Venezuela: Reconocimiento de sentencia en materia de divorcio y partición de la comunidad conyugal

Por Andrea Olivares Hernández*

Mediante sentencia No. 402 (caso: Jon Paul Rodríguez Fernández c. Kathryn Mary Rodríguez Clark) del 11 de noviembre de 2019, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (la “Sala”), concedió fuerza ejecutoria parcial a una sentencia de divorcio dictada el 18 de abril de 2018 por el Juzgado Sucesoral y Familiar de la Comunidad de Massachusetts, Estados Unidos de América.

El 14 de febrero de 2019, las partes presentaron la solicitud de reconocimiento y ejecución de la sentencia de divorcio, la cual establecía, entre otros aspectos, las instituciones familiares, el régimen de custodia, la manutención de los hijos y la división de la propiedad de la comunidad conyugal.

Al pronunciarse sobre la solicitud, la Sala comenzó su análisis acertadamente, señalando que, en atención a la jerarquía de fuentes del sistema de Derecho Internacional Privado, correspondía aplicar el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, dada la ausencia de un tratado internacional suscrito entre Estados Unidos y Venezuela en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias.

No obstante, llegado el momento de verificar si la sentencia cumplía efectivamente con los extremos necesarios para otorgarle el pase, la Sala erró al considerar que no cumplía con el tercer requisito previsto en el artículo 53 de la LDIP, según el cual, la decisión cuyo reconocimiento y ejecución se solicite en el territorio venezolano, no debe versar sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o haber arrebatado a Venezuela la jurisdicción para conocer el negocio.

En concreto, la Sala sostuvo que, por cuanto el fallo emanado del Tribunal norteamericano decretaba la partición de bienes muebles e inmuebles que posee la comunidad conyugal era contrario a derecho y mal podría concedérsele eficacia total en territorio venezolano.

Si bien la Sala reconoció que existe una limitante en esta materia, al expresar que en las controversias que surjan con ocasión de bienes inmuebles situados en el país, Venezuela tiene jurisdicción exclusiva, es decir, es el único foro que puede conocer sobre tal asunto, obvia el hecho de que tal límite, conforme al artículo 47 de la LDIP (norma que no menciona en su análisis) únicamente es aplicable a los bienes inmuebles individualmente considerados y no a aquellos inmuebles que forman parte de una universalidad de bienes.

La Sala omitió que la comunidad conyugal constituye una universalidad de bienes y, por tanto, su partición y liquidación no contravienen los límites previstos en los artículos 47 y 53.3 de la LDIP respectivamente.

No conforme con lo anterior, cuando la Sala declara que la sentencia extranjera no cumple con todos los requisitos, fundamenta su razonamiento en los artículos 2 y 10 del Código de Procedimiento Civil, los cuales están derogados desde hace 20 años, cuando entró en vigencia la Ley de Derecho Internacional Privado.

Aun cuando ha sido una práctica reiterada para el máximo tribunal otorgar eficacia parcial de las decisiones en materia de divorcio, en virtud de que en la partición de bienes existan inmuebles ubicados en Venezuela, nos parece sumamente grave que siga imperando el desconocimiento en relación al tratamiento de los bienes inmuebles integrantes de una universalidad, concepto que comprende, como ya señalamos el régimen de separación de bienes del matrimonio.

Más grave aún nos parece que la Sala siga fundamentando sus razonamientos en artículos derogados del Código de Procedimiento Civil. No entendemos como a 20 años de vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado, exista tal desconocimiento. Desde aquí, nos hacemos eco de las denuncias ya realizadas con relación a esta lamentable práctica, la cual, en definitiva, urge ser erradicada.

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* Abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela. Cursante de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado de la UCV.

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