CIADI: Glencore vs. Colombia

Por Claudia Madrid Martínez

El pasado 27 de agosto se publicó el laudo mediante el que se decidió el primer caso que llevó a Colombia ante el CIADI, el caso Glencore International Ag y C.I. Prodeco S.A. vs. República de Colombia (ICSID Case No. Arb/16/6).

El caso inició en 2016 con la demandada de Glencore International AG y C.I. Prodeco S.A., con fundamento en el tratado bilateral de inversiones con Suiza. El caso deriva del Contrato de Gran Minería 044 de 1989 suscrito por Ingeominas y C.I. Prodeco. El 28 de enero de 2010 se firmó el otrosí No. 8 mediante el cual se ajustó el cálculo para liquidar las regalías y compensación de ingresos brutos.

Este ajuste generó una disminución del monto de las regalías y contraprestaciones económicas que correspondían al Estado, por lo que la Contraloría General de la República, mediante auto de 21 de agosto de 2015, impuso una sanción de multa por 19,1 millones de dólares, de manera solidaria, a Prodeco, al Ministro de Minas y Energía y a algunos directivos de Ingeominas.

Prodeco pagó la multa para evitar la caducidad del contrato, pero alegó que si bien el nuevo cálculo acordado disminuía la entrega de regalías en los primeros años, mientras se realizaban las obras y se adecuaba la mina para el aumento en la producción, ese valor se compensaría en los años siguientes.

Así, Glencore –casa matriz de Prodeco– decidió iniciar el procedimiento ante el CIADI alegando la violación del tratado bilateral de inversiones con Suiza y, particularmente, la expropiación de la inversión y solicitando, además de la devolución de los 19,1 millones de dólares pagados por la multa –la cual consideraron injusta e inequitativa–, 336,1 millones de dólares por daños futuros y 238,6 millones de dólares por concepto de cualquier eventual cobro retroactivo que se haga de las regalías y de la compensación por ingresos brutos causados entre 2011 y la fecha del laudo y la orden de no ejercer ninguna acción encaminada a dejar sin efecto el otrosí No. 8.

Luego de agotar la vía del arreglo directo, el procedimiento arbitral se inició, y el tribunal arbitral se constituyó, integrado por el español Juan Fernández-Armesto (presidente), nombrado por acuerdo de las partes; el argentino Oscar M. Garibaldi, nombrado por el demandante; y el canadiense John Christopher Thomas, nombrado por el demandado.

Colombia trató de excluir la disputa del CIADI alegando que, tratándose de un contrato de minería, la controversia debía ser decidida por jueces colombianos, por lo que el Centro no tendría jurisdicción.

Adicionalmente, negó la pretensión de Glencore, afirmando que el daño patrimonial se produjo al modificar un contrato de gran minería, mediante engaños –incluso alegó actos de corrupción– y sin que se cumplieran los procedimientos legales para la firma de este tipo de instrumentos, con lo cual se disminuyeron las regalías y otras contraprestaciones económicas que venía recibiendo el Estado colombiano, recursos públicos con los cuales se atienden las necesidades básicas de las poblaciones más vulnerables del país.

El tribunal consideró que la Contraloría aplicó una metodología irrazonable y arbitraria para establecer la multa por los daños que habría ocasionado el otrosí No. 8, en un contrato que se venía ejecutando desde 1989 y por tal razón ordenó el reembolso del monto de la multa, pero desechó las demás pretensiones.

Colombia deberá pagar además cerca de dos millones de dólares por concepto de gastos y costos del proceso.

Según se anuncia desde la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Colombia está estudiando el laudo de manera de determinar el paso a seguir, lo que podría incluir un recurso de nulidad.

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