Archivo de la etiqueta: Exequátur

Venezuela: eficacia de las adopciones decretadas en el extranjero ¿exequátur?

Claudia Madrid Martínez

En 1996, Venezuela ratificó el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional de 1993. Este tratado, luego de postular que “[u]na adopción certificada como conforme al Convenio por la autoridad competente del Estado donde ha tenido lugar, será reconocida de pleno derecho en los demás Estados contratantes” (art. 23[1]), dispone que “[s]olo podrá denegarse el reconocimiento de una adopción en un Estado contratante, si dicha adopción es manifiestamente contraria a su orden público, teniendo en cuenta el interés superior del niño” (art. 24).

A pesar de la meridiana claridad del Convenio de La Haya, en una reciente sentencia de avocamiento, dictada el 3 de agosto de 2021, la Sala de Casación Social decidió que todas las adopciones decretadas en el extranjero deben pasar por el procedimiento de exequátur “sin lo cual no tendrán ningún efecto, ni como medio de prueba, ni para producir cosa juzgada, ni para ser ejecutada, siendo imposible entonces que de ellas se deriven efectos o actos generadores de derecho”.

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Venezuela: reconocimiento de una pensión decretada en el extranjero

Por Claudia Madrid Martínez

El pasado 14 de abril de 2021, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia sentó un importante precedente al decidir un exequátur concediendo fuerza ejecutoria a un Decreto de Intimación dictado el 30 de noviembre de 2009 y a la sentencia dictada el 16 de febrero de 2011, por el Tribunal del Trabajo de Roma, Italia, referidos al procedimiento de intimación para el cobro de las pensiones de jubilación adeudadas a una ciudadana italiana, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.

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Venezuela: pérdida de la patria potestad y orden público en el Derecho internacional privado en sede de reconocimiento

Por Claudia Madrid Martínez

En decisión de fecha 16 de diciembre de 2020, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia llevó adelante un análisis sobre el carácter de orden público en el Derecho internacional privado, de la pérdida de la patria potestad y lo hizo, en un procedimiento de exequatur de una sentencia dictada por tribunales mexicanos.

En efecto, se trató de la solicitud de exequátur formulada por Darialy Michelle Santa Marta Hernández, con respecto a la sentencia dictada en fecha 6 de mayo de 2013 por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Trigésimo Séptimo de lo Familiar, Distrito Federal, México, en la cual se declaró la pérdida de la patria potestad del ciudadano Juan Carlos Ortega Olivares, respecto de sus cuatro hijos menores de edad.

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#TBT Venezuela: efectos temporales de la sentencia de exequátur

Por Claudia Madrid Martínez

El 12 de diciembre de 1996, la Sala Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia dictó la Sentencia No. 841, mediante la cual decidió la solicitud de exequátur, interpuesta por Chantal Marie Ernest Picard de Pons, de la sentencia del Tribunal de Gran Instancia de Dieppe, Francia en la que, en fecha 8 de julio de 1970, pronunció su divorcio de Philippe Pierre Jean Marie Lamont. La parte actora solicitó, además, que la Corte se pronunciase sobre los efectos temporales del exequátur.

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Venezuela: Reconocimiento de sentencia en materia de divorcio y partición de la comunidad conyugal

Por Andrea Olivares Hernández*

Mediante sentencia No. 402 (caso: Jon Paul Rodríguez Fernández c. Kathryn Mary Rodríguez Clark) del 11 de noviembre de 2019, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (la “Sala”), concedió fuerza ejecutoria parcial a una sentencia de divorcio dictada el 18 de abril de 2018 por el Juzgado Sucesoral y Familiar de la Comunidad de Massachusetts, Estados Unidos de América.

El 14 de febrero de 2019, las partes presentaron la solicitud de reconocimiento y ejecución de la sentencia de divorcio, la cual establecía, entre otros aspectos, las instituciones familiares, el régimen de custodia, la manutención de los hijos y la división de la propiedad de la comunidad conyugal.

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Venezuela: Sentencia de exequátur en materia de reaseguros (Intereses de la República vs. Artículo 53 LDIP)

Por José Antonio Briceño Laborí*

Mediante sentencia No. EXEQ.000388 del 14 de agosto de 2019 (caso: Lexington Insurance Company Limited c. Multinacional de Seguros, C.A.), la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (“SCC”) conoció una solicitud de exequátur de dos sentencias dictadas por cortes inglesas en donde se declaró que Multinacional de Seguros, C.A. (“Multinacional”) había incumplido unos contratos de reaseguro que relevaban a las empresas reaseguradoras de dar la cobertura prevista en tales contratos.

