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Brasil: La (des)protección internacional del consumidor: comentarios al Recurso Especial nº 1.571.616-MT, de 5 de abril de 2016(1)

Por Luciane Klein Vieira

El 5 de abril de 2016, los Ministros de la Tercera Turma del Superior Tribunal de Justicia (en adelante, STJ), tribunal máximo en materia de derecho infraconstitucional brasileño, decidieron, por unanimidad de votos, declarar incompetente al juez nacional en demanda con la presencia de un consumidor, por tratarse de una relación de consumo de carácter interno y no internacional, pese a que el sujeto vulnerable está domiciliado en Brasil y la relación de consumo se desarrolló en Portugal, donde se encuentra la sede del proveedor.

Para decidir la excepción de incompetencia propuesta por el proveedor, el tribunal referido aplicó las reglas procesales internas de distribución de competencia del juez brasileño, vigentes al momento de la proposición de la demanda (Código de Proceso Civil, Ley nº 5.869, del 11/1/1973), bajo el argumento de que el servicio fue prestado por el proveedor (Labamaro – Laboratório de Análise do Alto Santo Amaro Ltda) en Lisboa, mientras la consumidora (Tatiana Regina de Miranda) residía en esa ciudad, lo que, según la institución mencionada, es una relación de consumo interna.

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Unión Europea: A propósito del daño económico puro, ¿dónde se ha de demandar por la negligencia de un abogado en la redacción de un contrato?

Por Laura Carballo Piñeiro

La pregunta fue planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde los Países Bajos en el asunto C-12/15. Allí Universal Music International Holding BV con domicilio social en los Países Bajos y que forma parte de un grupo de sociedades con matriz en los Estados Unidos, se enfrenta a los Sres. Michael Schilling, Irwin Schwartz y Josef Brož, tres abogados con domicilio en Rumanía, Canadá y la República Checa, respectivamente, debido a la negligencia en que incurrió el Sr. Brož cuando redactó en la República Checa un contrato de compra de participaciones en una empresa con domicilio en este país.

El Sr. Brož omitió una modificación propuesta por la compradora que hizo que el precio de venta se quintuplicase con respecto al inicialmente previsto (unos 313.770 euros), precio que luego debía multiplicarse por el número de socios (resultando en unos 30.932.520 euros). La cuestión se sometió a arbitraje y, finalmente, Universal Music pagó 2.654.280,03 euros mediante transferencia con cargo a una cuenta bancaria en los Países Bajos, a una cuenta que los socios de la sociedad comprada tenían en la República Checa.

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Venezuela: las causales de divorcio y el Derecho internacional privado venezolano

Por Claudia Madrid Martínez

El pasado 2 de junio de 2015, la Sala Constitucional decidió la revisión constitucional de la sentencia Nº 0319, dictada por la Sala de Casación Social el 20 de abril de 2012, en la que se declaró sin lugar el recurso de casación contra una sentencia de instancia que disolvió el vínculo conyugal entre Francisco Anthony Correa Rampersad y María Cristina Santos Boavida. El recurso de revisión fue interpuesto por el primero, de allí que la decisión sea conocida en el foro como la sentencia Correa Rampersad.

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España: reforma del sistema de competencia judicial internacional e introducción de excepciones de litispendencia y conexidad internacionales

                                                                        Por Laura Carballo Piñeiro

El sistema español de competencia judicial internacional se encuentra regulado en los artículos 21 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ). Esta ley orgánica fue aprobada en 1985, en el año en el que España se incorporaba a la Unión Europea, por lo que las reglas allí previstas se ajustaban a la estructura del entonces en vigor Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial internacional y reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, el ahora Reglamento ((UE) 1215/2012 o Bruselas I bis. La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial introduce ahora importantes ajustes a las extintas reglas persiguiendo una mayor aproximación al Derecho de la Unión Europea.

La modificación afecta a los artículos 21 y 22 LOPJ. El primero no sufre modificaciones de calado ya que se limita a perfeccionar la redacción de un precepto que establece, de una parte, la supremacía de normas contenidas en tratados internacionales, normas de la Unión Europea y otras relevantes; y de otra parte, las inmunidades de jurisdicción y de ejecución. Por cierto, ha de advertirse que el Gobierno ha remitido a las Cortes Generales un proyecto de Ley Orgánica sobre Privilegios e Inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España, cuya aprobación se espera a la vuelta del verano.

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Unión Europea: Tribunal austríaco declara inadmisible acción de clase contra Facebook

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Por Javier Ochoa Muñoz

La casuística judicial cada día nos revela nuevas manifestaciones de la internacionalización de la convivencia humana en el mundo actual. Las tecnologías de comunicación y los fenómenos sociales que se desenvuelven a través del universo virtual, no sólo son vectores de esa internacionalización, sino que también acarrean por sí mismos nuevos problemas de convivencia, que tienden, por esencia, a configurarse en el plano transnacional.

El asunto “Europa versus Facebook”, es un ejemplo palpitante de esa realidad. Se trata de un conflicto promovido inicialmente por Max Schrems, activista austríaco, quien siendo estudiante de derecho y a los 24 años de edad, cuestionó la actividad desarrollada por Facebook, por considerar que violaba derechos fundamentales a la privacidad y a la protección de la información personal. Desde entonces (2012) ha presentando acciones judiciales y peticiones administrativas en diversas jurisdicciones.

