Argentina: Aplicación del Protocolo de Medidas Cautelares del MERCOSUR al embargo de buques. Fallo Sosa

Por Sol Argerich

El fallo que comentamos (CNCiv. y Com. Fed., sala II, 20/05/19, “Sosa, Lucas Ramón y otros c. Varena Maritime Services S.A. s. embargo de buque interdicción de navegar”) demuestra como la aplicación del Protocolo de medidas cautelares, firmado en Ouro Preto en 1994 alienta y facilita la cooperación cautelar internacional. En este caso en particular, a través de este instrumento se garantizó que el crédito del embargante fuera reconocido y resguardado en distintos países, contribuyendo así a desarrollar e integrar la justicia más allá de las jurisdicciones nacionales.

Hechos del caso

En cuanto a los hechos del caso, se trata de un embargo con interdicción de navegar decretado por un juez argentino sobre un buque de bandera paraguaya. Los actores solicitaron que dicha medida se inscribiera tanto en Paraguay como Brasil, invocando las disposiciones del Protocolo de Medidas Cautelares del MERCOSUR. El juez de primera instancia, admitió en forma parcial la petición: por un lado, aceptó la inscripción del embargo en Paraguay y, por el otro, denegó la inscripción de la interdicción de navegar en Paraguay y la inscripción de la medida en Brasil. Contra dicha decisión judicial, los actores plantearon recurso de revocatoria con apelación en subsidio. El juez desestimó la solicitud de revocatoria y concedió la apelación en subsidio. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal- Sala II, modificó la decisión de primera instancia y permitió la inscripción de la medida en ambos países.

El presente comentario se centra en la cooperación jurídica internacional, a través de la interpretación y aplicación realizada por el tribunal de alzada del mencionado Protocolo, respecto de la solicitud de inscripción de la medida cautelar dictada en Argentina en la República Federativa de Brasil y en la República del Paraguay.

Admisibilidad de la solicitud: aplicación del Protocolo de medidas cautelares

Se entiende por Cooperación Judicial Internacional la colaboración o asistencia mutua entre Estados, para realizar diligencias necesarias en el desarrollo de un proceso fuera del territorio del Estado requirente. Esta realidad aparece frente al incesante desplazamiento de bienes, personas, servicios y la apertura gradual del comercio. La toma de conciencia por parte de los tribunales estatales de la presencia de elementos extranjeros en los proceso ha consagrado la necesidad de contar –a efectos de impartir justicia- con el auxilio de los jueces en otros Estados (Argerich, Guillermo “El examen de los laudos arbitrales por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Su rol como facilitador de la cooperación jurisdiccional internacional”, La Ley Online, 24 de enero de 2018). Como ha dicho Ana Elizabeth Villalta “la cooperación judicial internacional constituye, medularmente, toda actividad que tenga por finalidad el coadyuvar con la justicia extranjera en su ejercicio jurisdiccional en todos sus niveles”. Precisamente, esta normativa del MERCOSUR facilita y, en definitiva, ha homogeneizado la concreción de medidas cautelares en el ámbito integrado.

En nuestro caso, la Cámara Federal estudió la viabilidad de la solicitud de los actores y advirtió que la Ley de Navegación N° 20.094, nada dispone respecto de la admisibilidad de una medida cautelar en otra jurisdicción que no sea la nacional. Sin embargo, reconoció que la fuente internacional aplicable era el Protocolo de Medidas Cautelares. Este tratado prevé específicamente la posibilidad de que las autoridades de uno de sus países den cumplimiento a las medidas cautelares decretadas por jueces o tribunales de otro Estado Parte, adoptando las providencias necesarias de acuerdo con la ley del lugar donde estén situados los bienes que sean objetos de la medida (art. 4).

Volviendo sobre la aplicación del Protocolo, en cuanto a su ámbito material, vemos que el caso queda encuadrado en él por ser un proceso de naturaleza comercial (art. 2).

Sobre la admisibilidad de la medida – ley aplicable

Haciendo aplicación del Protocolo de medidas cautelares de Ouro Preto, los magistrados evaluaron la admisibilidad de la solicitud. Conforme al art. 5 la admisibilidad de la medida será regulada por las leyes -y resuelta por los jueces o tribunales- del estado requirente. Es decir que en este caso, la ley aplicable es la ley argentina. Los magistrados partieron de la base que había un embargo con interdicción de navegación trabado sobre un buque extranjero conforme al derecho argentino. Seguidamente, recordaron que la figura de la interdicción de navegar produce la indisponibilidad física y jurídica del buque que ha sido embargado. Esta medida asegura que el derecho del embargante no sea menoscabado ya que evita que el buque sea sustraído de la jurisdicción del órgano que decretó la medida.

También que el buque sea expuesto a los riesgos propios de la navegación y que contraiga deudas con mejores privilegios, recordando que de acuerdo al art. 482 de la Ley de Navegación los créditos originados en el último viaje son preferidos a los anteriores. El reconocido maritimista, Beltrán Montiel (Curso de Derecho de la Navegación, Buenos Aires, Astrea, p. 110), explica de manera muy clara: “…el embargo de un buque se complementa con su interdicción de navegar o de salir, o sea, con una medida que obstará a la disponibilidad física de aquél…” . La ley de Navegación en su art. 539 dispone que para los buques argentinos hay que solicitar la interdicción de manera expresa, mientras que para los buques extranjeros, la solicitud de embargo conlleva implícitamente su interdicción de salida. En consecuencia, de acuerdo a la ley argentina, que es la ley aplicable por ser el estado requirente, la medida sería admisible.

Formulación del pedido-alcance

Conforme al análisis realizado, los magistrados entendieron que bajo la ley argentina aplicable a la medida cautelar, la solicitud de inscripción de la medida cautelar en Paraguay y Brasil se encontraba justificada. Por lo tanto, dispusieron el libramiento de exhortos, en concordancia con lo dispuesto por el art. 18 del Protocolo, que establece que el exhorto o carta rogatoria es el medio que debe emplearse para la formulación del pedido entre los estados. También resolvieron que mantendría el alcance dispuesto por el juez de primera instancia, sin perjuicio de las disposiciones del art. 6 del Protocolo que establece que tanto la ejecución de la medida cautelar como su contracautela o garantía, serán resueltas por los Jueces o Tribunales del Estado requerido de acuerdo a sus leyes.

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