Venezuela: ¿Qué ha sucedido con las CIDIP en el 2019?

Por Francisco Javier Suarez Schanely*

En un anterior post, comentamos la sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia venezolano No. 187 de fecha 30 de mayo de 2019 (Juan Arias Romero). En ella, la Sala desaplica para el exequatur de una sentencia de divorcio ecuatoriana, a la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Extranjeros, o Convenio de Montevideo de 1979. Esto lo argumenta la Sala como una consecuencia de la salida de Venezuela de la OEA, producto de la denuncia de la Carta correspondiente, hecha por el gobierno del Presidente Maduro en el 2017. En aquella oportunidad, nos hemos esforzado en introducir los errores contenidos en dicho criterio.

En el presente post, deseamos hacer un breve recuento de lo sucedido en las trincheras de jurisprudencia venezolana y analizar de esta manera el impacto de Juan Arias Romero durante el 2019.

1. Falta de vigencia de las CIDIP antes de Juan Arias Romero

En primer lugar, es de recordar que los errores cometidos por la jurisprudencia venezolana en relación a la aplicación de las CIDIP son comunes, incluso antes de Juan Arias Romero. En el 2019, podemos citar:

– Sentencia de exequatur No. S-389 de fecha 22 de febrero de 2019 (Roberto de Armero Molina y Laura López Orbán) dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Al analizar el reconocimiento de una sentencia de divorcio mexicana (Distrito Federal), el Juzgado declara la inexistencia de tratados vinculantes.

Por un lado, el Convenio de Montevideo de 1979 está vigente entre Venezuela y México. El mismo incluye dentro de su ámbito de aplicación a “las decisiones judiciales dictadas en procesos civiles” (art. 1), extendiéndose a las decisiones de divorcio. Cierto, México declaró limitar su aplicación a las decisiones de condena en materia patrimonial, por lo que esta reserva (por vía consuetudinaria) es vinculante para Venezuela. El problema está en que el tribunal venezolano debió declararlo de esta manera. Ver por ejemplo un análisis exitoso de este supuesto ante una sentencia mexicana dictada en el estado de Campeche, en: sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia No. 358, 25/07/2011 (Martiza Josefina López Bellorín)).

2. Falta de vigencia de las CIDIP posterior a Juan Arias Romero

-Sentencia de exequatur No. 416 de 05 de diciembre 2019 (Alejandro Valentín Ruiz caballero vs. Ángela María García Brito) dictada por Sala de Casación Social del TSJ. Se trata del exequatur de una sentencia mexicana (Nuevo León) de divorcio. El tribunal declara la inexistencia de tratados en la materia y aplica a esta última la LDIP.

-Sentencia de exequatur, expediente AP71-S-2016-000024 de fecha 12 de julio de 2019 (Rosa Maria Bravo Jaramillo) dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Trata la solicitud de exequatur de una sentencia ecuatoriana de divorcio. El tribunal declara la inexistencia de tratados en la materia y aplica a esta última la LDIP.

-Sentencia de exequatur, expediente Nº 7754 de fecha 30 de septiembre de 2019 (Danny Eduardo Peña Nieto), dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. Trata la solicitud de exequatur de una sentencia ecuatoriana de divorcio. El tribunal declara la inexistencia de tratados en la materia y aplica a esta última la LDIP.

3. Vigencia de las CIDIP posterior a Juan Arias Romero

-Sentencia de casación No. 477 de fecha 14 de noviembre de 2019 (Tom Kids Inversiones S.A.A. v. Norma Beatríz Zambrano de Moreno y otros) dictada por la Sala de Casación Civil del TSJ. En ella, la Sala aplica la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas, para resolver en casación alegatos sobre vicios de forma en los cuales estaría incurso un pagaré suscrito en Cúcuta, Colombia. Colombia no es Estado parte de la Convención. La Sala no menciona ni fija posición frente a su criterio expresado en Juan Arias Romero.

-Sentencia de apelación, Exp. No. 19-9536, de fecha 27 de mayo de 2019 (Eleni Stylou y Christos Stylou vs. el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda) dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda. En la decisión, el Tribunal Superior revisó la legalidad de la notificación internacional de la demandada ordenada por el tribunal de instancia y ejecutada en Grecia. El Juzgado Superior, a pesar haberse realizado la notificación conforme al Convenio de La Haya de 1965, aprovecha para enunciar las fuentes que regulan la materia, declarando como vigentes en Venezuela, a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y su Protocolo Adicional.

4. Errores en la determinación de la vigencia Código Bustamante

Finalmente, debido al inexorable vínculo que el Tratado de Derecho Internacional Privado de 1928 (Código Bustamante) posee con las Conferencias Internacionales Americanas, instancias de negociación multilateral antecesoras de la OEA y de las CIDIP, nos permitimos mencionar dos casos puntuales de aplicación -equivocada- del dicho tratado.

