El pasado 27 de julio entró en vigor para el sistema jurídico nacional, la ley 13.129 cuyo objetivo es materializar en ley, circunstanciada(1), modificaciones que la comisión de juristas han entendido como necesarias para la actualización del diploma legal que estuvo en vigencia desde noviembre de 1996.
La comisión de juristas se encargó, entre otras cosas (2), de promocionar los ajustes en una ley de arbitraje que nació para el éxito; esa ley vivió por casi dos décadas de forma armónica dentro del sistema jurídico nacional –no sin suscitar debates, como naturalmente sucede con las “nuevas” instituciones jurídicas– y que además prestó un enorme servicio en favor de la consolidación del arbitraje en Brasil. Ha sido tanto su éxito, que la jurisprudencia(3) y la doctrina nacionales ofrecen un sinfín de supuestos que confirman tal afirmación.
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