El pasado 29 de septiembre se dio a conocer la decisión de un Tribunal de Apelaciones del tercer circuito de Estados Unidos levantó una medida de un tribunal inferior que le impedía la venta de acciones de CITGO.
Ahora Crystallex podrá de nuevo intentar ir contra CITGO por la deuda que Venezuela mantiene con la minera canadiense por 1.200 millones de dólares, monto fijado en un laudo CIADI, como consecuencia de la expropiación de que fue objeto la empresa en 2008.
En respuesta a la demanda de Crystallex contra Venezuela, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Wilmington, Delaware, decidió el pasado jueves autorizar el embargo de Citgo Petroleum Corp. La orden judicial aumenta la probabilidad de que la estatal petrolera, PDVSA, pierda el control de este valioso activo, en medio de la crisis económica y política que atraviesa el país.
Recordemos que los problemas con Crystallex comenzaron en 2008, con la decisión del entonces presidente, Hugo Chávez, de retirar las concesiones de oro y de asumir las operaciones de Crystallex y de otras compañías extranjeras que operaban en el país, acusando a las mineras de dañar el medio ambiente y violar los derechos de los trabajadores. En esa ocasión, el presidente decidió expropiar la mina “Las Cristinas” que estaba siendo operada por la minera canadiense.
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Por Laura Carballo Piñeiro y María Mercedes Albornoz
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, del Distrito Este de Washington (US District Court de Washington) se pronunció el pasado 2 de noviembre de 2016 en un caso que enfrentaba a Key Tronic Corporation, una sociedad del Estado de Washington, con Steel Technologies de México, S.A. de C.V. La sentencia ahora comentada se pronuncia sobre la impugnación de la competencia judicial internacional de los tribunales estadounidenses presentada por la demandada mexicana.
Esta decisión de la US District Court de Washington es interesante por dos razones que se examinarán a continuación. En primer lugar, por los límites implícitos que establece a la competencia judicial internacional de los tribunales estadounidenses (personal jurisdiction); en segundo lugar, por los límites a la utilización del Discovery a efectos de determinar la competencia judicial internacional que el mismo tribunal expone (jurisdictional discovery). Pero antes es necesario presentar los hechos del caso.
Por María Mercedes Albornoz y Enrique Arcipreste Morales
El problema y su resolución
El presente caso aborda el conocido problema del estatus de los laudos arbitrales en el extranjero, cuando han sido dictados en un país y anulados por los tribunales judiciales de ese mismo país sede del arbitraje. En particular, se trata de resolver si tales laudos pueden “resucitar” y, a pesar de su anulación, ser ejecutados coactivamente en un país diferente. La decisión que aquí se reporta concierne un laudo dictado y anulado en México, cuya ejecución coactiva en Estados Unidos es objeto de controversia.
El 2 de agosto de 2016, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos emitió un fallo que puso fin a una controversia surgida entre las empresas Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral, S. de R. L de C. V. (COMMISA) y Pemex-Exploración y Producción (PEP). En este fallo en el que se confirmó una sentencia que permitió ejecutar en Estados Unidos un laudo arbitral dictado en México y previamente anulado por un tribunal mexicano, la referida Corte de Apelaciones estadounidense concluyó: 1) Las cortes Federales del Distrito Sur de Nueva York son competentes para conocer del caso de PEP, así como para juzgar y hacer cumplir sus órdenes; 2) La Corte Federal de Distrito no excedió sus competencias al confirmar la sentencia de primera instancia; y 3) La Corte de Distrito, aun cuando incluyó en su fallo $106 millones en performance bonds que PEP había recolectado, no excedió su autoridad.
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Por Zhandra Marín*
El caso conocido como Lago Agrio, en el cual aborígenes ecuatorianos demandaron a la petrolera Texaco por contaminar su hábitat y afectar su cultura, ha sido litigado por más de una década, principalmente, en Ecuador y los Estados Unidos de Norteamérica. Debido a las múltiples complejidades procesales y materiales de este caso, dedicaremos esta nota a resumir la secuencia de actuaciones procesales y en la figura procesal anglosajona conocida como Forum Non Conveniens (FNC).
Durante 1993 y 1994 nacionales ecuatorianos intentaron demandas contra Texaco en tribunales federales norteamericanos, alegando contaminación de ríos y bosques ecuatorianos, así como la afectación de las comunidades aborígenes que han habitado históricamente esa región. Ambas acciones fueron denegadas en 2002 en base al FNC. En aquel entonces, Texaco afirmó que los tribunales ecuatorianos tenían jurisdicción sobre el caso.
