Venezuela: CITGO de nuevo en peligro

Por Claudia Madrid Martínez

 

El pasado 29 de julio, un Corte de Apelaciones de del tercer circuito de Filadelfia decidió el recurso de apelación interpuesto por PDVSA contra la minera canadiense Crystallex y ratificó la decisión dictada por el Tribunal de Distrito de Wilmington, Delaware, en agosto de 2018 y en la que se posibilita el embargo de CITGO, principal activo de Venezuela en el extranjero.

Cuando en Cartas Blogatorias reseñábamos la sentencia de 2018, recordábamos que la disputa con Crystallex se originó con el retiro de las concesiones de mineras extranjeras que operaban en el país, por parte del entonces presidente Hugo Chávez, debido a que su actividad dañaba el medio ambiente y violaba los derechos de los trabajadores.

Crystallex se vio entonces afectada por la expropiación de la mina “Las Cristinas” que, un año después el desarrollo de la mina le fue cedido a la corporación estatal china de inversiones Citic Group.

El 4 de abril de 2016, Crystallex, luego de tratar de negociar infructuosamente con Venezuela, demandó y tuvo un fallo favorable del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. En él se acordó una indemnización de USD 1.200 millones.

La ejecución del laudo se solicitó, con fundamento en la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, ante la Corte del Distrito de Columbia, la que los reconoció el 25 de marzo de 2017.

Luego de un acuerdo de pagos entre las partes, Venezuela no cumplió y por ello Criystallex solicitó y se le acordó, en la Corte de Delaware, el embargo de CITGO, propiedad de PDVSA que, a su vez es totalmente controlada por Venezuela.

Venezuela apeló la decisión y ésta ha sido negada por la Corte de Filadelfia. En su decisión, la Corte admitió que el Tribunal de Distrito actuó dentro de su jurisdicción cuando decretó el embargo de las acciones de PDVSA en CITGO para satisfacer la deuda con Crystellex, pues las acciones no son inmunes al embargo.

Conviene destacar que, si bien la representación oficial de PDVSA estuvo a cargo de los abogados designados por el gobierno de Nicolás Maduro, la Corte admitió los argumentos de los abogados que representaron a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como presidente encargado de la República, de conformidad con la Constitución venezolana, ante la ilegitimidad del gobierno de Maduro.

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