-Sentencia de regulación de la jurisdicción No. 86 del 19 de febrero de 2019 (Magola Mireya Villegas de Ayala) dictada por la Sala Político Administrativa del TSJ. En una consulta jurisdiccional relacionada a una solicitud de declaratoria de únicos y universales herederos sobre una persona fallecida en Colombia, la Sala utilizó, en tanto que tratado, a las normas sobre jurisdicción voluntaria previstas en el Código Bustamante. Es de recordar que Colombia no es un Estado Parte en dicho convenio, existiendo posiciones doctrinales las cuales excluyen el uso de los mecanismos de integración del derecho en materia jurisdiccional.

-Sentencia de exequatur No. 388 de fecha 14 de agosto de 2019 (Lexington Insurance Company v. Multinacional de Seguros, C.A.) dictada por la Sala de Casación Civil del TSJ. Se trata del exequátur de una sentencia inglesa relacionada con el incumplimiento de un contrato de reaseguro. En ella, la Sala expresa equivocadamente que el Reino Unido suscribió el Código Bustamante (¡!).

Conclusiones

Los errores cometidos por la jurisprudencia venezolana en la aplicación de las Convenciones Interamericanas en el 2019, va mucho más allá del tema coyuntural de la politización de la salida de Venezuela de la OEA. Ellos reflejan problemas serios de conocimiento de nociones elementales de Derecho Internacional Privado, así como del Derecho de los Tratados. En particular, se notan graves errores en relación a la determinación de la entrada en vigencia, efectos de las reservas, interpretación (los cuales no hemos tocado en el presente post) y terminación de los tratados.

La jurisprudencia venezolana ha permanecido silenciosa respecto al criterio expresado por la Sala de Casación Civil del TSJ en Juan Arias Romero. Tom Kids fue una oportunidad de oro perdida por esta última Sala para determinar si había rectificado o no dicho criterio. Este silencio dificulta cualquier elucubración sobre el futuro de las CIDIP. Simplemente, no se sabe si al desaplicar el Convenio de Montevideo de 1979, los juzgados lo hacen por ignorancia o por mandato de la Sala de Casación Civil (o a ultranza, de la Cancillería venezolana).

Por lo pronto, el único convenio afectado por ahora de -llamémosla- “terminación sui generis”, parece ser la Convención de Montevideo de 1979 y no las demás convenciones mencionadas. El truco parece residir en susurrar -y no muy duro- que estas últimas convenciones también forman parte del paquete internacionalprivatista Interamericano vigente en Venezuela. El tener que escribir estas líneas con recelo demuestra la gravedad de la situación.

5. Unas ideas personales

Finalmente, no podemos dejar, debido a la naturaleza extrañamente laxa de estos blogs académicos, de agregar al análisis neutro de lo sucedido este año, ciertas consideraciones personales. Compartimos y nos hacemos plenamente eco de las opiniones expresadas por nuestra estimada profesora Claudia Madrid Martínez, recientemente en conflictoflaws.net sobre este tema. La jurisprudencia de Juan Arias Romero no refleja el Derecho Internacional Privado de Tatiana de Maekelt, de Parra, de Lorenzo Herrera Mendoza, de Sánchez-Covisa, ni de Francisco Gerardo Yanes.

El hecho de que un Tribunal Superior del estado venezolano de Cojedes, reconociendo a una sentencia de divorcio rusa (¡!) cite en el 2019 la obra de una importante y estimada profesora de DIP venezolano (dejo al lector la grata tarea de investigar el caso), constituye un potente llamado, particularmente a nuestro máximo tribunal, de que no hay excusa para lograr la bibliografía que permita superar el impase en que se encuentran cuando ya no les sirve el copy/paste.

Defender las CIDIP no es orgullo de quienes deseamos proteger el legado de nuestros maestros. Al desaplicar indebidamente -o mal aplicar- las CIDIP, nuestros tribunales están afectando a, entre otros, ciudadanos venezolanos dentro de situaciones transfronterizas, la mayor de las veces de importancia considerable. Si no lo creen, os invito a leer el pantano de una sentencia venezolana de restitución internacional de menores, incluidos sus decepcionantes resultados. Nuestros tribunales están desaplicando normas a las cuales muchas personas (incluido el Estado venezolano) han puesto cabeza para resolver problemas que no dejarán de presentarse, dentro de un esquema de fluidez normativa, la cual no terminan de comprender.

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* Magister Scientiarum en Derecho Internacional Privado y Comparado, UCV.

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