Venezuela: la peligrosa resurrección de las normas sobre Derecho procesal internacional del Código de Procedimiento Civil

Por Claudia Madrid Martínez

En fechas recientes hemos observado con preocupación como algunas normas sobre Derecho procesal internacional, que habían sido derogadas por la Ley de Derecho internacional privado, al entrar en vigencia en 1999, han estado siendo aplicadas por el Tribunal Supremo de Justicia sin explicación alguna.

Nos referimos en primer lugar a la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa en fecha 5 de noviembre de 2019. Esta sentencia se pronunció sobre un recurso de regulación de jurisdicción en un caso de divorcio de una pareja con un hijo menor de edad.

La pareja se había trasladado a Aruba son su hijo menor en 2014. En 2018 la madre decide regresar a Venezuela con su hijo, luego de haber solicitado un salvoconducto ante las autoridades consulares venezolanas, alegando maltratos de parte del marido que, entre otras cosas, le había quitado el pasaporte del niño.

Una vez en Venezuela, interpone una acción de divorcio y, además de la disolución del vínculo conyugal, solicita medidas de protección para el niño. El representante del demandado acude a juicio y opone la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos con fundamento en el artículo 453 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, pues de conformidad con esta norma en los casos de divorcio de parejas con hijos con menores de edad deben aplicarse las normas de competencia por el territorio, de manera que serían competentes los tribunales del domicilio conyugal, ex artículo 754 del Código de Procedimiento Civil.

El tribunal de instancia desechó este alegato y afirmó la jurisdicción de los tribunales venezolanos en aplicación del principio del paralelismo consagrado en el artículo 42,1 de la Ley de Derecho internacional privado, de manera que, Venezuela tendría jurisdicción si el cónyuge demandante se encuentra domiciliado en Venezuela, pues es tal la solución al tema del Derecho aplicable contenida en el artículo 23 de la propia Ley.

En opinión del tribunal, a pesar que el artículo 23 de la misma Ley exige que deba haber transcurrido un año para que para el cónyuge demandante se entienda domiciliado en Venezuela, debe considerarse que se trata de un menor de nacionalidad venezolana, cuyos derechos deben ser protegidos.

Sin embargo, luego de la interposición del recurso de regulación, el demandado decidió, mediante su apoderado, someterse a los tribunales venezolanos, por lo que, la Sala tuvo que dedicarse a examinar la procedencia de la sumisión.

No obstante, la Sala no fundamento su decisión, como era de esperarse, en la Ley de Derecho internacional privado, sino que invocó, entre otras normas derogadas, el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil.

Esta norma fue incorporada en la reforma del Código de 1986 y fue tomada del Proyecto de Ley de Normas de Derecho internacional privado de 1963/1967 y de allí pasó con idéntica redacción a la Ley vigente, con lo cual, afortunadamente, el resultado no se vio afectado. Pero resulta muy preocupante que el más alto tribunal de la República reviva normas derogadas, sin explicación alguna.

La segunda decisión, también del 5 de noviembre de 2019, es pronunciada por la propia Sala Político Administrativa en materia de letras de cambio. En este caso, se trataba de una acción cambiaria para el pago de una letra de cambio librada y aceptada en Curazao y denominada en dólares de Estados Unidos.

La jurisdicción fue impugnada por el demandado y el tribunal de instancia declaró tal impugnación con lugar, alegando que todos los elementos determinantes de la jurisdicción estaban ubicados en Curazao y entendió, lo cual desde luego no le competente, que los tribunales con jurisdicción para conocer de la causa son los de Curazao.

Además de hacer una declaración que no le corresponde, pues el tribunal venezolano ha de limitarse a pronunciarse sobre su propia jurisdicción, el juzgador de instancia afirmó que debido a que las partes designaron Curazao como lugar de pago, tal declaración debía entenderse como una sumisión a sus tribunales, por lo cual no puede aplicarse el artículo 39 de la Ley de Derecho internacional privado, debido a la derogatoria convencional de la jurisdicción. Confunde así el tribunal, la sumisión con la designación del lugar de pago de una obligación.

Al negar su jurisdicción, el tribunal de instancia remitió el expediente en consulta obligatoria a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo, que fundamenta su decisión en el derogado artículo 59 del Código procesal. Recordemos que esta norma, por lo que respecta a la falta de jurisdicción frente al juez extranjero, fue derogada por el artículo 57 de la Ley de Derecho internacional privado.

Así, la Sala decidió que el haber elegido Curazao como lugar de pago de la obligación no es suficiente para entender que hubo una sumisión a sus tribunales y afirmó la jurisdicción de Venezuela por encontrarse el demando domiciliado en su territorio, ex artículo 39 de la Ley de Derecho internacional privado.

Aunque en este caso tampoco es catastrófico el efecto de la aplicación de una norma derogada, sí resulta preocupante, sobre lo que pueda ocurrir en el futuro con las demás normas de la Ley. Por ello, llamamos la atención de los operadores jurídicos sobre el respeto a la Ley de Derecho internacional privado, un texto que tiene más de 20 años de vigencia.

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