Venezuela: oportunidad para determinar la jurisdicción en consideración de la posible sumisión del demandado (Caso R. Raga Gutiérrez v. M. Martínez Giménez)

Por Javier L. Ochoa Muñoz

En reciente decisión de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, caso R. Raga Gutiérrez v. M. Martínez Giménez, 10/10/2018, se responde una duda sobre la oportunidad en la que puede determinarse la falta de jurisdicción, considerando la posibilidad de que las partes (especialmente la demandada) se sometan expresa o tácitamente.

Conforme al artículo 57 de nuestra Ley de Derecho Internacional Privado (LDIP), la “falta de jurisdicción del Juez venezolano respecto del Juez extranjero se declarará de oficio, o a solicitud de parte, en cualquier estado o grado del proceso.”

Sin embargo, en supuestos de hecho en los que no habría jurisdicción por virtud de otros criterios aplicables, la sumisión de las partes produce una “prorroga de la jurisdicción” (prorrogatio fori); en otras palabras, la sumisión atribuye jurisdicción.

Ahora bien, conforme a la misma LDIP, la sumisión puede ser expresa o tácita (arts. 40 ord. 4º; 42 ord. 2º, 44 y 45), y esta última resulta, “por parte del demandante, del hecho de interponer la demanda y, por parte del demandado, del hecho de realizar en el juicio, personalmente o por medio de apoderado, cualquier acto que no sea proponer la declinatoria de jurisdicción u oponerse a una medida preventiva” (art. 45 LDIP).

Dado, pues, que la sumisión puede ocurrir en un momento posterior a la demanda, pareciera razonable considerar que el juez no debe pronunciarse sobre la falta de jurisdicción, hasta tanto no se conozca cuál es la voluntad del demandado (expresa o tácita) sobre este aspecto.

Esta suposición, no obstante, podría chocar con la interpretación literal del citado artículo 57 LDIP, cuando expresa que la falta de jurisdicción puede declararse aun de oficio, “en cualquier estado o grado del proceso”.

Veamos como se resolvió esta posible contradicción.

El caso comentado versa sobre una demanda de “modificación de custodia” interpuesta por el padre de un niño de ocho años, ante un tribunal del Estado Yaracuy, Venezuela, en contra de la madre del niño. Esta se había residenciado en Colombia y, luego de discusiones y negociaciones con el padre, logró que la autorizara a llevarse temporalmente a su hijo, durante las vacaciones escolares. Como en muchos otros casos similares, que dan lugar normalmente a procedimientos de restitución internacional de niños, la madre se negó a regresar al niño.

Desconocemos exactamente por qué se intentó una demanda con el fin de “modificar la custodia”, en lugar de acudirse a los mecanismos de restitución internacional. Cualquiera sea el caso, lo relevante aquí es que el tribunal del Estado Yaracuy, con sede en la ciudad de San Felipe, declaró la falta de jurisdicción sin haber citado todavía al demandado. El juez se limitó a señalar que: “…verificado entonces, que la residencia temporal y actual del niño in comento se encuentra fuera de Venezuela, procede la falta de jurisdicción…”

El expediente fue remitido al Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, a los fines de la consulta obligatoria que establecen las normas procesales respectivas.

En su análisis, la Sala apunta la necesidad de observar el artículo 42 LDIP, que establece los criterios de jurisdicción aplicables a las acciones sobre el estado de las personas o las relaciones familiares, para aquellas situaciones en las que el demandado no se encuentra domiciliado en Venezuela. Dicha norma dispone lo siguiente:

“Art. 42. Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones sobre estado de las personas o las relaciones familiares:
1. Cuando el Derecho venezolano sea competente, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, para regir el fondo del litigio;
2. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción, siempre que la causa tenga una vinculación efectiva con el territorio de la República”.

Dando por descartada la operatividad del primer criterio, la Sala se detiene en el análisis del segundo, es decir, el de la sumisión. Al respecto se apoya en el citado artículo 45 LDIP, destacando especialmente que la sumisión tácita, por parte del demandado, resulta de realizar en el proceso “cualquier acto que no sea proponer la declinatoria de jurisdicción u oponerse a una medida preventiva”.

Luego, la Sala advierte lo siguiente:

«Bajo estas premisas, se aprecia que la parte demandada aún no ha sido citada, toda vez que la declaratoria de falta de jurisdicción … se produjo inmediatamente después de la interposición de la demanda.
Ello así, conforme a las normas señaladas para tomar una decisión ajustada a derecho y que esté orientada a garantizar el “interés superior del niño”, en este caso concreto debe la Sala declarar, en esta etapa del proceso, que no puede verificarse, expresa o tácitamente, la voluntad de la accionada de someterse a la jurisdicción de los tribunales venezolanos.
Por tal razón corresponderá la notificación de la parte demandada a fin de determinar si esta se somete -tácita o expresamente- a la jurisdicción de los tribunales venezolanos.
Advertido lo anterior debe la Sala concluir que, en esta etapa del proceso, el Poder Judicial venezolano tiene jurisdicción para conocer el caso de autos, debiendo ser revocada la sentencia sometida a consulta. Así se decide.»

En nuestra opinión, el criterio del Sala es acertado. Desde hace mucho tiempo hemos defendido esa misma interpretación de nuestras normas sobre jurisdicción. La posibilidad de sumisión tácita del demandado, tal como está recogida en el artículo 45 LDIP, pareciera sugerir una interpretación sistemática entre esta regla, y la prevista en el artículo 57, al referir que la falta de jurisdicción puede declararse “en cualquier estado y grado del proceso”. A nuestro entender, la decisión sobre la jurisdicción debería generalmente esperar a que se conozca la voluntad del demandado. Para ello se hace necesario proceder a su citación y observar después como se comporta.

Técnicamente podría debatirse la idea plasmada en la última parte de la sentencia, cuando afirma que “en esta etapa del proceso, el Poder Judicial venezolano tiene jurisdicción”. Se introduce un elemento temporal o provisional a la noción de la jurisdicción, algo extraño en la materia. Queda abierto el debate…

Nota: La decisión comentada se encuentra disponible en el portal del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, aquí. Probablemente quienes estén fuera de Venezuela no puedan acceder a dicho portal. Las razones de esta limitación, que muchos colegas han reportado desde hace algún tiempo, no han sido aclaradas por las autoridades competentes. En breve colocaremos el texto en algún formato que sea accesible a todos.
Trataremos por ahora con el siguiente link.

2 comentarios en “Venezuela: oportunidad para determinar la jurisdicción en consideración de la posible sumisión del demandado (Caso R. Raga Gutiérrez v. M. Martínez Giménez)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *