Venezuela: Inmunidad de jurisdicción y demandas laborales

Por José Antonio Briceño Laborí*

Mediante la sentencia No. 00023 del 03 de marzo de 2021 (caso: Lismeidy Elena Villanueva Ramírez c. Consulado de Colombia en Puerto Ordaz), la Sala Político-Administrativa (“SPA”) del Tribunal Supremo de Justicia conoció una consulta de jurisdicción en el contexto de una demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales interpuesta por Lismeidy Elena Villanueva Ramírez contra el Consulado de Colombia en Puerto Ordaz. La demandante basaba su acción en que laboró como asesora jurídica de la demandada desde el 1° de julio de 1998 hasta el 31 de agosto de 2009, fecha en la cual fue despedida injustificadamente.

Las actas del expediente subieron a la SPA en virtud de que el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar declaró la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer la demanda en virtud de la inmunidad de jurisdicción establecida en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963(1).

Sobre el análisis de la SPA hay que hacer un primer comentario crítico y es que pasa directamente al estudio de la inmunidad de jurisdicción sin pasar previamente a revisar si los tribunales venezolanos pueden conocer el caso en virtud de las normas de nuestro sistema de Derecho Internacional Privado. Es de recordar que la inmunidad de jurisdicción es una excepción al ejercicio de la jurisdicción basada en la cualidad de la persona demandada, por lo que su análisis procede solo ante el supuesto en que la jurisdicción de nuestros tribunales ha sido previamente afirmada. Por ello, la SPA incurrió en un error metodológico en el análisis del caso ya que primero debió afirmar la jurisdicción y luego pasar al estudio de la inmunidad de jurisdicción(2).

Al entrar ya a verificar si aplica o no la inmunidad de jurisdicción en este caso, la SPA reiteró el criterio que ha mantenido desde el caso Aurora María Chacón Chacón c. República del Perú, en el sentido de considerar que la demanda laboral interpuesta contra una representación diplomática o la persona del embajador se entiende como una demanda incoada contra el Estado representado por dicha oficina, ya que se entiende que la labor prestada por el trabajador fue en beneficio de dicha nación. Este criterio ha sido reiterado por la SPA en siete (7) decisiones posteriores, siendo el caso que comentamos el primero en donde se aplica esta línea jurisprudencial a una demanda incoada contra una representación consular.

Como hemos tenido oportunidad de comentar en otro lugar(3), este criterio ha sido ideado por la SPA para sopesar la rigidez de las normas sobre inmunidad de jurisdicción previstas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, sin llegar al drástico resultado de declarar la falta de jurisdicción como ocurrió inicialmente con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso María Elena Albornoz de Vidal c. Embajador de España(4). No obstante, lo ideal en este tipo de supuestos es que la SPA motive suficientemente por qué se entiende que la labor prestada por los accionantes ha ido en favor del Estado soberano representado por la oficina diplomática o consular.

Una vez asumida esta línea jurisprudencial la SPA procedió a citar un extracto de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso Lilia Ramírez c. Estados Unidos de América(5), sentencia en donde se reiteró la posición del máximo tribunal de justicia mantenida desde el caso Yrama Rodriguez de Leon c. Sistema Económico Latinoamericano SELA(6) en cuanto a la inmunidad de jurisdicción de los Estados, su relatividad y que la aplicación de la diferenciación entre actos de imperio y actos de gestión para determinar en cuáles procede la excepción de inmunidad y en cuáles casos no.

Finalmente, la SPA concluyó que en virtud de que la demanda bajo su conocimiento versaba sobre el cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, se entendía que “la actuación del Estado demandado se encuentra fuera del ámbito de sus funciones soberanas y nada tiene que ver con la esencia de su actividad gubernamental”, para decidir finalmente que la decisión de instancia debía ser revocada, declarándose la jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer la demanda de la Sra. Villanueva.

De tal forma, vemos que la SPA mantiene firmemente el criterio de la improcedencia de la excepción de la inmunidad de jurisdicción en casos de demandas laborales incoadas contra representaciones diplomáticas o consulares. A pesar de ello, reiteramos que idealmente la SPA debería hacer un análisis no necesariamente más extenso, pero sí más apegado a los hechos de cada caso en concreto para que así su criterio sea aplicado racionalmente.

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* Abogado, UCV. Tesista de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado, UCV. Profesor de Derecho Internacional Privado (UCV y UCAB). Ejerce el Derecho en ESCG Abogados, S.C. Email: jabricenol@outlook.com.
(1) Cuya Ley Aprobatoria fue publicada en G.O. No. 27.612 del 07 de diciembre de 1964. Venezuela ratificó el tratado en fecha 16 de marzo de 1965.
(2) Vid. Briceño Laborí, José Antonio: “Metodología para la solución de los problemas de jurisdicción en el Derecho Internacional Privado”, en: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello No. 73, Año 2018-2019, pp. 236-238. Disponible aquí.
(3) Olivares Hernández, Andrea y Briceño Laborí, José Antonio: “La inmunidad de jurisdicción y su tratamiento por la jurisprudencia venezolana”, en: Anuario de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado, No. 2, 2020, pp. 320. Disponible aquí.
(4) Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia No. 677, 17 de octubre de 1996 (caso: María Elena Albornoz de Vidal c. Embajador de España).
(5) Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia No. 305 del 5 de mayo de 1994 (caso: Lilia Ramírez c. Estados Unidos de América).
(6) Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia de No. 305 del 5 de mayo de 1994 (caso: Yrama Rodriguez de Leon c. Sistema Económico Latinoamericano SELA).

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