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Venezuela: ¿Cese de las CIDIPs?

Por Francisco Javier Suarez Schanely*

El pasado 30 de mayo de 2019, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia venezolano dictó sentencia No. 187 (solicitante: Juan Arias Romero). Se trató de un procedimiento de exequátur, en el cual se plantea el reconocimiento de una sentencia de divorcio proveniente del Ecuador. Siguiendo el sistema de prelación de fuentes previsto del artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho internacional privado, el supuesto se encontraba regulado conforme a la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Extranjeros, o Convenio de Montevideo de 1979. Asimismo y dependiendo de la teoría utilizada para resolver la aplicación de tratados sucesivos, el caso también potencialmente requería el análisis del Acuerdo sobre Ejecución de Actos Extranjeros o Acuerdo Boliviano de 1911.

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Venezuela: Lanzamiento del Anuario de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado

José Antonio Briceño Laborí*

Con ocasión de la XVIII Reunión Nacional de Profesores de Derecho Internacional Privado, la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela lanzará su página web y el primer número de su anuario en Caracas. El evento, organizado conjuntamente con el Instituto de Derecho “Tatiana de Maekelt”, reunirá a profesores de las distintas escuelas de Derecho del país para discutir asuntos de interés, incluyendo nuevos métodos de enseñanza y evaluación en esta materia.

El Anuario permitirá a profesores, egresados, actuales cursantes y profesores invitados compartir sus opiniones sobre temas clásicos y modernos del Derecho Internacional Privado y el Derecho Comparado. Su lanzamiento representa el deseo de los expertos del foro venezolano, de tener una publicación especializada sobre estos asuntos.

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CIADI: ConocoPhillips c. Venezuela

Por Claudia Madrid Martínez

El año pasado reseñábamos, en Cartas Blogatorias, las acciones intentadas por ConocoPhillips contra la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA. En esa ocasión informábamos que, debido a las expropiaciones que sufrieron los activos de ConocoPhillips en 2007, la empresa intentó una acción por la violación de los contratos con PDVSA ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y otra por la violación del tratado bilateral de inversión entre Venezuela y los Países Bajos ante un tribunal arbitral conformado de acuerdo con las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

La primera de las acciones mencionadas fue resuelta en abril de 2018 y resultó en la condena de PDVSA a pagar de más de dos mil millones de dólares.

Con ocasión de la segunda de las acciones intentadas, el tribunal decidió el 3 de septiembre de 2013 que con la expropiación Venezuela, en efecto, había violado el tratado bilateral, dejando la fijación del monto de la indemnización para un laudo posterior.

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Venezuela: 20 años de vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado

Hoy 6 de febrero de 2019, Venezuela celebra los 20 años de vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado, primera Ley autónoma sobre la materia en el continente. Para celebrarlo, la cátedra de Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela y el Instituto Maekelt han organizado una jornada para discutir algunos aspectos puntuales de la Ley.

Desde Cartas Blogatorias celebramos también la vigencia de este importante instrumento normativo y compartimos con nuestros lectores, la palabras pronunciadas por el profesor Eugenio Hernández-Bretón durante la apertura y la clausura de este acto de celebración.

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Venezuela: juez estadounidense autoriza el embargo de Citgo Petroleum Corp.

Por Claudia Madrid Martínez

En respuesta a la demanda de Crystallex contra Venezuela, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Wilmington, Delaware, decidió el pasado jueves autorizar el embargo de Citgo Petroleum Corp. La orden judicial aumenta la probabilidad de que la estatal petrolera, PDVSA, pierda el control de este valioso activo, en medio de la crisis económica y política que atraviesa el país.

Recordemos que los problemas con Crystallex comenzaron en 2008, con la decisión del entonces presidente, Hugo Chávez, de retirar las concesiones de oro y de asumir las operaciones de Crystallex y de otras compañías extranjeras que operaban en el país, acusando a las mineras de dañar el medio ambiente y violar los derechos de los trabajadores. En esa ocasión, el presidente decidió expropiar la mina “Las Cristinas” que estaba siendo operada por la minera canadiense.

