Venezuela: pérdida de la patria potestad y orden público en el Derecho internacional privado en sede de reconocimiento

Por Claudia Madrid Martínez

En decisión de fecha 16 de diciembre de 2020, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia llevó adelante un análisis sobre el carácter de orden público en el Derecho internacional privado, de la pérdida de la patria potestad y lo hizo, en un procedimiento de exequatur de una sentencia dictada por tribunales mexicanos.

En efecto, se trató de la solicitud de exequátur formulada por Darialy Michelle Santa Marta Hernández, con respecto a la sentencia dictada en fecha 6 de mayo de 2013 por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Trigésimo Séptimo de lo Familiar, Distrito Federal, México, en la cual se declaró la pérdida de la patria potestad del ciudadano Juan Carlos Ortega Olivares, respecto de sus cuatro hijos menores de edad.

La Sala Social comienza por reconocer que se trata de un caso de Derecho internacional privado, por lo que recurre al artículo 1 de la Ley de Derecho internacional privado, con el objeto de determinar la fuente aplicable. Así, luego de reconocer a los tratados como la primera fuente a aplicar, afirma que Venezuela no ha suscrito tratados internacionales en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias con México.

Tengamos en cuenta que México y Venezuela son partes de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Laudos y Sentencias Extranjeras, de manera que el Tribunal ha debido partir de esta situación y luego referir la limitación declarada por México, en el sentido de limitar la aplicación de la Convención a decisiones de carácter patrimonial. No obstante, ya en anteriores ocasiones, la Sala ha hecho esta afirmación, sin mayores análisis. Lo hizo en 2011 y lo repitió en 2019.

Una vez descartada la aplicación de la Convención, la Sala Social pasa a analizar los requisitos contenidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho internacional privado. En efecto, la Sala admite que se trata de un asunto de naturaleza civil (ord. 1); que del propio texto de la sentencia se desprende que adquirió fuerza de cosa juzgada, de conformidad con el Derecho mexicano (ord. 2); y que al tratar temas de patria potestad no supone un arrebato de la jurisdicción exclusiva que corresponde a los tribunales venezolanos (ord. 3).

Por lo que respecta a la jurisdicción indirecta (ord. 4), aunque la Sala analiza en el artículo 42 de la Ley de Derecho internacional privado, que establece los criterios de jurisdicción para acciones sobre estado de las personas y relaciones familiares, termina dando por buena la afirmación del tribunal mexicano contenida en la sentencia objeto de reconocimiento, según la cual “Este juzgado es competente para conocer y resolver la presente controversia, atento lo dispuesto por los artículos 52 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 143, 156, 159 y relativos del Código de Procedimientos Civiles”.

Aunque el demando no compareció en juicio y la sentencia fue dictada en rebeldía, la Sala admite que el mismo fue citado en varias oportunidades, por lo que entiende que se le otorgaron garantías procesales para una razonable defensa, en los términos del ordinal 5 del artículo 53 de la Ley venezolana.

Finalmente, la Sala afirma que no consta ni fue alegado por las partes que el fallo extranjero sea incompatible con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada en el país; ni que se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera, cumpliéndose de tal modo el sexto requisito exigido por el legislador (ord. 6).

Acto seguido, la Sala entra en el análisis del orden público, sobre la base del artículo 5 de la Ley de Derecho internacional privado, debido que el Ministerio Público recomendó no conceder fuerza ejecutoria a la sentencia mexicana, precisamente, por considerar que a pesar de que la misma cumple con los requisitos del artículo 53 de la Ley de Derecho internacional privado, la misma viola normas de orden público, “al no establecer en la estructura de manera taxativa, lo concerniente al monto por obligación de manutención y régimen de convivencia familiar respecto a los hijos menores de las partes”.

La Sala Social, al iniciar su análisis, afirma que la sentencia mexicana “no afecta ni contraría los principios esenciales del orden público venezolano” y fundamenta su decisión en el hecho de que la decisión extranjera fundamenta la privación de patria potestad en el hecho de que el demandado no cumplió con su obligación de alimentos con sus descendientes por más de noventa días, sin causa justificada; abandonó a sus hijos por más de tres meses, también sin causa justificada; y, según la convicción del tribunal, se abstuvo de visitar y convivir con sus hijos.

Estos motivos, en opinión de la Sala, son coincidentes con los consagrados por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que en su artículo 352 consagra como causales para la pérdida de la patria potestad, el incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad (lit. c) y la negativa de prestar la obligación de manutención (lit. i).

“Por tal motivo, esta Sala ha constatado que los fundamentos que sirvieron de sustento a los fines de dictar el dispositivo del fallo extranjero, mediante el cual el ciudadano Juan Carlos Ortega Olivares, perdió la patria potestad sobre sus hijos, yacen en el incumplimiento no sólo de la obligación de manutención, sino por incumplimiento absolutos de todas y cada una de las instituciones familiares, motivo éste que expresamente se encuentran contemplado en nuestra Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, tal y como fue señalado anteriormente, puesto que en forma alguna el citado ciudadano acreditó el cumplimiento de sus obligaciones, aún y cuando el mismo fue debidamente notificado. Por tanto, queda en evidencia y así se desprende de las actuaciones que conforman el asunto, que el mismo incurrió en los supuestos de pérdida de la patria potestad que se encuentran establecidos de igual forma en nuestro ordenamiento jurídico, siendo el fallo en cuestión, totalmente compatible con los principios esenciales del orden público venezolano y en consecuencia no procede la excepción de orden público internacional establecida en el artículo 5 de la Ley de Derecho Internacional Privado”.

La Sala reconoce igualmente que “la declaratoria de pérdida de patria potestad no debe ir en prejuicio de las obligaciones que el ciudadano Juan Carlos Ortega Olivares, tiene respecto de sus hijos, entre ellas, la institución familiar correspondiente a la obligación de manutención; asegurando el fallo de igualmente, el derecho que tienen la adolescente y los niños de mantener relaciones personales y contacto directos con sus progenitores, quedando a salvo sus derechos para que los puedan hacer valer conforme a sus interés convenga. Sobre estos particulares es menester resaltar que, una de las obligaciones de las cuales no puede estar exento el ciudadano en cuestión, es la obligación de manutención y así quedó establecido la decisión extranjera, puesto que esta obligación subsiste aun cuando exista privación o extinción de la Patria Potestad”.

Así, sobre la base de este análisis, similar al que antes se hacía en relación con las causales de divorcio, la Sala concedió fuerza ejecutoria a la sentencia mexicana en Venezuela.

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