Colombia: el tribunal CIADI no tiene jurisdicción en el caso Granahorrar

Por Claudia Madrid Martínez

El pasado 19 de abril, fue publicado el laudo arbitral en el caso Astrida Benita Carrizosa vs. República de Colombia (ICSID Case No. ARB/18/5). En él, el tribunal declaró su falta de jurisdicción con fundamento en que los hechos expuestos por la demandante ocurrieron antes de la entrada en vigencia del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos de América. Además, se afirma que la demandante no cumplió con el límite de tiempo establecido por en el Acuerdo para presentar la reclamación, por lo que esta prescribió.

Este caso inició cuando el 9 de marzo de 2018 se registró la demanda interpuesta por Astrida Benita Carrizosa, con fundamento en los tratados bilaterales de inversión con la India y Suiza y el tratado de libre comercio con Estados Unidos, por la intervención de la entidad financiera Granahorrar por parte del Gobierno colombiano en 1998. La liquidación se fundamentó en problemas de liquidez y el cese de pagos a proveedores, producto de la crisis inmobiliaria vivida en Colombia a finales de los 90.

Desde entonces, la familia Carrizosa acusa al Estado de irregularidades en el proceso de intervención e inició varios procesos legales para recuperar los activos del banco. De hecho, esta no es la única causa contra Colombia por este tema. El 24 de enero de 2018, los hermanos Alberto, Felipe y Enrique Carrizosa Gelzis interpusieron una demanda de conformidad con las reglas de arbitraje de la UNCITRAL e invocando el Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos.

A nivel interno también se han llevado a cabo varios procesos en la jurisdicción contencioso administrativa que terminó con una decisión del Consejo de Estado en la cual, el 1 de noviembre de 2007, revocó una sentencia de instancia; declaró la nulidad de la orden de capitalización, expedida por la Superintendencia Bancaria –hoy Superintendencia Financiera–, y la Resolución por medio de la cual el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (FOGAFIN) ordenó la reducción del valor nominal individual de la acción; y condenó a las demandadas a pagar, cada una, un 50% de los valores determinados por concepto de reparación del daño a las sociedades actoras, por un total de casi 227 millones de pesos.

Durante 2008, el propio Consejo de Estado rechazó en primera y segunda instancia, las acciones de tutela interpuestas por la Superintendencia Financiera y FOGAFIN, alegando que “La procedencia de la tutela frente a providencias judiciales no se admite, ya que atentaría contra la autonomía de los jueces y el principio de cosa juzgada”. El asunto llegó a la Corte Constitucional, a quien correspondió resolver las acciones de tutela interpuestas por la Superintendencia y FOGAFÍN contra los fallos del Consejo de Estado y este Alto Tribunal, en decisión SU-447 de 26 de mayo de 2011 revocó los fallos mencionados, afirmando que este organismo no aplicó las normas en materia financiera correspondientes. Esta sentencia fue objeto de una acción de nulidad interpuesta, entre otros, por el presidente del Consejo de Estado, pero la Corte Constitucional decidió, mediante auto 188 de 25 de junio de 2014, negar la solicitud por cuanto no hubo vulneración del debido proceso.

Según informó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, “La demandante pretendió cuestionar las medidas regulatorias adoptadas en 1998 por la Superintendencia Bancaria y FOGAFIN, consistentes en ordenar la capitalización de Granahorrar y la consecuente reducción del valor de las acciones. También pretendió cuestionar las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en los años 2011 y 2014 en relación con dichas medidas”.

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