Venezuela: negación del acceso a la justicia por falta de aplicación de los criterios de jurisdicción

Por Claudia Madrid Martínez

El pasado 22 de octubre, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dictó una decisión con ocasión de un recurso de regulación de jurisdicción, interpuesta en el juicio de divorcio iniciado por César Octavio Casielles de la Fuente, contra Elda Magaly Pares de Casielles.

Se trata de una pareja de ciudadanos venezolanos que contrajo matrimonio en 1960 y que procreó tres hijas, hoy mayores de edad. Después de 20 años de vida en común hubo una ruptura y se separaron de hecho. Desde entonces no ha habido acercamiento ni reconciliación. Por tal razón, el marido solicitó el divorcio sobre la base del artículo 185-A del Código Civil.

Los representantes de la demandada acudieron a juicio e interpusieron la falta de jurisdicción “toda vez que la misma no atañe al Poder Judicial venezolano, sino que por el contrario la misma corresponde su conocimiento a un Juez extranjero”, debido a que el demandante se encuentra domiciliado en España.

El fundamento jurídico de este razonamiento, de acuerdo con la demandada, es la aplicación del principio del paralelismo consagrado en el artículo 42.1 de la Ley venezolana de Derecho internacional privado y que supone que el tribunal venezolano tiene jurisdicción cuando el Derecho venezolano sea aplicable al fondo de la controversia. Este criterio llama a la aplicación del artículo 23 de la propia Ley que dispone la aplicación, al divorcio, del Derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda.

Así, estando el demandante domiciliado en España, según estima la demandada, el conocimiento de la causa correspondería a los tribunales españoles. Es bien sabido que la determinación de la jurisdicción española corresponde, exclusivamente, al legislador español y a los tribunales españoles.

Al decidir esta solicitud, en sentencia de mayo de 2019, el tribunal de instancia empezó por referir la necesaria aplicación del sistema de fuentes consagrado por el artículo 1 de la Ley de Derecho internacional privado y descartó que entre España y Venezuela existiera un tratado sobre la materia, con lo cual decidió aplicar la Ley venezolana de Derecho internacional privado.

En el marco de la Ley de Derecho internacional privado, el juez de instancia aplicó el principio general en materia de jurisdicción consagrado por el artículo 39 de la Ley, de conformidad con el cual los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción en los casos en los que el demando tenga su domicilio en Venezuela.

Al constatar que la demandada tiene su domicilio en Venezuela, el tribunal de instancia confirmó la jurisdicción de los tribunales venezolanos. La parte demandante insistió en la aplicación de los artículos 42.1 y 23 de la Ley de Derecho internacional privado y, por tal razón, interpuso el recurso de regulación de jurisdicción, reafirmando la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos.

Antes de examinar la actuación de la Sala Político Administrativa, debemos considerar que en el marco de la Ley de Derecho internacional privado, el artículo 39 contiene –tal como lo destacó el tribunal de instancia– la regla general de nuestro sistema y atribuye jurisdicción a los tribunales venezolanos en los casos en los que el demandado se encuentre demandado en Venezuela.
El propio artículo 39 dispone que, cuando el demandado se encuentre domiciliado en el extranjero deberán aplicarse los artículos 40, 41 y 42, normas que contienen criterios especiales referidos a las acciones de contenido patrimonial, sobre universalidades de bienes y las relativas a cuestiones personales y familiares, respectivamente.

Así, de acuerdo con la lógica de la Ley, los criterios especiales solo se aplican cuando el demandado no está domiciliado en Venezuela. Con lo cual, si el demandado está domiciliado en Venezuela, independientemente de la naturaleza de la acción, los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de la causa.

Ahora bien, a pesar de que la Sala reconoce y cita el artículo 39, solo toma en consideración la remisión que hace a los criterios especiales. Así, según afirma la Sala, de acuerdo con lo dispuesto en la norma “…corresponde a los tribunales venezolanos conocer de aquellos juicios en los que se intente una acción contra una persona cuyo domicilio se encuentre fuera de la República, cuando se trate de los supuestos establecidos en los artículos…” 40, 41 y 42.

A continuación, la Sala transcribe y se centra en el análisis de los artículos 42 y 23 de la Ley, con una particular referencia al principio del paralelismo. Así, en su opinión, con fundamento en ordinal primero del artículo 42, “los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela tendrán jurisdicción, siempre que se determine que el ordenamiento jurídico venezolano es el competente para regir el fondo del asunto”.

A tales efectos aplica el artículo 23 de la Ley y afirma que “…se constata que en materia de divorcio, la ley o Derecho aplicable es aquél en el cual el cónyuge demandante hubiere establecido su domicilio, entendiendo por éste, de conformidad con el artículo 11 de la Ley antes referida, el lugar donde tiene su residencia habitual. Siendo ello así, debe la Sala determinar si el cónyuge demandante, ciudadano César Octavio Casielles de La Fuente, poseía su residencia habitual en España al momento de haber interpuesto la demanda de divorcio, o si por el contrario mantenía su domicilio en Venezuela”

Al constatar que el demandante tiene su domicilio en España, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa termina declarando con lugar el recurso de regulación de la jurisdicción y negando la jurisdicción de los tribunales venezolanos.

El error cometido en este caso por el Tribunal Supremo, al desatender el criterio general de jurisdicción contenido en el artículo 39 de la Ley, que contrasta con lo que ha sido la tendencia de la propia Sala a conservar la jurisdicción de los tribunales venezolanos, supuso, no solo la privación de la jurisdicción venezolana, sino también –lo cual resulta de suma gravedad– la negación del derecho de acceso a la justicia de los justiciables.

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