción. Lo hizo el pasado 1 de septiembre, al decidir un recurso de regulación de jurisdicción, mediante la sentencia No. 00209.

El recurso de regulación fue ejercido en una causa relativa a la demanda de “rendición de cuentas” interpuesta por Manuel Paton De Escalada, contra su fiduciario Republic Internacional Bank, N.V. (antes Banco Caracas N.V.), institución financiera constituida con arreglo a las Leyes de las Antillas Neerlandesas y con domicilio en Curazao.

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Colombia: exigir la apostilla puede vulnerar el derecho a la educación

Por Claudia Madrid Martínez

La masiva migración de venezolanos a Colombia, calculada en aproximadamente un millón setecientas mil personas, ha enfrentado a Colombia con una serie de problemas estrechamente vinculados al funcionamiento de las instituciones y los procedimientos en la Venezuela de hoy.

Uno de los casos más problemáticos tiene que ver con la convalidación de títulos de educación a todos los niveles y la exigencia de requisitos formales que, en ocasiones, resultan de imposible cumplimiento para los venezolanos. Es el caso de la apostilla.

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Venezuela: eficacia de las adopciones decretadas en el extranjero ¿exequátur?

Claudia Madrid Martínez

En 1996, Venezuela ratificó el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional de 1993. Este tratado, luego de postular que “[u]na adopción certificada como conforme al Convenio por la autoridad competente del Estado donde ha tenido lugar, será reconocida de pleno derecho en los demás Estados contratantes” (art. 23[1]), dispone que “[s]olo podrá denegarse el reconocimiento de una adopción en un Estado contratante, si dicha adopción es manifiestamente contraria a su orden público, teniendo en cuenta el interés superior del niño” (art. 24).

A pesar de la meridiana claridad del Convenio de La Haya, en una reciente sentencia de avocamiento, dictada el 3 de agosto de 2021, la Sala de Casación Social decidió que todas las adopciones decretadas en el extranjero deben pasar por el procedimiento de exequátur “sin lo cual no tendrán ningún efecto, ni como medio de prueba, ni para producir cosa juzgada, ni para ser ejecutada, siendo imposible entonces que de ellas se deriven efectos o actos generadores de derecho”.

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Venezuela: reconocimiento de una pensión decretada en el extranjero

Por Claudia Madrid Martínez

El pasado 14 de abril de 2021, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia sentó un importante precedente al decidir un exequátur concediendo fuerza ejecutoria a un Decreto de Intimación dictado el 30 de noviembre de 2009 y a la sentencia dictada el 16 de febrero de 2011, por el Tribunal del Trabajo de Roma, Italia, referidos al procedimiento de intimación para el cobro de las pensiones de jubilación adeudadas a una ciudadana italiana, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.

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Colombia: el tribunal CIADI no tiene jurisdicción en el caso Granahorrar

Por Claudia Madrid Martínez

El pasado 19 de abril, fue publicado el laudo arbitral en el caso Astrida Benita Carrizosa vs. República de Colombia (ICSID Case No. ARB/18/5). En él, el tribunal declaró su falta de jurisdicción con fundamento en que los hechos expuestos por la demandante ocurrieron antes de la entrada en vigencia del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos de América. Además, se afirma que la demandante no cumplió con el límite de tiempo establecido por en el Acuerdo para presentar la reclamación, por lo que esta prescribió.

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UNCITRAL, HCCH and Unidroit Legal Guide to Uniform Instruments in the Area of International Commercial Contracts, with a Focus on Sales

Por Claudia Madrid Martínez

Recientemente, tres de los más prestigiosos foros de codificación en materia de Derecho internacional privado han publicado la Legal Guide to Uniform Instruments in the Area of International Commercial Contracts, with a Focus on Sales. Nos referimos a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y el Instituto para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT).

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Venezuela: Inmunidad de jurisdicción y demandas laborales

Por José Antonio Briceño Laborí*

Mediante la sentencia No. 00023 del 03 de marzo de 2021 (caso: Lismeidy Elena Villanueva Ramírez c. Consulado de Colombia en Puerto Ordaz), la Sala Político-Administrativa (“SPA”) del Tribunal Supremo de Justicia conoció una consulta de jurisdicción en el contexto de una demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales interpuesta por Lismeidy Elena Villanueva Ramírez contra el Consulado de Colombia en Puerto Ordaz. La demandante basaba su acción en que laboró como asesora jurídica de la demandada desde el 1° de julio de 1998 hasta el 31 de agosto de 2009, fecha en la cual fue despedida injustificadamente.

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Colombia: entre la prueba del carácter ejecutoriado de la sentencia extranjera y la prueba del Derecho extranjero

Por Claudia Madrid Martínez

El pasado 8 de febrero de 2021, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia conoció y decidió la solicitud de exequátur de una sentencia dictada el 5 de octubre de 2017 por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, de Venezuela, corregida el 20 de diciembre del mismo año, en un proceso de privación de patria potestad.

Antes de examinar lo que dijo la Sala es necesario destacar lo que no dijo. En efecto, siento que tanto Colombia como Venezuela son parte en la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, la Sala obvió toda referencia a este instrumento y se refirió directamente a la normativa interna.

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Venezuela: pérdida de la patria potestad y orden público en el Derecho internacional privado en sede de reconocimiento

Por Claudia Madrid Martínez

En decisión de fecha 16 de diciembre de 2020, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia llevó adelante un análisis sobre el carácter de orden público en el Derecho internacional privado, de la pérdida de la patria potestad y lo hizo, en un procedimiento de exequatur de una sentencia dictada por tribunales mexicanos.

En efecto, se trató de la solicitud de exequátur formulada por Darialy Michelle Santa Marta Hernández, con respecto a la sentencia dictada en fecha 6 de mayo de 2013 por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Trigésimo Séptimo de lo Familiar, Distrito Federal, México, en la cual se declaró la pérdida de la patria potestad del ciudadano Juan Carlos Ortega Olivares, respecto de sus cuatro hijos menores de edad.

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