COMJIB: Tratado relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales

Por Claudia Madrid Martínez

La XXI Asamblea Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) se celebró en la ciudad de Medellín, Colombia, el pasado mes de julio. Durante esta reunión, se habilitó la firma del Tratado de Medellín, relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales, que había sido aprobado en la Asamblea Plenaria Extraordinaria de La Antigua, Guatemala, en 2018.

Durante la reunión de Medellín, el Tratado fue firmado por Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Paraguay, Portugal y Uruguay.

El objetivo fundamental de el tratado es la regulación del uso de la plataforma Iber@, “como medio formal y preferente de transmisión de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre Autoridades Centrales, en el marco de los tratados vigentes entre las partes y que contemplen la comunicación directa entre dichas instituciones” (art. 1).

En los Considerandos del Tratado se reconoce el potencial de Iber@ como herramienta tecnológica para la transmisión de solicitudes de cooperación jurídica internacional cursadas al amparo de un tratados vigente entre los Estados parte que haga referencia a las Autoridades Centrales, como “instituciones designadas por cada Estados para la transmisión de solicitudes de cooperación jurídica internacional” (art. 2,b).

La información transmitida mediante esta plataforma–que incluye solicitudes, consultas y otras informaciones útiles para las investigaciones y procesos judiciales–, disponible en español y portugués (art. 3,2), será considerada como original o auténtica, a los efectos previstos en los tratados vigentes y no requerirá envíos físicos. “Iber@ valida la transmisión electrónica, no obstante, el análisis del contenido corresponderá, en su caso, a las autoridades competentes” (art. 3,3).

El artículo 4 del tratado establece el uso facultativo de Iber@. No obstante, una vez se tramite una solicitud mediante esta herramienta, “las comunicaciones posteriores relacionadas con su ejecución se remitirán a la Autoridad Central emisora por el mismo medio, salvo que la naturaleza de dicha solicitud o una situación sobrevenida lo desaconseje, en cuyo caso deberá informar al remitente”.

Para tener acceso a esta plataforma es necesario que el usuario deberá ser designado y acreditado por el Estado en representación de la Autoridad Central y deberá velar por el adecuado uso de la misma (art. 5).

Iber@ proporciona un alto nivel de seguridad jurídica al registrar todas las transmisiones efectuadas, certificado al emisor y al destinatario, el día y la hora de la transmisión y de cualquier comunicación relacionada con la misma. Además, genera un comprobante de transmisión de la solicitud para el emisor y para su destinatario (art. 6,1).

Además imponer a Iber@ el deber de facilitar a los usuario el uso de firmas electrónicas, el tratado determina el momento de recepción de las solicitudes transmitidas mediante la plataforma. Así, se entenderá que una solicitud ha sido recibida el día hábil posterior a la generación del comprobante de recepción “computado según día hábil y hora oficial de la Autoridad Central del Estado receptor” (art. 6,3).

Si la comunicación tiene por efecto la suspensión o interrupción de un plazo, se entenderá recibida el día y hora que conste en el comprobante (art. 6,4).

La información transmitida a través de la plataforma es protegida por Iber@ al permitir que la misma, únicamente, pueda ser accesible para las partes involucradas (art. 6,5) y por la Secretaría General solo para la elaboración de datos estadísticos (art. 6,6).

Los aspectos tecnológicos de Iber@, más allá de las competencias de la Secretaría General en relación con el desarrollo, gestión y correcto funcionamiento de la plataforma, la seguridad, confidencialidad de las comunicaciones y la protección de datos personales (art. 7), depende de las normas sobre protección de datos y firmas electrónicas del Estado en el cual se esté prestando el servicio tecnológico y tenga su sede la Secretaría General (art. 6,8).

En relación con el Derecho aplicable, el tratado se limita a disponer que las solicitudes de cooperación deberán formularse de acuerdo con los tratados vigentes (art. 8). De los tratados también dependerá la ejecución de la solicitud de cooperación y se exhorta a los Estados a “realizar sus mejores esfuerzos para atender las solicitudes… en el menor tiempo posible y con especial atención a los casos urgentes” (art. 9).

Se trata de un convenio que ha sido bien recibido por académicos –ya ha sido comentado por nuestros colaboradores Mercedes Albornoz y Sebastián Paredes– y que, sin duda, contribuirá al mejoramiento de los sistemas de cooperación jurídica internacional de los Estados parte, al facilitar la transmisión de información de forma rápida y garantizando la confidencialidad y autenticidad de la misma. Esperemos que podamos apreciar sus resultados en un futuro cercano.

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