#TBT Colombia: el derecho al reconocimiento de las sentencias extranjeras

Por Claudia Madrid Martínez

El 25 de julio de 2016, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, conociendo del exequátur de una sentencia española de divorcio, afirmó que “Razones prácticas de internacionalización y eficacia de la justicia, permiten, en general, que las sentencias o providencias con ese mismo carácter y los laudos arbitrales, provenientes unas y otros de un país determinado, tengan poder coercitivo en otro. Se trata de una excepción a la facultad libre y soberana de los Estados de administrar justicia”.

Con esta afirmación, la Corte reconoce la necesidad de permitir que las sentencias extranjeras desplieguen efectos en Colombia, como excepción al principio de monopolio de la función jurisdiccional en cabeza de los tribunales colombianos, de manera que son los órganos de la Rama Judicial, los encargados de impartir justicia en Colombia, de conformidad con el artículo 116 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002.

La Corte entiende entonces que “el mundo globalizado de hoy no resiste fronteras entre las naciones. Por esto, las determinaciones judiciales tomadas en alguna de ellas trascienden la otra; de ahí la posibilidad de convalidarlas, pues la justicia, en la actualidad, tiende a ser transnacional por virtud de los intereses comunes que convergen cuando de la asignación, reconocimiento o declaración de un derecho se trata”.

En la propia sentencia, la Sala reconoce que en beneficio del ciudadano se admite la circulación de decisiones extranjeras en Colombia, como si se hubieran dictado en su territorio, pero para ello, es necesario “el estricto cumplimiento de ciertas pautas”, de manera que una sentencia dictada en otro país adquiera firmeza en Colombia, y por lo mismo, se avalen sus efectos.

Tales pautas están hoy establecidas en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), pero para el momento de la sentencia comentada, aún resultaba de aplicación el Código de Procedimiento Civil. sin embargo, los postulados sobre los cuales se fundamenta la sentencia se mantienen en la vigente Ley procesal

Así, además de otros requisitos usuales en el Derecho comparado, para el sistema colombiano, el reconocimiento de las decisiones judiciales foráneas depende de la reciprocidad: “La reciprocidad diplomática y la legislativa, criterios con base en los cuales los Estados regulan sus relaciones internacionales (artículos 93 y 227 de la Constitución Política)”.

La reciprocidad diplomática depende de la existencia de un tratado internacional. La legislativa, por su parte, “es aquella prevista en el ordenamiento jurídico de un país, por cuya virtud, se concede un tratamiento especial para ejecutar en su territorio las sentencias proferidas en otro Estado, si en la legislación de éste también se le ofrece la indicada prerrogativa”.

Llama la atención que se haya mantenido la reciprocidad, cuando se ha partido del derecho al reconocimiento de la decisión extranjera, pues precisamente la reciprocidad puede constituir un obstáculo para tal reconocimiento.

En efecto, el artículo 7.6 de los Principios ASADIP sobre Acceso Transnacional a la Justicia dispone que “Se presume contraria al derecho de acceso a la justicia la exigencia de reciprocidad en la eficacia de las decisiones y actos de autoridades extranjeras”. La verdad es que la reciprocidad es un requisito que tiende a desaparecer en los diversos sistemas.

Sería deseable que en futuras reformas, el sistema colombiano eliminase la reciprocidad como requisito para el reconocimiento de sentencias extranjeras. Ello sería más coherente con el derecho al reconocimiento que ha sido establecido por la sentencia comentada.

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