Venezuela: Sentencia de exequátur en materia de reaseguros (Intereses de la República vs. Artículo 53 LDIP)

Por José Antonio Briceño Laborí*

Mediante sentencia No. EXEQ.000388 del 14 de agosto de 2019 (caso: Lexington Insurance Company Limited c. Multinacional de Seguros, C.A.), la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (“SCC”) conoció una solicitud de exequátur de dos sentencias dictadas por cortes inglesas en donde se declaró que Multinacional de Seguros, C.A. (“Multinacional”) había incumplido unos contratos de reaseguro que relevaban a las empresas reaseguradoras de dar la cobertura prevista en tales contratos.

En el litigio planteado en el Reino Unido, Lexington Insurance Company (“Lexington”) accionó contra Multinacional, en su propio nombre y en el de las demás reaseguradoras de Multinacional (Arab Reinsurance Group y Reliance National Insurance Company (Europe) Ltd.). El motivo de la demanda fue establecer el incumplimiento por Multinacional de los contratos de reaseguro suscritos con las mencionadas empresas. Estos contratos de reaseguro están vinculados a un contrato de seguro suscrito entre Multinacional e Industria Venezolana de Aluminio, C.A., hoy C.V.G. Venalum (“Venalum”).

Para conocer el fondo de la solicitud, la Sala se apoyó en la Ley de Derecho Internacional Privado (“LDIP”), debido a que no existe un tratado entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Esta conclusión de la Sala se basó en las reservas realizadas por Venezuela a los artículos del Código Bustamante referidos a la ejecución de sentencias extranjeras, debido a que consideró a “ambas naciones signatarias del Tratado de Derecho Internacional Privado”.

Al revisar los requisitos de eficacia de las sentencias extranjeras, la Sala indicó que las decisiones inglesas cumplían con los requisitos de los numerales 1 al 4 del artículo 53 LDIP, pero no con aquellos previstos en los numerales 5 y 6, por lo que se debía negar la fuerza ejecutoria a las sentencias objeto de la solicitud. No obstante, vemos que la Sala no realizó un correcto análisis de los mencionados requisitos.

En primer lugar, el numeral 5 del artículo 53 LDIP se refiere al requisito de que “el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa”. El numeral se centra en la figura del demandado y en su derecho a la defensa, pero en su motivación la Sala expresó que este requisito no se encontraba cumplido debido a que Venalum era un tercero interesado en el juicio llevado ante las cortes inglesas, quien no había sido citado ni se le había garantizado el derecho a la defensa en el proceso.

Esto es incorrecto, debido a que este requisito se centra en la figura del demandado y, en todo caso, a través de una interpretación razonable, se puede extender a la figura del demandante en cuanto a la garantía del derecho a la defensa. En el contexto del juicio inglés, Venalum era un tercero que no había sido demandado, por lo que se amplió indebidamente el sentido del numeral 5. La existencia de un interés económico de la República, a través de Venalum, no era argumento suficiente para llegar a la conclusión a la que arribó la Sala.

Luego de esta consideración, la Sala procedió al análisis del numeral 6. Esto constituye un error de técnica, debido a que los requisitos del artículo 53 LDIP son concurrentes, por lo que indicar que uno no se ha satisfecho, impide la revisión de aquellos que le siguen. Además de ello, vemos que la Sala se apartó del texto del numeral 6.

Allí se establece el requisito de que la decisión extranjera no sea incompatible “con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera”.

Si bien la Sala acertó en indicar que la demanda incoada por Venalum contra Multinacional ante los tribunales venezolanos había iniciado antes de haber sido interpuesta la demanda por Lexington ante las cortes inglesas, la revisión del requisito en cuestión fue errada, debido a que la Sala consideró relevante una acción cursante ante los tribunales venezolanos, interpuesta por Venalum contra Multinacional por cumplimiento de contrato, la cual cursa actualmente ante la Sala Político-Administrativa por avocamiento. El asunto es que juicio no cursa entre las mismas partes ni tiene el mismo objeto que las sentencias inglesas cuyo reconocimiento se perseguía, es decir, no existe la identidad entre causas que exige este numeral.

En conclusión, vemos que la Sala buscó encuadrar aspectos ajenos a los requisitos de eficacia de las sentencias extranjeras establecidos en el artículo 53. Si la Sala hubiese analizado correctamente los numerales 5 y 6 se habría percatado que Multinacional fue efectivamente citada en el juicio extranjero y tuvo razonables oportunidades de defensa (incluso ejerció recurso de apelación) y que las sentencias inglesas no eran incompatibles con una sentencia anterior ni con causa pendiente ante los tribunales venezolanos, otorgándoles el pase a las sentencias inglesas.

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* Abogado, UCV. Tesista de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado, UCV. Profesor de Derecho Internacional Privado (UCV y UCAB). Ejerce el Derecho en ESCG Abogados, S.C. Email: jabricenol@outlook.com.

2 comentarios en “Venezuela: Sentencia de exequátur en materia de reaseguros (Intereses de la República vs. Artículo 53 LDIP)

  1. Estimados amigos, soy ecuatoriana y tengo doble ciudadanía con España, actualmente realizo mi doctorado en Madrid. Muchas gracias por vuestros envíos de CARTAS BLOGATORIAS, pues contribuyen a mi conocimiento sobre conflictos internacionales y, como, por mis estudios sobre América Latina intento ser latinoamericanista, os agradezco de corazón. Dentro de poco posiblemente os daré otro correo electrónico para vuestras Cartas Blogatorias, os lo comunicaré. Atentamente,
    María Claudia Cevallos-Ugarte

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