Por Renata Alvares Gaspar y Luciane Klein Vieira
El 11 de mayo de 2015, se ha dado a conocer el dictamen del Ministerio Público Federal de Brasil, en el caso “Chevron Corporation vs Maria Aguinda Salazar y otros”, en el cual el Dr. Nicolao Dino, Subprocurador General de la República, opinó sobre el no reconocimiento de la sentencia extranjera proveniente de la Corte Provincial de Sucumbíos, Ecuador, que condenó a la empresa Chevron, en acción de indemnización por daños al medio ambiente y a la población local, al pago de US$ 8.646.160.000,00, a título de reparación del daño ambiental a la población local, y al mismo valor a título de daños punitivos, sin perjuicio del pago del 10% sobre la condena en virtud de imposición del art. 43 de la Ley de Gestión Ambiental ecuatoriana y del 0,1% referente a honorarios de abogado.
Como ya lo hemos mencionado en estudios anteriores, para que una decisión extranjera pueda producir efectos en el territorio brasileño, necesita pasar por proceso de reconocimiento ante el Superior Tribunal de Justicia (en adelante, STJ), quien realiza el “juízo de delibação”, que no es más que un examen del cumplimiento de requisitos de orden procesal, formal y material, que autorizan a que la decisión extranjera pueda ser ejecutada en el país. Los supuestos están dispuestos en los tratados internacionales adheridos o suscritos por Brasil y, en su defecto, en las disposiciones contenidas en el Reglamento interno del STJ (en adelante RISTJ), arts. 2016 y 2017.
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Por Zhandra Marín*
El 27 de marzo del corriente año, una corte federal de Nueva York decidió despachar una citación a juicio de divorcio a través de la conocida red social Facebook. Aunque ésta no es la primera ocasión en que una corte de los Estados Unidos de Norteamérica (EU) ejecuta una citación por este medio, es la primera vez que Facebook es el método único y principal de citación.
Debido al sistema federal de los EU, las citaciones están reguladas por una ley federal titulada Federal Rules of Civil Procedure (FRCP) y por diversas leyes estatales. En el caso de Nueva York, la regulación estatal es conocida como Civil Practice Law and Rules (CPLR). En su parágrafo 308, la CPLR regula las citaciones, incluyendo los medios tradicionalmente aceptados (citación personal, citación por correo, citación a una tercera parte en la dirección del demandado, citación por carteles o citación por publicación), y aquellos que resulten practicables en cada caso en concreto. Estos últimos son los más relevantes para esta nota, dado que abren la posibilidad a citaciones a través de redes sociales.
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Por Javier Ochoa Muñoz
El caso del día lo hemos tomado de nuestro amigo Ted Folkman, quien lo publicó recientemente en lettersblogatory.com.
El asunto trata de una demanda planteada por Mateo Mazoff ante tribunales de Florida en virtud de las lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido en ese Estado. La demandada es Paola Alvarado-Fernández, de nacionalidad y domicilio colombianos. El accidente ocurrió con un vehículo rentado a la empresa Alamo por la hoy demandada.
Alvarado-Fernández interpuso una moción para que se desestimara el caso por defectos en la citación. La citación se había intentado practicar por diversas vías de manera infructuosa, hasta que finalmente se practicó mediante correo, conforme a las disposiciones correspondientes del Derecho de Florida.
Por Claudia Madrid Martínez
El primero de agosto pasado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano se pronunció sobre la acción de amparo interpuesta por Enterprise Renta Car, C.A., contra Enterprise Rent A Car Company y National Arbitration Forum.
El caso se planteó porque, a raíz de una solicitud de registro de marca intentada por la empresa venezolana ante las autoridades de registro marcario venezolanas y la posterior oposición presentada por la empresa estadounidense, se inició un procedimiento de arbitraje ante el National Arbitration Forum, en el cual se incluyó a la empresa venezolana, sin que, según la demandante, ésta haya consentido en el compromiso arbitral.
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Por Claudia Madrid Martínez
En abril de 2010, la plataforma Deepwater Horizon, que se encontraba en el Golfo de México frente a la costa de Louisiana, explotó y se hundió. Este incidente causó la muerte de 11 personas y el vertido de 4,9 millones de barriles de crudo, cada uno de 159 litros, durante 87 días, contaminando extensas zonas de las costas de Estados Unidos. Este accidente fue considerado como el segundo peor desastre ecológico en Estados Unidos, después del hundimiento del petrolero Exxon Valdez en 1989. Deepwater Horizon era propiedad de Transocean y había sido arrendada a British Petroleum hasta septiembre de 2013.
El pasado 4 de septiembre, un tribunal federal de Louisiana, a cargo del juez Carl Barbier, dictó una decisión en la que calificó la actuación de British Petroleum como una combinación de negligencia grave y una conducta imprudente. Según se puede leer en la decisión, la petrolera hizo caso omiso a las advertencias de que el pozo era inestable y tomó decisiones guiada por el deseo de ahorrar tiempo y dinero, en lugar de garantizar que el pozo fuera seguro.
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