Brasil: Cambio importante en materia de reconocimiento de decisiones definitivas

Por Renata Alvares Gaspar

El sistema de reconocimiento de decisiones definitivas en Brasil, bajo el régimen jurídico anterior a la entrada en vigor del Nuevo Código de Proceso Civil, en adelante NCPC (Ley 13.105, marzo/2015), determinaba como requisito insoslayable al reconocimiento de sentencias extranjeras definitivas, que la parte interesada probase que había sido pasada en autoridad de cosa juzgada.

Por mandato del antiguo CPC (art. 483), esta materia era regida por las disposiciones del Reglamento Interno del STJ, art. 2016, D, III, que establecida, textualmente, que la decisión extranjera, definitiva por supuesto, para lograr eficacia en territorio nacional, precisaba tener autoridad de cosa juzgada. De tal suerte que la parte interesada precisaba comprobar, con certificación procesal o con algo que lo suplantase, autoridad de cosa juzgada de la sentencia definitiva que pretendía surtiese efectos en Brasil; de lo contrario, encontraba obstáculo insuperable.

Considerando el Derecho Internacional Privado clásico en materia de reconocimiento de sentencias extrajeras, tal requisito no era tan llamativo; inclusive no sugería que fuese disposición legal exorbitante. Sin embargo, a la luz de la literatura justprivatista internacional contemporánea, tal exigencia es entendida como un obstáculo a la circulación de decisiones, lo que puede causar perjuicios a las personas que se relacionan en este ámbito, además de ir en contra del sistema de importación de eficacia de las decisiones extranjeras.

En un mundo globalizado, donde las relaciones plurilocalizadas están a la orden del día, los procesos de reconocimiento de decisiones extranjeras, sean ellas interlocutorias o definitivas, precisan ser más fluidos y, sobre todo, orientarse con vistas a respetar a las autoridades extranjeras competentes que dictan decisiones y, sobre todo, orientarse por el principio de libre circulación de las decisiones, considerado como derecho fundamental vinculado al derecho de acceso a la justicia.

Por ello, en este sentido, dispone el Capítulo 7 de los Principios ASADIP sobre el Acceso Transnacional a la Justicia – TRANSJUS, específicamente en el 7.1:

“La eficacia extraterritorial de las decisiones es un derecho fundamental, estrechamente vinculado con el derecho de acceso a la justicia y con los derechos fundamentales del debido proceso. Por lo tanto, los jueces y demás autoridades estatales procurarán siempre favorecer la eficacia de dicha decisión al interpretar y aplicar los requisitos con los que debe cumplir dicha decisión foránea”.

Desde esta perspectiva, admitir la eficacia extraterritorial de las decisiones, en un mundo conocido como aldea global, es imperioso para garantizar el acceso efectivo a la justicia. Por lo tanto, más que en otros momentos históricos, es preciso considerar que las decisiones deberán producir sus efectos jurídicos en todo el mundo, en los exactos límites en que producen en el territorio en donde hayan sido dictadas.

Dicho de otra forma, para que las decisiones circulen libremente, y con ello observar el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, deben producir en cualquier Estado los mismos efectos que producen en el Estado en que han sido proferidas.

No por otra razón, así disponen los Principios TRANSJUS, en su art. 7.9:

“Una decisión extranjera surte efectos en el Estado receptor a partir del momento en que dicha decisión adquiere eficacia en el Estado de origen”.

Con la entrada en vigor del NCPC en Brasil, el legislador no desperdició la oportunidad de modificar los dispositivos que disciplinan esta temática, a fines de que el sistema procesal brasileño cumpla su cometido, ofreciendo mecanismos efectivos de cooperación jurídica internacional, justamente, uno de los principios que le rigen.

De tal suerte que, en el Capítulo VII del NCPC, específicamente en el art. 963, III, se establece como requisito para el reconocimiento de cualquier decisión extranjera, que la misma sea eficaz en el país en que ha sido dictada. Con lo cual, tal dispositivo, por regla general del sistema, siendo norma posterior deroga la anterior con la cual entra en colisión. Así que, en vistas de la mejor hermenéutica, con la entrada en vigor del NCPC el art. 216, D del Regimiento Interno del STJ quedó derogado, para que la autoridad de cosa juzgada no sea más un requisito indispensable para que en Brasil una sentencia definitiva pueda desplegar sus efectos jurídicos. En una de las primeras intervenciones del tribunal de reconocimiento en Brasil, tras la entrada en vigor del NCPC, se notó el referido cambio y su importancia.

Ello se dio en el asunto SEC 14.812 BG. En este caso, el tribunal conoció de una sentencia homologatoria de acuerdo entre partes, en el ámbito del derecho de familia, en que la pareja dispuso entre otras cuestiones sobre la guarda y protección de los menores ante los tribunales búlgaros, lugar de residencia de ambos. Tal decisión, según el relato constante en el asunto referido, fue dictada por el 2° juzgado de lo civil de Sofia, Bulgaria, el 19 de febrero de 2015, en el asunto No. 5343/2013.Con ella se homologó el acuerdo en el que las partes decidieron temas relativos a la guarda y visita de los menores. Tal decisión homologatoria alcanzó autoridad de cosa juzgada. La progenitora, por lo tanto, acudió ante el STJ en Brasil, para reconocer esta decisión y comprobó la autoridad de cosa juzgada de la referida decisión búlgara.

En su contestación, el progenitor advierte y adjunta al proceso prueba documental, de que esta decisión, que había pasado en autoridad de cosa juzgada, fue suspendida por otro tribunal, en función de una demanda que está en trámite, para modificar el acuerdo establecido entre partes. El tribunal en donde tramita esta demanda, dictó orden de suspensión de los efectos de la sentencia anterior, hasta que se decida sobre la petición de modificación.

Con lo cual el progenitor logró comprobar en el proceso de reconocimiento, que la sentencia pasada en autoridad de juzgada está suspendida y, por lo tanto, no cumple con el requisito del 963, III, cual es, que la decisión sea eficaz en el Estado en donde haya sido dictada.

Bajo el régimen jurídico anterior, la progenitora, probablemente, habría tenido éxito en su petición de reconocimiento, puesto que el requisito de autoridad de cosa juzgada estaba presente. En este caso, no habría podido el STJ obstaculizar el reconocimiento en función de estar en trámite una demanda de modificación del acuerdo homologado, puesto que el proceso todavía no ha llegado a la solución final – pasado en autoridad de cosa juzgada.

De tal suerte que se puede decir que esta modificación que ha sido introducida con la entrada en vigor del NCPC en Brasil, con algunos pocos reparos, que mejora el sistema de Derecho procesal civil internacional, de cara a la cooperación jurídica internacional, colaborando para garantizar el acceso efectivo a la justicia en los supuestos plurilocalizados.

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