Colombia: entre la prueba del carácter ejecutoriado de la sentencia extranjera y la prueba del Derecho extranjero

Por Claudia Madrid Martínez

El pasado 8 de febrero de 2021, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia conoció y decidió la solicitud de exequátur de una sentencia dictada el 5 de octubre de 2017 por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, de Venezuela, corregida el 20 de diciembre del mismo año, en un proceso de privación de patria potestad.

Antes de examinar lo que dijo la Sala es necesario destacar lo que no dijo. En efecto, siento que tanto Colombia como Venezuela son parte en la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, la Sala obvió toda referencia a este instrumento y se refirió directamente a la normativa interna.

En efecto, luego definir al exequátur como “…un procedimiento jurisdiccional que tiene por finalidad otorgar a una sentencia proferida en el exterior los mismos efectos que una local, en virtud de los principios de colaboración armónica entre los estados y reciprocidad diplomática”, la Sala aplicó el artículo 606 del Código General del Proceso, considerando que en esa norma están consagrados los requisitos para que “lo resuelto por falladores foráneos tenga pleno valor en el país”.

Tengamos en cuenta que, en el sistema colombiano, se mantiene la reciprocidad como requisito para la eficacia de sentencias extranjeras y que, una de las formas de probar tal requisito es, precisamente, la existencia de tratados internacionales vigentes con el Estado del cual procede la decisión objeto de reconocimiento. Es esta la llamada reciprocidad diplomática.

Ahora bien, luego de establecida la norma aplicable, la Sala se centró en uno de los requisitos establecidos en ella: la necesidad de que la sentencia extranjera “se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen” (art. 606.3) y afirmó que el actor tiene la carga de la prueba de este requisito, “so pena que la actuación sea repelida in limine”.

En Colombia, la prueba de este requisito se ha admitido a partir del propio texto de la sentencia, sin que sea necesario aportar un auto que declare el carácter ejecutoriado de la sentencia. En este caso, la Sala entiende que tal requisito no se entiende probado, pues la sentencia venezolana no indica “nada sobre los recursos que son procedentes en contra de esta, o las condiciones para considerarla ejecutoriada. Tampoco se observa anotación proveniente de autoridad alguna, que brinde la certeza requerida en este aspecto”.

Así, la falta de prueba del carácter de ejecutoriada de la sentencia venezolana, “constituye una desatención a una carga procesal en cabeza de la actora, cuya consecuencia, de acuerdo con el artículo 606 del Código General del Proceso, es el rechazo de la demanda”.

La Sala no ignora el hecho de que la parte actora hubiera alegado que, de conformidad con el artículo 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los convenios extraprocesales homologados por el juez competente relativos a “responsabilidad de crianza, obligación de manutención, régimen de convivencia familiar, liquidación y participación de la comunidad conyugal tienen efecto de sentencia firme ejecutoriada”.

Sin embargo, tratándose de una norma extranjera, estima la Sala, la actora debió atender a las normas colombianas sobre prueba del Derecho extranjero, lo cual conduciría a la aplicación del artículo 177 del Código General del Proceso.

La norma citada establece que la prueba de la norma extranjera deberá hacerse mediante la presentación de la copia total o parcial de la norma extranjera expedida “por la autoridad competente del respectivo país, por el cónsul de ese país en Colombia o solicitarse al cónsul colombiano en ese país”.

De acuerdo con esta norma, el Derecho extranjero también podrá ser probado mediante un “dictamen pericial rendido por persona o institución experta en razón de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un país o territorio fuera de Colombia, con independencia de si está habilitado para actuar como abogado allí”.

En vista que la parte actora no probó, ni el carácter ejecutoriado de la sentencia venezolana, ni la norma venezolana que refiere, justamente, tal carácter en la sentencia objeto de reconocimiento, la Sala decidió negar el exequátur a la sentencia venezolana.

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