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Venezuela: las acciones de ConocoPhillips contra PDVSA

Por Claudia Madrid Martínez

Con ocasión de la migración de los contratos celebrados durante la apertura petrolera al esquema de contratos mixtos, el gobierno de Venezuela decidió expropiar los bienes e inversiones de las empresas extranjeras que no aceptaron los cambios propuestos, entre ellas, Exxon Mobil y ConocoPhillips.

Para la fecha, Conoco estaba trabajando en los proyectos de Hamaca y Petrozuata y luego de la expropiación, solicitó el pago de 22 mil millones a PDVSA por incumplimiento de contratos y pérdida de ganancias futuras. tal petición fue negada por el Gobierno venezolano.

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Venezuela: Medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos*

Por Claudia Madrid Martínez

Desde marzo de 2015, el gobierno de Estados Unidos ha venido adoptando medidas económicas en contra de algunos funcionarios del gobierno venezolano, vinculados con violaciones de derechos humanos y casos de corrupción. En agosto de 2017, sin embargo, la naturaleza de estas sanciones transcendió el ámbito patrimonial de estos funcionarios para afectar las negociaciones de deuda del Estado venezolano y con ello la contratación internacional y su régimen aplicable.

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Venezuela: Fuerza probatoria de la sentencia extranjera como documento público

Por Claudia Madrid Martínez

Recientemente, en decisión de fecha 15 de noviembre de 2017, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia admitió el valor probatorio de una sentencia estadounidense de divorcio, sin necesidad de exequátur, centrando su análisis en el carácter de documento público ostentado por la sentencia.

En efecto, en un juicio por acción mero declarativa de reconocimiento de unión concubinaria, llevado ante tribunales del estado Nueva Esparta, por Mayra Carolina Barrueta Viloria contra Bruce Andrew Pestano Tulloch, el tribunal de apelación había decidido revocar el fallo apelado y declarar con lugar la demanda merodeclarativa de concubinato.

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Venezuela: Retorno del despacho saneador en el procedimiento de exequátur

Por Maritza Méndez Zambrano*

En fecha 5 de abril de 2017, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (la “Sala”), emitió la sentencia No. EXE.000157 (la «Sentencia»), caso: Petra Severino Vicente de Ullán contra Luciano Ullán Salvador, en la cual retomó un criterio de 2013 según el cual, cuando se dicte una sentencia rechazando la solicitud de exequátur porque ésta no cumpla con los requisitos de forma necesarios para su admisión, las partes contarán con 20 días de despacho después de la notificación del fallo para subsanar aquello que hubiera sido indicado en la sentencia de rechazo. Una vez satisfechos los supuestos necesarios para su admisibilidad se podrá dar continuación al procedimiento sin necesidad de iniciar uno nuevo.

El procedimiento de exequátur había sido solicitado por Petra Severino Vicente de Ullán (la “Sra. Severino”), con el fin que se reconociera eficacia en el territorio venezolano a una sentencia de divorcio de fecha 15 de febrero de 2012, dictada por el Juzgado de Primera Instancia No. 8 de Salamanca, Provincia de Salamanca, Reino de España. El demandado no compareció ni por sí ni por medio de apoderado, por lo que le fue nombrado un defensor ad litem. Ninguna de las partes involucradas se opuso al reconocimiento de la Sentencia Extranjera al entender que cumplía con todos los requisitos establecidos en la ley.

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Venezuela: Reconocimiento de la filiación homoparental

Por Claudia Madrid Martínez

El pasado 15 de diciembre de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano decidió una acción de amparo constitucional a través de la cual reconoció la filiación de un niño en el seno de una familia homoparental.

La historia comienza con dos venezolanas que contraen matrimonio en Argentina y realizan, en Venezuela, un procedimiento de ovodonación. Una de ellas donó su óvulo fecundado in-vitro a la otra, quien llevó el proceso de gestación hasta el nacimiento del niño, lo cual ocurrió en Argentina.

Los tres regresaron a Venezuela e intentaron la inserción de la partida de nacimiento del niño ante la Oficina Nacional de Registro Civil, solicitando, además del reconocimiento de la filiación, el reconocimiento de la nacionalidad venezolana del niño, por ser hijo de dos venezolanas por nacimiento. Antes de conocer la decisión, una de ellas fue asesinada en Caracas.

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