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Brasil: Aún el asunto Chevron: la decisión en sede de reconocimiento de decisión extranjera, adoptada recientemente por el Superior Tribunal de Justicia (STJ)

Por Renata Alvares Gaspar y Luciane Klein Vieira

El 3 de junio de 2015 hemos publicado en este blog la noticia jurídica de que el Caso Chevron había llegado a Brasil, por las manos de una acción de reconocimiento de sentencia extranjera (Caso Chevron… de Hollywood al STJ: comentarios al Dictamen nº 2.811/2015, del MPF).

En aquel entonces, ya advertíamos muchas de las cuestiones que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) -órgano máximo del Poder Judicial brasileño, en materia de derecho infraconstitucional, con competencia exclusiva para decidir sobre el reconocimiento de decisiones extranjeras -tendría que afrontar, desde la perspectiva jurídica, en un supuesto de hecho que está siendo muy comentado en el mundo, por todas las cuestiones que lo enmarcan. Y como elemento de complejidad, este asunto toca a diversas áreas del derecho, sea del internacional público como del privado, colocando en evidencia la desaparición de las fronteras entre las ramas del conocimiento jurídico, si es que alguna vez las hemos podido considerar como reales.

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Brasil: La (des)protección internacional del consumidor: comentarios al Recurso Especial nº 1.571.616-MT, de 5 de abril de 2016(1)

Por Luciane Klein Vieira

El 5 de abril de 2016, los Ministros de la Tercera Turma del Superior Tribunal de Justicia (en adelante, STJ), tribunal máximo en materia de derecho infraconstitucional brasileño, decidieron, por unanimidad de votos, declarar incompetente al juez nacional en demanda con la presencia de un consumidor, por tratarse de una relación de consumo de carácter interno y no internacional, pese a que el sujeto vulnerable está domiciliado en Brasil y la relación de consumo se desarrolló en Portugal, donde se encuentra la sede del proveedor.

Para decidir la excepción de incompetencia propuesta por el proveedor, el tribunal referido aplicó las reglas procesales internas de distribución de competencia del juez brasileño, vigentes al momento de la proposición de la demanda (Código de Proceso Civil, Ley nº 5.869, del 11/1/1973), bajo el argumento de que el servicio fue prestado por el proveedor (Labamaro – Laboratório de Análise do Alto Santo Amaro Ltda) en Lisboa, mientras la consumidora (Tatiana Regina de Miranda) residía en esa ciudad, lo que, según la institución mencionada, es una relación de consumo interna.

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Brasil: MERCOVI vs. COMAB, Homologación de laudo arbitral extranjero

Por Renata Alvares Gaspar

El 23 de noviembre de 2015 ha pasado en juzgado la decisión adoptada por el STJ, en sede de homologación de laudo arbitral extranjero, en que este tribunal reconoció -y por lo tanto le abrió la vía ejecutiva judicial en Brasil- el laudo proferido por un tribunal arbitral internacional con sede en Uruguay que, el 17 de junio de 2010, decidió en contra de la Comisión Mixta Argentina-Brasileña (COMAB), por un monto de R$9.590.328,35 y R$16.796.201,83.

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Brasil: o reconhecimento da prestação de alimentos internacional e o não reconhecimento de condenação ao pagamento de quantia certa por inobservância da citação por carta rogatória*

Matheus Lúcio Pires Fernandes**

1. Introdução

O tema enunciado é de suma importância para a sociedade internacional. A homologação de decisões estrangeiras, as quais podem ser sentenças proferidas por juízes estrangeiros ou laudos de tribunais arbitrais instituídos para solução de controvérsias, é ponto fundamental dentro do cenário de circulação de julgados que se impõe no âmbito da cooperação internacional.

O instituto mencionado tem por escopo a possibilidade de, se reconhecida a decisão, garantir os seus efeitos jurídicos no território do país cooperante, neste viés da jurisdição internacional indireta, de 3º grau, preservando o respeito à coisa julgada consumada no tribunal estrangeiro.

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Brasil: Ley de arbitraje (9.307/96): ¿ha habido una alteración real?

Por Renata Alvares Gaspar

El pasado 27 de julio entró en vigor para el sistema jurídico nacional, la ley 13.129 cuyo objetivo es materializar en ley, circunstanciada(1), modificaciones que la comisión de juristas han entendido como necesarias para la actualización del diploma legal que estuvo en vigencia desde noviembre de 1996.

La comisión de juristas se encargó, entre otras cosas (2), de promocionar los ajustes en una ley de arbitraje que nació para el éxito; esa ley vivió por casi dos décadas de forma armónica dentro del sistema jurídico nacional –no sin suscitar debates, como naturalmente sucede con las “nuevas” instituciones jurídicas– y que además prestó un enorme servicio en favor de la consolidación del arbitraje en Brasil. Ha sido tanto su éxito, que la jurisprudencia(3) y la doctrina nacionales ofrecen un sinfín de supuestos que confirman tal afirmación.

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Brasil: Recepción de laudos arbitrales. Cuestión de Derecho y no de Estado

Por Renata Alvares Gaspar

De conformidad con el asunto referido (SEC 9880), CIMC RAFFLES OFFSHORE (SINGAPORE) LIMITED y YANTAI CIMC RAFFLES OFSHORE LIMITED, han promovido un arbitraje en contra de SCHAHIN HOLDING S. A. y otros, ante el CIRD, de la Asociación Americana de Arbitraje en Nueva York (en inglés ICDR: International Centre for Dispute Resolution, división de la AAA).

