Desde marzo de 2015, el gobierno de Estados Unidos ha venido adoptando medidas económicas en contra de algunos funcionarios del gobierno venezolano, vinculados con violaciones de derechos humanos y casos de corrupción. En agosto de 2017, sin embargo, la naturaleza de estas sanciones transcendió el ámbito patrimonial de estos funcionarios para afectar las negociaciones de deuda del Estado venezolano y con ello la contratación internacional y su régimen aplicable.
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