Venezuela: determinación de la jurisdicción en materia de rendición de cuentas

Por Claudia Madrid Martínez

Recientemente, la Sala Político Administrativa volvió sobre previas prácticas perniciosas al aplicar normas derogadas en materia de jurisdicción. Lo hizo el pasado 1 de septiembre, al decidir un recurso de regulación de jurisdicción, mediante la sentencia No. 00209.

El recurso de regulación fue ejercido en una causa relativa a la demanda de “rendición de cuentas” interpuesta por Manuel Paton De Escalada, contra su fiduciario Republic Internacional Bank, N.V. (antes Banco Caracas N.V.), institución financiera constituida con arreglo a las Leyes de las Antillas Neerlandesas y con domicilio en Curazao.

Como consecuencia de una ejecución de hipoteca sobre el inmueble propiedad de Barr Hotels Resort Investment Inc., como garantía de una emisión de bonos hecha por este último y debido al impago de estos, el demandante solicita, en primer lugar, la Rendición de Cuentas del agente fiduciario Republic International Bank como consecuencia de la instauración del juicio por Ejecución de Hipoteca.

En segundo lugar solicita la transferencia de la titularidad de la propiedad a los beneficiarios, originalmente los bonistas y actualmente copropietarios del Sector No. 4, del Complejo Four Seasons; y, finalmente, que se ordene a Republic Internacional Bank, rendir cuentas en torno a los gastos ocurridos en el procedimiento de ejecución de hipoteca.

Al acudir a juicio, el demandado opuso la cuestión previa de falta de jurisdicción con fundamento en la decisión de las partes en el contrato de fideicomiso, de someterse “inequívocamente a la jurisdicción de las Antillas Neerlandesas, en cualquier acción o procedimiento que pueda surgir de este contrato y renuncian a cualquier otra jurisdicción a la cual puedan tener derecho”.

El tribunal de instancia declaró sin lugar la cuestión previa, entendiendo que la cláusula de elección de foro contenida en el contrato de fideicomiso no le es aplicable al demandante, debido a que este no es parte en el mencionado contrato y que la demanda por rendición de cuentas persigue que la demandada informe sobre los gastos incurridos durante la ejecución de la hipoteca recaída sobre un bien inmueble que se encuentra situado en el territorio de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley del Derecho Internacional Privado.

El demandado insiste en su pretensión, razón por la cual interpone el recurso de regulación ante la Sala Político Administrativa, alegando que el contrato de fideicomiso “es aplicable a los tenedores de ‘PAGARE, CUPONES O BONOS BARR’ (quienes tienen garantizados sus derechos e intereses según lo establece el mismo contrato) y a todos los firmantes del Contrato, se establece que la legislación aplicable es de las Antillas Neerlandesas, en todos los casos distintos a la ejecución de la garantía hipotecaria que las partes expresamente acordaron se regiría por las leyes de la República Bolivariana de Venezuela; y que la Jurisdicción en cualquier acción o procedimiento distinto a la ejecución de la Hipoteca, es la Jurisdicción de las Antillas Neerlandesas”.

Para decidir y declarar sin lugar el recurso de regulación, la Sala empieza por delimitar el objeto del litigio: se trata de la demanda interpuesta por Manuel Paton De Escalada contra Republic International Bank, N.V, en su carácter de representante de los bonistas de los cuales él forma parte, para que dicha institución “rinda cuentas” de los gastos producidos como consecuencia de la Ejecución de Hipoteca, por lo que aún y cuando tal acción guarda relación con el “Contrato de Fideicomiso” aludido por la parte demandada, la Sala considera que tal rendición de cuentas recae sobre la ejecución de hipoteca y sobre la solicitud de transferencia del inmueble objeto de remate a los bonistas representados por el demandante.

A continuación la Sala reconoce que se trata de un caso de Derecho internacional privado, cuyo examen inicia con el artículo 1 de la Ley de Derecho internacional privado, norma que establece el orden de prelación de las fuentes, por lo que descartada la existencia de tratados entre Países Bajos y Venezuela, pasa a examinar el caso a la luz de las normas internas venezolanas.

Por tal razón entiende que, al encontrarse el demandado domiciliado en el extranjero, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Derecho internacional privado, es aplicable el artículo 40.1 de la Ley, norma de conformidad con la cual, en materia de acciones de contenido patrimonial, los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción “Cuando se ventilen acciones relativas a la disposición o la tenencia de bienes muebles o inmuebles situados en el territorio de la República”.

Hasta aquí no parece haber problema. No obstante, la Sala cita a continuación el artículo 2 del Código de Procedimiento Civil, norma derogada por el artículo 47 de la Ley de Derecho internacional privado. No aclara la Sala, sin embargo, para que trae esta norma a colación. Aunque el artículo 47 de la Ley (y antes el artículo 2 del Código de Procedimiento Civil) regula la inderogabilidad convencional de la jurisdicción, la Sala parece utilizar la norma para reafirmar la aplicación del lugar de ubicación de los bienes como criterio atributivo de jurisdicción.

Este mismo afán la conduce a calificar erróneamente a la rendición de cuentas como una universalidad de bienes, de manera de aplicar, de nuevo, el lugar de ubicación del bien, como criterio de jurisdicción, según lo dispone el artículo 41.2 de la Ley de Derecho internacional privado. Este artículo 41 establece los criterios de jurisdcción para las acciones relativas a universalidades de bienes.

Tengamos en cuenta que, en Venezuela, la doctrina entiende que la rendición de cuentas es una “obligación que tiene todo aquel que haya realizado actos de administración o de gestión por cuenta o interés de un tercero, o como consecuencia de sus actividades comerciales o profesionales en negocios determinados, de presentar a quien tenga el derecho de exigirlas un estado contable detallado, en el cual se indiquen las entradas o cantidades que se hubieren percibido, y los gastos, hechos o cantidades desembolsadas, reflejando el déficit o saldo favorable que resultare de dicha gestión o administración, a efectos de su verificación por parte del interesado para su aprobación u objeción”(1).

Teniendo en que cuenta que la rendición de cuentas es una obligación y no una universalidad de bienes, le serían aplicables los criterios de jurisdicción contenidos en el artículo 40 de la Ley de Derecho internacional privado, referido a las acciones de contenido patrimonial.

Por otra parte, consideramos necesario aclarar que, frente a un caso de Derecho internacional privado, para afirmar la jurisdicción de los tribunales venezolanos basta con que se verifique uno solo de los criterios contenidos en la fuente correspondiente, no siendo necesario, como lo ha hecho la Sala, reforzar tal circunstancia apelando a normas derogadas o que no resultan de aplicación en el caso concreto.

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(1) Jedlicka Zapata, Pedro Alberto, Breves estudio sobre el Juicio de Cuentas en Venezuela, en: Derecho y Sociedad, 2004, No. 5, pp. 203 ss., especialmente pp. 207-208. Disponible aquí.

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