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Novedades en la saga Lago Agrio/Ecuador v Texaco/Chevron

Por Laura Carballo Piñeiro

Las vicisitudes del caso iniciado en 1993 contra Texaco/Chevron por grave contaminación medioambiental en Lago Agrio (Ecuador) continúan, ahora vivas a través del exequátur en Canadá de la decisión ecuatoriana dictada en 2011 contra la compañía estadounidense, y la impugnación en los Países Bajos del fallo arbitral de la Corte Permanente de Arbitraje contra Ecuador.

Los afectados por la grave contaminación medioambiental de Lago Agrio llevan años intentando ejecutar el fallo de 9.500 millones de dólares en exequátur que se iniciaron en Argentina, Brasil y Canadá.

El Tribunal Superior de Justicia de Brasilia en sentencia SEC8542 de 29 de noviembre de 2017 decidió no conceder el reconocimiento alegando que Chevron Corporation no tiene bienes en Brasil y Chevron Brazil es un tercero frente al que no puede ejecutarse el fallo ecuatoriano. A similares conclusiones llegó el Tribunal de Distrito núm. 61 de Buenos Aires en octubre de 2017.

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Venezuela: Retorno del despacho saneador en el procedimiento de exequátur

Por Maritza Méndez Zambrano*

En fecha 5 de abril de 2017, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (la “Sala”), emitió la sentencia No. EXE.000157 (la «Sentencia»), caso: Petra Severino Vicente de Ullán contra Luciano Ullán Salvador, en la cual retomó un criterio de 2013 según el cual, cuando se dicte una sentencia rechazando la solicitud de exequátur porque ésta no cumpla con los requisitos de forma necesarios para su admisión, las partes contarán con 20 días de despacho después de la notificación del fallo para subsanar aquello que hubiera sido indicado en la sentencia de rechazo. Una vez satisfechos los supuestos necesarios para su admisibilidad se podrá dar continuación al procedimiento sin necesidad de iniciar uno nuevo.

El procedimiento de exequátur había sido solicitado por Petra Severino Vicente de Ullán (la “Sra. Severino”), con el fin que se reconociera eficacia en el territorio venezolano a una sentencia de divorcio de fecha 15 de febrero de 2012, dictada por el Juzgado de Primera Instancia No. 8 de Salamanca, Provincia de Salamanca, Reino de España. El demandado no compareció ni por sí ni por medio de apoderado, por lo que le fue nombrado un defensor ad litem. Ninguna de las partes involucradas se opuso al reconocimiento de la Sentencia Extranjera al entender que cumplía con todos los requisitos establecidos en la ley.

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Costa Rica: De normas fiscales, cláusulas de derecho aplicable y sumisión internacional

Por Juan José Obando

La sentencia número 000062-E-14 del 19 de enero de 2015, emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Costa Rica en el reconocimiento de la sentencia del caso californiano C&M Investment Group v. Powers viene a crear un curioso precedente en el siempre importante vínculo entre normas fiscales y derecho internacional privado. Esta decisión también resolvió sobre aspectos relativos a la sumisión internacional y la potestad de las partes para elegir el foro donde desean resolver sus disputas.

Siendo necesario resumir los hechos, lo relevante del caso se presenta cuando en un proceso de exequátur se solicitó el reconocimiento ante la Sala Primera de una sentencia californiana que condenó en daños y perjuicios al demandado por la violación de un contrato de servicios profesionales relacionado con la plantación, conservación y reforestación de árboles en la zona de Guanacaste, Costa Rica. La parte demandada alegó la supuesta imposibilidad para otorgar el reconocimiento dado que, en el contrato ambas partes omitieron el pago al momento de su celebración, del timbre fiscal a los contratos privados, establecido por el Código Fiscal de Costa Rica.

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Venezuela: el examen de los derechos adquiridos en sede de exequátur

Por Claudia Madrid Martínez

El pasado mes de abril, un tribunal de instancia dictó una sentencia de exequátur a través de la cual dio el pase a una decisión española de divorcio. En tal decisión el tribunal, luego de verificar los requisitos formales para el reconocimiento, hizo algunas precisiones en relación con las situaciones jurídicas válidamente creadas al amparo de un ordenamiento jurídico extranjero que vale la pena destacar.

Así, el tribunal comienza por reafirmar su competencia para conocer de la solicitud de exequátur de la Sentencia Nº 221/14 emanada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Hospitalet de Llobregat, Barcelona Reino de España mediante la cual se decretó el divorcio de los consortes aprobando el convenio regulador firmado por los mismos en fecha 15 de julio de 2014 de conformidad con el artículo 86 último párrafo del Código Civil y 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nº 964/2014.

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