Venezuela: reconocimiento de una pensión decretada en el extranjero

Por Claudia Madrid Martínez

El pasado 14 de abril de 2021, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia sentó un importante precedente al decidir un exequátur concediendo fuerza ejecutoria a un Decreto de Intimación dictado el 30 de noviembre de 2009 y a la sentencia dictada el 16 de febrero de 2011, por el Tribunal del Trabajo de Roma, Italia, referidos al procedimiento de intimación para el cobro de las pensiones de jubilación adeudadas a una ciudadana italiana, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.

La solicitante del exequátur prestó servicios en el Consulado General de Venezuela en Génova durante 29 años. A su retiro, la Cancillería venezolana le reconoció e inició el pago de la pensión de jubilación. Pasado un tiempo, los pagos fueron irregulares y finalmente cesaron, por lo que, la solicitante decidió acudir a la justicia italiana.

En 2009, mediante decreto de intimación, un tribunal laboral de Roma, que se declaró competente debido a que se trataba de una relación laboral, no vinculada a las funciones propias del Consulado, instó al Ministerio de Relaciones Exteriores al pago de la suma adeudada.

A este decreto se opuso la Embajada de Venezuela en Italia, alegando nulidad de la notificación; sin embargo la solicitante alegó la falta de legitimación de la Embajada, por lo que el Tribunal confirmó el decreto de intimación.

Para decidir, la Sala empieza por reconocer que se trata de un caso con elementos de extranjería, por lo que debe recurrir al sistema de Derecho internacional privado venezolano, en particular, al orden de prelación de las fuentes contenidas en el artículo 1 de la Ley de Derecho internacional privado y, luego de afirmar la inexistencia de tratados con Italia, examina la solicitud a la luz del artículo 53 de la Ley, que establece los requisitos para la eficacia de decisiones extranjeras.

La Sala reconoce que “la solicitud de exequátur debe limitarse a examinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, sin extenderse al análisis sobre el fondo del asunto debatido en la sentencia extranjera cuya fuerza ejecutoria se pide”, e inicia el análisis de los mencionados requisitos.

Así, al constatar que la decisión versa sobre relaciones privadas, la Sala afirma que se trata de una relación laboral, por lo cual descarta que se trate de un tema vinculado a la inmunidad de jurisdicción del Estado venezolano, tal como alegó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El efecto de cosa juzgada de la sentencia, constatada de acuerdo con la Ley del Estado sentenciador, se acepta pues “de las actas del expediente se advierte que en fecha 16 de febrero de 2011, se dictó la sentencia número 20105/2010, a través de la cual se declaró la inadmisibilidad de la oposición interpuesta por el apoderado judicial de la República Bolivariana de Venezuela, procediendo a confirmar la Orden Judicial de Pago número 9099/2009 de fecha 30 de noviembre de 2009 y concediéndole fuerza ejecutoria, sin que conste en autos el ejercicio de alguno de los recursos contemplados por la ley italiana a los fines de la impugnación de dicha sentencia por parte de la demandada, lo cual acarreó que la misma adquiriera carácter de ‘res iudicata’ o cosa juzgada”.

En tercer lugar, “el asunto debatido es una demanda por cobro de pensiones de jubilación, lo cual no guarda relación con derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el país o con otros supuestos de jurisdicción exclusiva consagrados en nuestro ordenamiento jurídico”, por lo que se da por cumplido el tercer requisito del artículo 53 de la Ley de Derecho internacional privado.

Por su parte, la jurisdicción del Estado sentenciador, como cuarto requisito, se admitió con fundamento en la sumisión tácita de las partes a los tribunales italianos, criterio aceptado por el sistema venezolano y que excluiría la posibilidad de cuestionar tal jurisdicción en sede de reconocimiento.

En quinto lugar, se evidencia de las actas “que efectivamente se realizó el trámite para la notificación, dándose por citada la República en fecha 24 de abril de 2010, lo que acarreó que un apoderado judicial se hiciera presente en el juicio en representación de la parte demandada y consignó escrito de oposición, el cual fue declarado inadmisible según sentencia número 2734/2011, de manera que quedó demostrado que la parte demandada fue debidamente citada, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le otorgaron en general, las garantías procesales que aseguraron una razonable posibilidad de defensa”.

Finalmente, “la solicitante solo demandó por ante la jurisdicción italiana, mas no dio apertura a proceso alguno ante los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, es por ello que se concluye que no se encuentra causa pendiente que verse sobre el mismo objeto y partes, antes de accionar en los Tribunales de Roma”.

Por tal razón, la Sala concedió fuerza ejecutoria al decreto de intimación y a la sentencia que lo confirma sentando un importante precedencia al admitir el reconocimiento y permitir la ejecución de una sentencia que, dictada en el extranjero, condena a la República al pago de una pensión.

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