Según se lee en la decisión adoptada por el STJ (Superior Tribunal de Justicia de Brasil), las demandantes salieron vencedoras del procedimiento arbitral referido, lo que les otorgó el derecho a recibir de las demandadas la suma de USD 69.470.777,41.

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Caso Chevron… de Hollywood al STJ: comentarios al Dictamen nº 2.811/2015, del MPF

Por Renata Alvares Gaspar y Luciane Klein Vieira

El 11 de mayo de 2015, se ha dado a conocer el dictamen del Ministerio Público Federal de Brasil, en el caso “Chevron Corporation vs Maria Aguinda Salazar y otros”, en el cual el Dr. Nicolao Dino, Subprocurador General de la República, opinó sobre el no reconocimiento de la sentencia extranjera proveniente de la Corte Provincial de Sucumbíos, Ecuador, que condenó a la empresa Chevron, en acción de indemnización por daños al medio ambiente y a la población local, al pago de US$ 8.646.160.000,00, a título de reparación del daño ambiental a la población local, y al mismo valor a título de daños punitivos, sin perjuicio del pago del 10% sobre la condena en virtud de imposición del art. 43 de la Ley de Gestión Ambiental ecuatoriana y del 0,1% referente a honorarios de abogado.

Como ya lo hemos mencionado en estudios anteriores, para que una decisión extranjera pueda producir efectos en el territorio brasileño, necesita pasar por proceso de reconocimiento ante el Superior Tribunal de Justicia (en adelante, STJ), quien realiza el “juízo de delibação”, que no es más que un examen del cumplimiento de requisitos de orden procesal, formal y material, que autorizan a que la decisión extranjera pueda ser ejecutada en el país. Los supuestos están dispuestos en los tratados internacionales adheridos o suscritos por Brasil y, en su defecto, en las disposiciones contenidas en el Reglamento interno del STJ (en adelante RISTJ), arts. 2016 y 2017.

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Argentina: Laguna normativa para letras de cambio libradas en Brasil

Por Sebastián Paredes* y Ezequiel H. Vetulli**

1) INTRODUCCIÓN

Una sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (en adelante “SCBA”) de diciembre de 2014, pero publicada recientemente, intenta resolver dos aspectos de Derecho internacional privado en relación a una letra de cambio librada y aceptada en Brasil por la que se había iniciado un proceso de cobro ejecutivo por parte del avalista contra el aceptante por falta de pago.

El primer problema es la laguna normativa existente en la dimensión autónoma del derecho argentino en materia de letras de cambio con elementos internacionales y el segundo es el modo en que eventualmente los jueces deben aplicar el derecho extranjero.

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Brasil: Reconocimiento de laudo arbitral extranjero ¿es posible alegar debilidad de parte contractual en este momento procesal?

Por Renata Alvares Gaspar

Como ya hemos tenido oportunidad de indicar, en Brasil, para que un laudo arbitral extranjero produzca sus jurídicos efectos, tiene que pasar por proceso de reconocimiento ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). El régimen jurídico aplicable está regulado por la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras (CNY/58), las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno del STJ (Título I, Capítulo I) y la Ley de Arbitraje Brasileña 1996, arts. 34-40 (LAB).

Este régimen jurídico es claro respecto a los requisitos para denegación de reconocimiento. Ello porque desde la entrada en vigor de la LAB, el tribunal competente para homologación ha establecido que al igual que ocurre con las decisiones judiciales extrajeras, el procedimiento para internalización de los laudos arbitrales implica una revisión de forma y no de contenido (fondo).

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Brasil: Habemus nuevo código procesal civil. Sus principales alteraciones en el derecho procesal internacional

Por Luciane Klein Vieira y Renata Alvares Gaspar

El 30 de septiembre de 2009, a través del Acto del Presidente del Senado Federal nº 379, fue designada una Comisión de Juristas destinada a elaborar el Anteproyecto de Código de Proceso Civil, compuesta por renombrados profesionales, entre los cuales están Luiz Fux, Teresa Arruda Alvim Wambier, Adroaldo Furtado Fabrício, Benedito Cerezzo Pereira Filho, Bruno Dantas, Elpídio Donizetti Nunes, Humberto Theodoro Junior, Jansen Fialho de Almeida, José Miguel Garcia Medina, José Roberto dos Santos Bedaque, Marcus Vinicius Furtado Coelho, Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, Verônica Maia Baraviera y Gláucio Ribeiro de Pinho.

El trabajo de la Comisión mencionada, destinado a modernizar y reformar el actual Código Procesal, de 1973, tuvo como línea directriz la búsqueda de una mayor rapidez y coherencia a la tramitación de los procesos de naturaleza civil, como medida destinada a brindar mayor efectividad a los resultados producidos.

Finalmente, el 8 de junio de 2010, el texto fue presentado en el Senado Federal como proyecto de ley nº 166/2010. De la misma forma, la propuesta tramitó en la Cámara de Diputados como proyecto de ley nº 8046/2010. En ambas casas legislativas, el texto sufrió enmiendas y propuestas de alteración, habiendo sido finalmente aprobado por el Congreso Nacional el 17 de diciembre de 2014, en votación en Plenario.

Recientemente, la Presidenta de la República sancionó el texto del nuevo Código Procesal Civil (NCPC), aprobado como ley ordinaria nº 13.105, del 16 de marzo de 2015. De este modo, la nueva ley entrará en vigencia un año tras la publicación oficial, es decir, el 15 de marzo de 2016, representando el primer código procesal aprobado bajo el régimen democrático de derecho.

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