#TBT Venezuela: La diferencia entre jurisdicción y competencia. Caso Sol Cifuentes

Por Claudia Madrid Martínez

El 27 de mayo de 1993, la Sala Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia dictó la sentencia No. 212 en un caso de consulta de jurisdicción de los tribunales venezolanos. En ella, la Sala reafirmó al diferencia entre la jurisdicción –o competencia procesal internacional directa– y la competencia territorial interna y se reafirmó la necesidad de distinguir entre las normas que regulan una y otra.

En 1983, Sol Cifuentes Gruber y Alberto Jaimes Berti contrajeron matrimonio en el Municipio Baruta del Estado Miranda. Desde el matrimonio y hasta 1990, los esposos fijaron su domicilio conyugal en la ciudad de Londres. En 1990, Cifuentes decide separarse de hecho de su cónyuge y regresar a Venezuela, estableciendo su domicilio en la ciudad de Caracas.

En 1991, Sol Cifuentes intenta una acción de divorcio ante los tribunales del estado Táchira y solicita una medida de secuestro sobre algunos bienes de la pareja. Citado el demandado, este compareció por medio de un apoderado, se dio por citado y alegó que el tribunal no tenía jurisdicción debido a que el artículo 754 del Código de Procedimiento Civil establece como competentes a los tribunales del domicilio conyugal, el cual se encontraba en la ciudad de Londres.

De conformidad con los artículos 59 –hoy parcialmente derogado por la Ley de Derecho internacional privado– y 62 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal de instancia declinó su jurisdicción, con fundamento en el citado artículo 754, y remitió el expediente a consulta obligatoria ante la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia.

Lo primero que hace la Sala es establecer la diferencia entre jurisdicción y competencia territorial interna, en los siguientes términos:

“La jurisdicción es un término genérico en el sentido de que todos los jueces, en principio, tienen jurisdicción pero no así la competencia, que es la jurisdicción determinada por las leyes. Considerada en tal forma, la competencia puede ser internacional, que es la que establece los límites de eficacia del ordenamiento estatal, por ser el Estado parte de una comunidad de tal índole, en función de sus propios intereses o en ejecución de obligaciones internacionales, o interna, que es aquella relativa a la distribución de competencias entre varios órganos del mismo Estado. Hablar de competencia internacional equivale, por tanto, a la jurisdicción de los tribunales de un Estado en un caso concreto, mientras que la competencia a secas, equivale a la competencia interna” (subrayado en el original).

Esta diferencia se proyecta en las normas, pues ambas desempeñan funciones diferentes. Las normas sobre compentencia internacional o jurisdicción “…delimitan las competencias de los órganos judiciales de un determinado Estado, considerados en su conjunto”. Las normas sobre competencia territorial interna “…distribuyen entre los órganos judiciales singulares de cada Estado las litis que, en virtud de las normas de competencia procesal internacional, resultan sometidas a la respectiva jurisdicción”.

La Sala puntualiza “Es evidente que las normas sobre la competencia interna sólo son aplicables si previamente se resuelve, de forma afirmativa, el problema de la competencia procesal internacional”. Así, las normas sobre compentencia interna se aplicarán cuando, afirmada la jurisdicción, conforme a sus propias normas, el juez pasa a deteminarla.

Esta diferencia imposibilita recurrir a las normas de competencia interna para determinar la jurisdicción, con lo cual, “…en sistemas que disponen de normas expresas delimitadoras de la competencia procesal internacional directa, es técnicamente inadmisible delimitarla con cualesquiera otras normas no expresamente destinadas a cumplir tal función… Sólo en ausencia de normas sobre la competencia procesal internacional directa se podría recurrir a las normas de competencia interna territorial…”.

En el caso de Venezuela, la reforma del Código de Procedimiento Civil de 1986 incluyó las normas sobre competencia procesal internacional contenidas en el Proyecto de Ley de Normas de Derecho internacional privado –que dio origen a la Ley de Derecho internacional privado de 1998.

La Corte describe el sistema vigente para ese momento, de la siguiente manera:

“La pieza central del sistema venezolano de la competencia procesal internacional directa es la disposición del artículo 53 que, a pesar de su confusa redacción, la determina en base al domicilio del demandado. Asimismo, el mencionado artículo fija los límites de la competencia procesal internacional directa en relación a los no domiciliados no presentes en la República. Lo mismo hace el artículo 54 frente a los no domiciliados que, encontrándose transitoriamente en el territorio de la República, hayan sido citados en ella. Tal disposición no limita su aplicación al caso de demandas relativas a derechos personales en que la ejecución pueda exigirse en cualquier lugar. Los artículos 55 y 56 tratan de resolver problemas relativos a la competencia territorial interna. Finalmente, el artículo 57 regula la competencia procesal internacional directa en casos de demandas relativas al estado de las personas o las relaciones familiares. El análisis detallado de este último artículo se hace necesario, vistos los alegatos de la parte demandada quien opone la incompetencia de los tribunales venezolanos en los casos de un divorcio con elementos extraños”.

Antes de esta reforma, no había norma especial para la determinación de la competencia procesal internacional en casos de divorcio. Por tal razón se recurría al artículo 754 del Código de Procedimiento Civil que en efecto disponía la competencia territorial de los tribunales del domicilio conyugal para los casos de divorcio.

La Sala afirma que la reforma cambia radicalmente la situación anterior, al incluir en su texto el artículo 57, norma de conformidad con la cual:

“Los tribunales venezolanos tendrán competencia para conocer de las demandas relativas al estado de las personas o las relaciones familiares
1. Cuando el Derecho Venezolano sea competente para regir el fondo del litigio.
2. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción, siempre que la causa tenga una vinculación efectiva con el territorio de la República”.

Afirma la Sala que “[e]ste artículo establece claramente dos criterios atributivos de la competencia procesal internacional directa, para conocer de las demandas relativas al ESTADO de las personas o las RELACIONES FAMILIARES y consagra la competencia de los tribunales venezolanos: cuando el derecho venezolano es aplicable para regir el fondo del litigio (esta solución es llamada principio del paralelismo), y cuando las partes, expresa o tácitamente, se sometan a nuestros tribunales siempre que la causa tenga una vinculación efectiva con Venezuela”.

En aplicación de esta norma, específicamente del crterio del paralelismo contenido en su ordinal primero, la Sala procede a determinar el Derecho aplicable al divorcio y lo hace de conformidad con los artículos 9 y 26 del Código Civil –solución hoy derogada por la Ley de Derecho internacional privado–, con lo cual,

“…tratándose de venezolanos, la ley aplicable al divorcio es la venezolana, y tratándose de extranjeros; la ley aplicable al divorcio es la respectiva ley nacional de los cónyuges. En este último caso, la injerencia del orden público excluye la aceptación de causas de divorcio de la ley extranjera nacional de los cónyuges no contempladas en la legislación venezolana y conduce, en consecuencia, a la aplicación acumulativa de ambas leyes, es decir, a decretar el divorcio cuando está admitido por la ley nacional, en cuanto ley del tribunal, por la ley nacional de los cónyuges extranjeros…

En consecuencia, si los cónyuges son de nacionalidad venezolana, su divorcio se regirá por la ley venezolana y, según lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, los tribunales internacionalmente competentes para decretar este divorcio serán los tribunales venezolanos”.

Aunque las normas citadas en la decisión fueron derogadas por la Ley de Derecho internacional privado, el razonamiento de fondo continúa vigente: cuando el sistema dispone de normas especiales en materia de jurisdicción, no pueden los jueces, para determinarla, recurrir a las normas sobre compentencia territorial interna.

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