Colombia: exigir la apostilla puede vulnerar el derecho a la educación

Por Claudia Madrid Martínez

La masiva migración de venezolanos a Colombia, calculada en aproximadamente un millón setecientas mil personas, ha enfrentado a Colombia con una serie de problemas estrechamente vinculados al funcionamiento de las instituciones y los procedimientos en la Venezuela de hoy.

Uno de los casos más problemáticos tiene que ver con la convalidación de títulos de educación a todos los niveles y la exigencia de requisitos formales que, en ocasiones, resultan de imposible cumplimiento para los venezolanos. Es el caso de la apostilla.

La apostilla es un documento que facilita la circulación de documentos públicos entre los Estados parte del Convenio de La Haya sobre supresión del requisito de legalización en documentos públicos extranjeros, del cual son parte tanto Venezuela como Colombia. No obstante, en el caso de Venezuela este fin se ve muchas veces frustrado.

En primer término, en Venezuela sigue funcionando una cadena interna de legalizaciones antes de poder acceder a la apostilla. Por ejemplo, en el caso de un título universitario, si trata de una Universidad privada, el título debe pasar por el proceso de legalización en el Ministerio de Educación Superior y en el Ministerio de Interior y Justicia. Luego se podrá pedir la apostilla ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Aunque en Venezuela se ha implementado un sistema de apostilla electrónica, este no exime al interesado de asistir a las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores a una “cita para verificación de documentos” durante la cual, en teoría, se emitirá la apostilla. Al día de hoy las citas disponibles más cercanas pueden demorarse más de dos meses. En Colombia, por el contrario, apostillar un documento es cuestión de minutos, mediante un proceso totalmente en línea.

El engorroso proceso que debe seguir quien esté interesado en apostillar en Venezuela los documentos que le permitirán convalidar su título en Colombia, fue recientemente considerado por la Corte Constitucional.

En efecto, en la sentencia T-255 de 3 de agosto de 2021, al decidir una acción de tutela, interpuesta por una nacional colombiana que obtuvo su título de bachiller en Venezuela contra el Ministerio de Educación Nacional, la Corte consideró que la exigencia de la apostilla podía conducir a la vulneración de los derechos del interesado.

En este caso, la solicitante señaló que señaló que el Ministerio de Educación “desconoció sus derechos fundamentales a la educación, al trabajo, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas, al exigir el requisito de apostilla para el trámite de convalidación del diploma de bachiller que obtuvo en la República Bolivariana de Venezuela”.

En su solicitud alegó “la ´imposibilidad de apostillar’ el referido título”, debido a que no dispone de los medios para trasladarse a Venezuela y realizar los trámites requeridos, a lo cual se suma el hecho de que, en este momento, Venezuela no cuenta con representación diplomática o consular en Colombia.

Esta situación, afirma la solicitante, le impide “acceder a ´la educación técnica, profesional y superior´ en Colombia, de forma tal que le permita mejorar su ‘calidad de vida, así como mejorar [sus] conocimientos y acceder a un trabajo que [le] ayude a mantener la unidad y estabilidad familiar’. Por tanto, solicitó que se ordene al Mineducación que (i) inaplique por inconstitucional ´el requisito de apostillar el diploma y/o el certificado de calificaciones´ y que, por consiguiente, (ii) reconozca ‘el diploma del título de bachiller (…) que acredita la terminación y aprobación de [su] educación media´”.

El Ministerio de Educación considera que la joven dispone de otros mecanismos alternativos para obtener su título en Colombia, como es el caso del examen de validación del bachillerato académico.

Para decidir, la Corte Constitucional se pregunta: “¿El Ministerio de Educación Nacional vulneró el derecho a la educación de la accionante, al exigirle apostillar el título de bachiller que obtuvo en la República Bolivariana de Venezuela para adelantar el respectivo trámite de convalidación en Colombia?”

La Corte reconoce que, en el caso de títulos obtenidos en el extranjero, “ la apostilla es ‘el único trámite que podrá exigirse para certificar la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare’. En particular, el certificado de apostilla deberá ser: (i) impreso ‘en el documento mismo o en un otrosí’, de conformidad con el modelo anexado a la Convención; (ii) expedido ‘a solicitud de la persona que hubiere firmado el documento o de cualquier portador’ y (iii) otorgado por las autoridades designadas por cada Estado contratante”.

Además, la propia Corte cita la sentencia de constitucionalidad de la Convención de La Haya, en la que afirmó que este tratado “´propende y contribuye a la realización del interés general internacional´, por cuanto tiene por objeto ´propiciar y fortalecer la aplicación de principios que en el ámbito internacional garanticen unas relaciones (…) basadas en la (…) aplicación del principio de la buena fe, que permitirá, no sólo un trato en condiciones de igualdad para todas las personas, sino mayor eficacia y celeridad en las mismas´” (Sentencia C-164 de 1999).

Aunque la Corte no deja de reconocer que los aspirantes a la educación superior en Colombia deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley, afirma que, en este caso concreto “la exigencia del requisito de apostilla para la convalidación del título de bachiller de la accionante implica una afectación manifiestamente irrazonable y desproporcionada de su derecho a la educación. Esto, habida cuenta de que verifica que la accionante (i) es una mujer migrante menor de edad en estado de vulnerabilidad económica; (ii) obtuvo su título de bachiller académico en la República Bolivariana de Venezuela y tiene interés en acceder a programas de educación superior; (iii) acreditó su diligencia y buena fe al adelantar los trámites de apostilla ante las autoridades venezolanas; (iv) demostró que las actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades competentes imposibilitaron que apostillara su título de bachiller; (v) agotó, de manera infructuosa, el medio alternativo para obtener el título de bachiller y, por último, (vi) aportó un principio de prueba de la autenticidad del documento cuya apostilla se exige, a saber, el título de bachiller legalizado” (resaltado nuestro).

Por tales razones, la Corte decidió “ordenar al Mineducación inaplicar el requisito de apostilla en el trámite de convalidación del título de bachiller académico que promueva la accionante”, pero se negó a ordenar al Ministerio el reconocimiento de la validez del título de bachiller, “por cuanto la accionante tiene el deber de cumplir con los demás requisitos legales y reglamentarios previstos por el Mineducación para la convalidación de su título”.

Se trata de una decisión que, sin duda alguna, avanza en el reconocimiento de la precariedad con la que muchos migrantes abandonan Venezuela, pero sobre todo, de los obstáculos que el gobierno venezolano pone en el camino de quienes desean obtener los documentos que les permitan continuar con su vida y su educación en el extranjero.

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