Venezuela: de nuevo sobre el reconocimiento de adopciones decretadas conforme al Convenio de La Haya de 1996

Por Claudia Madrid Martínez

El pasado 13 de septiembre, mediante sentencia 0419, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se declaró competente y admitió la acción de revisión de la sentencia No. 75 dictada el 3 de agosto de 2021, por la Sala de Casación Social del propio Tribunal y además acordó una medida cautelar de suspensión de efectos de la citada decisión.

En un post pasado comentamos la sentencia de la Sala de Casación Social en la que, entre otras cosas, se afirmó la necesidad de someter las adopciones al procedimiento de exequátur, sin lo cual –parafraseando el derogado artículo 850 del Código de Procedimiento Civil– no tendrían valor, ni como medios de prueba, ni para producir cosa juzgada, ni para ser ejecutadas.

Ahora, los herederos solicitan la revisión de la decisión de la Sala de Casación Social, para lo cual alegan la aplicación del Convenio de La Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional de 1993.

En efecto, los solicitantes afirman que, de conformidad con las reglas sobre aplicación de tratados internacionales en materia de eficacia de sentencias extranjeras, ha de darse preferencia al Convenio de La Haya, en cuyo Informe Oficial –que puede considerarse como la interpretación auténtica del mismo– “la presentación de la certificación de conformidad emitida a tenor del artículo 23.1 del Convenio de La Haya hace que ‘la adopción se reconoce automáticamente de pleno derecho’, siendo entonces que ‘el reconocimiento ha de tener lugar automáticamente, es decir, sin un procedimiento de reconocimiento, ejecución o registro’ ‘u otros procedimientos lentos, costosos’”. Así, de conformidad con el Convenio y su infortme explicativo, las decisiones de adopción surten efectos en Venezuela de pleno derecho, sin necesidad de exequátur.

Los solcitantes, además, insisten en este punto en un dato que fue dejado de lado por la Sala de Casación Social en su decisión y que tiene que ver con los detalles relativos a las adopciones, cuestión fundamental para definir la aplicabilidad del Convenio de La Haya:

“Para cada una de las [s]entencias de [a]dopción dictadas por tribunales rumanos, la autoridad competente rumana a los fines del Convenio de La Haya de 1993, la Autoridad Nacional de Protección de la Infancia y Adopción (Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie, ó National Authority for the Rights of Persons with Disabilities, Children and Adoptions (N.A.R.P.D.C.A.)) emitió los respectivos Certificados de Conformidad de cada una de las adopciones y en cada uno de ellos dejó constancia que ‘los consentimientos previstos por el artículo 17, letra c. del Convenio han sido concedidos por el Consejo de los Derechos del Niño y del Adolescente – Oficina de Adopciones – Venezuela y la Autoridad Nacional de Protección de la Infancia y Adopción’ (Rumania).

Por su parte, respecto de la [s]entencia de [a]dopción dictada por el tribunal colombiano, la autoridad competente colombiana a los fines del Convenio de La Haya de 1993, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Adopciones emitió los respectivos Certificados de Conformidad de cada una de las adopciones y en cada uno de ellos dejó constancia que ‘las aceptaciones previstas en el artículo 17, letra c, del mismo se han dado por: ‘Nombre y dirección de la Autoridad Central del Estado de Origen (o del Organismo Acreditado en virtud del artículo 22, apartado 2 del Convenio): INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR…’ y por: [n]ombre y dirección de la Autoridad Central del Estado de Recepción (o del Organismo Acreditado en virtud del artículo 22, apartado 2 del Convenio): Oficina de Relaciones Consulares, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores…’”.

Queda claro –concluyen los solicitantes– que, “en cada uno de los casos se cumplió con todos los requisitos exigidos por la Convención de La Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional del 29 de mayo de 1993, dando cada uno de los Estados involucrados la correspondiente Certificación de Conformidad de Adopción”.

Ahora debemos esperar la decisión de la Sala Constitucional en la que esperamos se respete el orden de prelación de las fuentes en materia de Derecho internacional privado, se apliquen debidamente los tratados internacionales de los cuales Venezuela es parte y se deseche la errónea idea de aplicar normas que han sido derogadas.

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