UNCITRAL: Convención sobre los acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación

Por Claudia Madrid Martínez

La llamada Convención de Singapur fue aprobada el 20 de diciembre de 2018, mediante la resolución 73/198, durante la 73° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se abrió a la firma el pasado 7 de agosto con la participación de 46 Estados.

Esta Convención reconoce, según puede leerse en su Preámbulo, “el valor que reviste para el comercio internacional la mediación como método de solución de controversias comerciales en que las partes en litigio solicitan a un tercero o terceros que les presten asistencia en su intento de resolver la controversia de manera amistosa”.

La Convención establece reglas para la ejecución y reconocimiento de “todo acuerdo resultante de la mediación que haya sido celebrado por escrito por las partes con el fin de resolver una controversia comercial [“acuerdo de transacción”] y que, en el momento de celebrarse, sea internacional” (art. 1,1).

En su ámbito, la mediación es entendida como “un procedimiento mediante el cual las partes traten de llegar a un arreglo amistoso de su controversia con la asistencia de uno o más terceros (“el mediador”) que carezcan de autoridad para imponerles una solución” (art. 2,3).

La convención reconoce el principio lex fori regit proccessum para la ejecución del acuerdo y, en los casos en que “surgiera una controversia acerca de una cuestión que una parte alegue que ya ha sido resuelta mediante un acuerdo de transacción, la Parte en la Convención deberá permitir a la parte invocar el acuerdo de transacción de conformidad con sus normas procesales y en las condiciones establecidas en la presente Convención, a fin de demostrar que la cuestión ya ha sido resuelta” (art. 3).

Se establecen además los requisitos para hacer valer el acuerdo ante las autoridades del Estado en que se soliciten medidas. Así, deberá presentarse el acuerdo de transacción firmado por las partes; las pruebas de que se llegó al acuerdo como resultado de una mediación, entre ellas, la firma del mediador; un documento firmado por el mediador en el que se indique que se realizó la mediación; un certificado expedido por la institución que administró la mediación; o a falta de estas pruebas, cualquier otra que la autoridad competente considere aceptable (art. 4,1).

Para la firma de las partes, o del mediador, se aceptará una comunicación electrónica, en los casos en que se utiliza un método para determinar la identidad de las partes o del mediador y para indicar la intención que tienen las partes o el mediador respecto de la información contenida en la comunicación electrónica; y si el método empleado, o bien es tan fiable como sea apropiado para los fines para los que se generó o transmitió la comunicación electrónica, atendidas todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo que sea pertinente; o se ha demostrado en la práctica que, por sí solo o con el respaldo de otras pruebas, dicho método permite determinar la identidad de las partes o del mediador e indicar la intención que tienen estos respecto de la información contenida en la comunicación electrónica (art. 4,2).

Aunque se pide una traducción al idioma oficial de la autoridad competente, en los casos en que el acuerdo estuviere redactado en un idioma distinto, no se hace referencia a la necesidad de participación de un traductor público para tales fines (art. 4,3).

Finalmente, se reconoce la facultad de la autoridad competente para exigir cualquier documento necesario para verificar el cumplimiento de los requisitos antes mencionados (art. 4,4) y se le ordena actuar con celeridad (art. 4,5).

La Convención además establece, en su artículo 5, los motivos por los cuales podrán denegarse las medidas. Así, la negativa solo procederá a instancia de la parte contra la cual se solicitan, cuando esta pruebe que: una de las partes en el acuerdo tenía algún tipo de incapacidad; el acuerdo es nulo, ineficaz o no puede cumplirse con arreglo a la ley a la que las partes lo hayan sometido válidamente o, a falta de indicación, a la ley que considere aplicable la autoridad competente de la Parte en la Convención en que se soliciten medidas de conformidad con el artículo 4; no es vinculante, o no es definitivo, según lo estipulado en el propio acuerdo; o fue modificado posteriormente.

También podrá denegar las medidas cuando las obligaciones estipuladas en el acuerdo se han cumplido; o no son claras o comprensibles; cuando el otorgamiento de medidas sería contrario a los términos del acuerdo de transacción; el mediador incurrió en un incumplimiento grave de las normas aplicables al mediador o a la mediación, sin el cual esa parte no habría concertado el acuerdo; o el mediador no reveló a las partes circunstancias que habrían suscitado dudas fundadas acerca de la imparcialidad o independencia del mediador y el hecho de no haberlas revelado repercutió de manera sustancial o ejerció una influencia indebida en una de las partes, la cual no habría concertado el acuerdo si el mediador las hubiera revelado.

La autoridad competente también podrá negarse a otorgar medidas solicitadas si considera que su otorgamiento sería contrario al orden público de su Estado; o el objeto de la controversia no es susceptible de resolverse por la vía de la mediación con arreglo a la ley de ese Estado.

En los casos en los cuales se presente ante un órgano judicial, un tribunal arbitral o cualquier otra autoridad competente una solicitud o reclamación relativa a un acuerdo que pueda afectar a las medidas solicitadas de conformidad con el artículo 4 de la Convención, la autoridad competente ante la cual se soliciten esas medidas “podrá, si lo considera procedente, aplazar la decisión y también podrá, a instancia de una de las partes, ordenar a la otra que otorgue garantías apropiadas” (art. 6).

Finalmente la Convención admite la aplicación de reglas más favorables cuando, en su artículo 7, establece que “La presente Convención no privará a ninguna parte interesada del derecho que pudiera tener a acogerse a un acuerdo de transacción en la forma y en la medida permitidas por la ley o los tratados de la Parte en la Convención en que se pretenda hacer valer dicho acuerdo”.

Esta Convención, considerada como un gran avance en materia de mediación, fue firmada en el día de ayer por Afganistán, Arabia Saudita, Bielorrusia, Benín, Brunéi Darussalan, Chile, China, Colombia, Congo, Corea, Estados Unidos, Esuatini, Fiyi, Filipinas, Georgia, Granada, Haití, Honduras, India, Irán, Israel, Jamaica, Jordán, Kazajistán, Laos, Malasia, Maldivas, Mauricio, Montenegro, Nigeria, Macedonia, Palaos, Paraguay, Qatar, República Democrática del Congo, Samoa, Serbia, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Timor-Leste, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay y Venezuela.

Para su vigencia habrá que esperar tres meses después del depósito del tercer instrumento de ratificación (art. 14,1).

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