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Canadá: Medida cautelar internacional contra una persona que no es parte del litigio (Google).

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Por Javier Ochoa Muñoz

El caso del día viene del Canadá y ha llegado a nuestro conocimiento a través de conflictoflaws.net. Se trata medidas cautelares dictadas en contra de una persona que no es parte del litigio, en este caso, nada más y nada menos que Google Inc, a la cual se le ordena excluir ciertos sitios web de sus motores de búsqueda.

La decisión, dictada el pasado 13 de junio por la Corte de Apelaciones de British Columbia, ratifica la medida cautelar decretada por el Tribunal Supremo de esa provincia cadaniense, en un litigio incoado por las empresas Equustek Solutions Inc. y Clarma Enterprises Inc. en contra de Morgan Jack y Datalink Technologies Gateways Inc.

La importancia de la materia decidida y su relación con el derecho a la libertad de expresión y con la protección de la propiedad intelectual, sirvió de argumento para que también interviniesen en la apelación otras asociaciones y ONGs como la “Canadian Civil Liberties Association”, la “Electronic Frontier Foundation”, la “International Federation of Film Producers Associations” y la “International Federation of the Phonographic Industry”.

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Venezuela: domicilio del demandante como criterio de jurisdicción en materia de divorcio

Por Claudia Madrid Martínez

Recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha dictado, a través de dos de sus Salas, diversas sentencias en las cuales se analiza el funcionamiento de los criterios atributivos de jurisdicción que, en materia de divorcio, consagra la Ley de Derecho Internacional Privado.

En tales decisiones se abordó un caso de divorcio intentado por Jaime José Gaya Araujo, contra su cónyuge Aurora Haya Aja. El matrimonio se celebró en Venezuela y de él nacieron dos hijos, quienes por razones de estudios pasaron largas temporadas en Estados Unidos, donde también se trasladaron los cónyuges.

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Francia: Facebook y las cláusulas abusivas (elección de foro)

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Por Laura Carballo Piñeiro

En decisión de 5 de marzo de 2015, el Tribunal de grande instance de París, ha pronunciado el carácter abusivo de la cláusula de sometimiento a los tribunales de Santa Clara, California, incluida en las condiciones generales de contratación empleadas por Facebook.

En el caso Frédéric X. v Facebook Inc, el primero persigue que se reactive su cuenta de Facebook para lo que se pone en contacto con la agencia de la compañía en Francia, establecida a efectos meramente publicitarios, que le indica que la reclamación debe dirigirse a la compañía con sede en California.

El Sr X demanda en París y Facebook Inc comparece e impugna la competencia judicial internacional invocando la citada cláusula de elección de foro. El tribunal parisién analiza su validez indicando que es aplicable la ley de la jurisdicción elegida para hacerlo (California), pero finalmente aplica el orden público francés, ya que éste protege al consumidor – como lo es el Sr. X – y considera este tipo de cláusulas contenidas en condiciones generales abusivas.

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Costa Rica: competencia judicial internacional para conocer de casos de divorcio de parejas domiciliadas en el exterior

Por Juan José Obando

Se ha aclarado finalmente el panorama para las parejas que hayan contraído nupcias frente a las autoridades costarricenses o inscriben ante ellas su matrimonio, pero han trasladado su domicilio conyugal al exterior y deseen divorciarse en Costa Rica. Luego de múltiples decisiones incluso contradictorias, la Sala Segunda de Costa Rica, ha confirmado la última tesis del Tribunal de Familia, que prevalecerá a raíz de las diversas interpretaciones normativas realizadas por los jueces de familia de primera y segunda instancia en ocasiones pasadas. Con ello, se ha concluido que no es posible divorciarse en Costa Rica en ese específico escenario de traslado del domicilio conyugal al extranjero.

El problema surgió debido a que ante hechos prácticamente idénticos, los tribunales de familia del país venían ofreciendo, incluso con pocos meses de diferencia, soluciones jurídicas distintas a las parejas que iniciaban un proceso de divorcio en Costa Rica ya sea contencioso o por mutuo consentimiento. La interpretación del artículo 46 del Código Procesal Civil de Costa Rica ha sido la fuente de ésta problemática judicial.

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Unión Europea: sentencia del TJE sobre productos financieros, consumo y daño económico puro (Caso Harald Kolassa y Barclays Bank plc)

Por Laura Carballo Piñeiro

Como se informó en una entrada anterior de este blog, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la Unión Europea pueden conocer de litigios entre consumidores domiciliados en un Estado miembro y empresarios o profesionales con sede o domicilio en terceros Estados.

Pero la aplicación del artículo 18.1 del Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de noviembre de 2012, relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, depende de que el consumidor se considere parte débil y, por tanto, incluido en la Sección 5ª del Capítulo II de dicho Reglamento, sobre competencia en materia de contratos de consumo.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se comenta a continuación versa sobre esta cuestión.

Ahora bien, también ha de advertirse que su relevancia no viene determinada por esta cuestión, sino porque aborda el problema de dónde se entiende producido un daño económico puro, o pure economic loss como también se le conoce, cuestión de gran relevancia si se la pone en relación con los mercados financieros.

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