Venezuela: Suspensión de juicio en Nueva York contra PDVSA

Por: Andrés Carrasquero Stolk*, Ramón Escovar Alvarado** y Andrea Olivares Hernández***

 

El 3 de julio de 2019 la Corte del Distrito Sur del Estado de Nueva York decidió aplazar la solicitud de juicio sumario interpuesta por Dresser-Rand (en adelante “Dresser” o “la demandante” indistintamente) contra Petróleos de Venezuela, S.A. y PDVSA Petróleo, S.A. (en adelante “las demandadas”), ambas entidades consideradas instrumentalidades de la República Bolivariana de Venezuela. La suspensión fue por un lapso de 120 días contados a partir de la fecha de publicación de la decisión.

1. De la demanda

Dresser es una filial de la compañía alemana Siemens AG, con sede en Houston, encargada de proveer equipos para la industria petrolera. El 26 de febrero de 2019 introdujo ante la Corte del Estado de Nueva York una solicitud de juicio sumario contra las demandadas por incumplimiento en el pago de un pagaré.

La demandante reclama la suma de 132 millones de dólares, por cuanto una de las demandadas estaba obligada a realizar pagos trimestrales de capital e intereses por 1 año, comenzando en abril de 2017, y solo realizó los dos primeros pagos.

2. Solicitud de suspensión y fundamentos

La decisión de la Corte responde a una solicitud de suspensión o stay of proceedings presentada el 31 de mayo de 2019 por el Procurador Especial de la República, José Ignacio Hernández. Algunos de los argumentos de la solicitud son los siguientes:

a. Si bien el gobierno de Guaidó es la única autoridad reconocida por los Estados Unidos de América, no cuenta con acceso completo al personal, operaciones, registros y demás documentos esenciales del gobierno y sus instrumentalidades (incluidas las demandadas).

b. Si bien el gobierno interino ha dado pasos importantes para proteger los activos de la nación, como ha sido el haber designado una nueva junta directiva ad-hoc para las filiales de PDVSA en el extranjero, esto no es suficiente para preservar los activos o mantener el control de las entidades demandadas.

c. Existe un inminente colapso económico en Venezuela lo cual dificulta el proceso de reestructuración de la deuda externa.

d. Las demandadas no se encuentran en posición de defenderse adecuadamente y responder a todos los alegatos que hiciera la demandante en este proceso. En efecto, el gobierno interino no puede acceder a la información crucial que sustenta el caso. De la misma forma, no tiene acceso a las cuentas bancarias o activos y no está en capacidad de saber con exactitud cómo fue la negociación del instrumento que sustenta la demanda.

3. Decisión de la corte

En vista del estado de indefensión de las demandadas, que les impide evaluar el alcance real del reclamo y confirmar o refutar los alegatos de la demandante, la Corte expresó que una suspensión del proceso por 120 días le permitiría a las demandadas recopilar tales evidencias para defenderse adecuadamente. De igual manera, la Corte sostuvo que el daño que podría sufrir la demandante por la suspensión era mínimo.

Esta decisión no solo es un precedente para las demás demandas en contra de la República y sus instrumentalidades, sino que también favorece la solución ordenada de todos los reclamos contra el sector público venezolano, conforme a los lineamientos para la renegociación de la deuda pública externa publicados recientemente por la oficina del Procurador Especial.

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* MsC Derecho Internacional Privado y Comparado UCV. Diploma de Postgrado en Estudios Legales University of Cambridge. Profesor de Derecho Internacional Privado UCAB y UCV.
** MsC Derecho Internacional Privado y Comparado UCV. LLM New York University School of Law. Profesor de Derecho Internacional Privado UCAB y UCV.
*** Abogado UCV. Cursante de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado de la UCV.

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