Novedades en la saga Lago Agrio/Ecuador v Texaco/Chevron

Por Laura Carballo Piñeiro

Las vicisitudes del caso iniciado en 1993 contra Texaco/Chevron por grave contaminación medioambiental en Lago Agrio (Ecuador) continúan, ahora vivas a través del exequátur en Canadá de la decisión ecuatoriana dictada en 2011 contra la compañía estadounidense, y la impugnación en los Países Bajos del fallo arbitral de la Corte Permanente de Arbitraje contra Ecuador.

Los afectados por la grave contaminación medioambiental de Lago Agrio llevan años intentando ejecutar el fallo de 9.500 millones de dólares en exequátur que se iniciaron en Argentina, Brasil y Canadá.

El Tribunal Superior de Justicia de Brasilia en sentencia SEC8542 de 29 de noviembre de 2017 decidió no conceder el reconocimiento alegando que Chevron Corporation no tiene bienes en Brasil y Chevron Brazil es un tercero frente al que no puede ejecutarse el fallo ecuatoriano. A similares conclusiones llegó el Tribunal de Distrito núm. 61 de Buenos Aires en octubre de 2017.

El 4 de abril de 2019 el Tribunal Supremo canadiense puso fin al periplo canadiense, país donde los nativos se habían posicionado abiertamente al lado de los habitantes de Lago Agrio. El Alto Tribunal no acepta la impugnación de la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Ontario de 2017 donde se declara que Chevron Canada es un tercero respecto a Chevron Corporation.

Casi en paralelo, el 15 de abril de 2019 el Tribunal Supremo de los Países Bajos ha fallado a favor de Chevron Corporation y, por tanto, rechazando la solicitud de Ecuador de anular las decisiones de un tribunal arbitral administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, ordenando a este país adoptar todos los pasos necesarios para evitar la ejecución del fallo ecuatoriano contra Chevron en cualquier país del mundo. La decisión se encuentra disponible aquí.

Para aproximarse a los detalles de la saga me permito recomendar el trabajo de Diego Fernández Arroyo, Adjudicating Public Interests by Private Means: The Inescapable Involvement of States in the Chevron/Ecuador Saga, y el mío propio, Access to Justice and Parallel Litigation: From Solitaire to Team Play, ambos publicados en el libro Global Private International Law. Adjudication without Frontiers, editado por Edgar Elgar en 2019.

Quizás sea también de interés para los lectores de este blog que Steven Donziger, el abogado que consiguió el fallo ecuatoriano, en fraude de ley y a través de sobornos y corrupción según el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York (y la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya), continúa su propia batalla judicial en los Estados Unidos.

El citado Tribunal de Distrito condenó a Donziger a pagar a Chevron Corporation los gastos de defensa en Ecuador, contabilizados en 944.463,85 dólares. La ejecución de esta decisión está siendo también controvertida como demuestra que en marzo de 2019, el tribunal tuviera que dictar un protocolo especial para analizar todos los aparatos electrónicos del Sr. Donziger dado que este no coopera con la ejecución.

El denominado Forensic Inspection Protocol está disponible en Transnational Dispute Management (TDM).

Su interés reside en el proceso diseñado para acceder a ordenadores y teléfonos inteligentes intentando respetar la privacidad del Sr. Donziger a través del nombramiento de un perito independiente que ha de cooperar con el perito de Chevron (Memorandum Re: Forensic Inspection Protocol, March 5, 2019, Chevron Corporation v. Steven Donziger et al, S.D.N.Y. Case No. 1:11-cv-00691-LAK-JCF, Doc. 2171)

En fin, a pesar de todos estos reveses, es probable que todavía sigamos teniendo noticias de este caso puesto que las comunidades de Lago Agrio parecen decididas a, finalmente, intentar la ejecución del fallo ecuatoriano en los Estados Unidos. Y ello a pesar de las vicisitudes del Sr. Donziger.

1 comentario en “Novedades en la saga Lago Agrio/Ecuador v Texaco/Chevron

  1. Professor Carballo, I am curious about your last paragraph. Is there an indication that the Lago Agrio plaintiffs intend to seek recognition and enforcement of the Ecuadoran judgment in the United States? That would be a surprising new development.

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