Colombia: Principios aplicables al reconocimiento de laudos extranjeros

Por Claudia Madrid Martínez

El 12 de julio de 2017, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia Colombiana, en una clara actitud favorable al reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros, enumeró los principios que deben regir en este procedimiento al conocer del proceso de reconocimiento del laudo arbitral proferido en el caso No. 16088/JFR/CA, administrado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en el proceso que promovió Tampico Beverages Inc. contra Productos Naturales de la Sabana S.A. Alquería.

En efecto, el 1 de febrero de 2001 las partes celebraron un negocio de licencia de marca, que se ejecutó hasta el año 2009, momento en el cual se presentaron desavenencias respecto a su cumplimiento. Concluido el contrato por Tampico, ésta acudió a arbitraje a fin de que se declarase la terminación legal del contrato, y se desestimara la existencia de una agencia comercial entre las partes, con una condena de daños derivados de la indebida comercialización de los productos identificados con la marca. Alquería se opuso y formuló demanda de reconvención.

En el laudo final, el cual se emitió el 25 de junio de 2012, se declaró con lugar la demanda, salvo el tema de la indemnización y se desestimó la reconvención, por no existir entre las partes un contrato de agencia. Posteriormente, Alquería interpuso una acción de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, la cual fue rechazada, por considerar que los árbitros actuaron dentro de sus facultades legales y convencionales.

La demandada en sede de reconocimiento se opuso al mismo, alegando que en el proceso arbitral se impidió el ejercicio de sus derechos, se desatendió el procedimiento convencionalmente pactado, y con la decisión se vulneró el orden público internacional de Colombia.

El principal fundamento para estos alegatos fue la vulneración de los principios de independencia e imparcialidad, como componentes estructurales del debido proceso, cuyo desconocimiento debe llevar a la denegación del exequátur, al transgredir el orden público internacional de Colombia. La demandada alegó que incluso las directrices de la IBA (International Bar Association), reconocen la obligatoriedad de la objetividad de los árbitros, que se expresa, entre otras cargas, en la revelación de todos los factores que puedan comprometerla.

El caso es que “[l]a omisión del árbitro, doctor Silva Romero[,] de informar su relación con el apoderado de Tampico… le impidió a Alquería hacer valer en el Arbitraje 16088 un derecho fundamental”, particularmente, recusar al árbitro, conforme al artículo 11 del Reglamento de Arbitraje de la CCI, lo cual atenta contra el orden público internacional de Colombia. El hecho de que el árbitro no haya revelado la top5talidad de relaciones con la otra parte constituye una violación del deber de los árbitros de ser y permanecer independientes.

Por su parte, la demandante explicó que, únicamente la vulneración material y efectiva del debido proceso, podría impedir la homologación, siempre que se traduzca en una afectación del resultado del arbitraje y que el tema se haya ventilado en anulación. Además cuestionó que la demandada no haya hecho este alegado en sede arbitral. En definitiva, la demandante no admite que haya habido violación del procedimiento arbitral, “…en tanto la opositora no justificó su conclusión, más allá de recordar sus quejas sobre la independencia e imparcialidad”.

Para decidir, la Sala comienza declarando que su decisión, además de los tratados internacionales, “…se sujetará a la ley 1563 de 2012, por cuanto el proceso de exequatur se promovió el 27 de agosto de 2014 (folio 259), esto es, después de su entrada en vigencia”. No resulta en cambio aplicable el Código General del Proceso, debido que “…sólo podrán considerarse las reglas especialmente diseñadas para el reconocimiento de laudos arbitrales proferidos en el extranjero”.

Luego, este organismo define a la “homologación” como “…un trámite jurisdiccional que busca otorgar, a una sentencia judicial proveniente del exterior, o a un laudo internacional, efectos equivalentes a los de un proveído local, de suerte que, sin adelantar un nuevo juicio, pueda lograrse su cumplimiento o ejecución en Colombia”. Con este procedimiento se garantiza la circulación de decisiones sin vulnerar el principio de monopolio de la función jurisdiccional que detentan los Estados.

Aclarado este concepto, la Sala establece los principios que guían el proceso de homologación. En primer término, se refiere al principio de internacionalidad de la interpretación, lo cual implica la búsqueda de “…una hermenéutica que trascienda la esfera nacional y que propenda por un entendimiento común o, por lo menos, armónica con la conceptualización realizada por estrados judiciales de otros países. No puede olvidarse que están sobre la mesa tratados multilaterales y normas modelo, por lo que sería irrazonable que cada Estado tenga una interpretación diferente, aunque los supuestos normativos sean idénticos”.

Este principio es reconocido por el artículo 64 de la ley 1563, al disponer que en “…la interpretación del arbitraje internacional habrán de tenerse en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe”. Se excluye así “…la posibilidad de acudir a los estándares locales para desentrañar el contenido de las prescripciones transnacionales, o para complementarlas, pues con esto se atentaría la mencionada internacionalidad. Por ello, el citado artículo 64 dispone que ‘[l]as cuestiones reguladas en materia de arbitraje internacional que no estén expresamente resueltas en ella se resolverán de conformidad con los principios generales que la inspiran’”.

En segundo lugar, la Sala se refiere al principio pro-reconocimiento, derivado de la obligación contenida en los artículos III de la Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros y 4 de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, de reconocer la autoridad de la sentencia arbitral y conceder su ejecución, siempre que se satisfagan las condiciones allí previstas.

En tal sentido, el principio pro-reconocimiento tiene como objetivo “…preferir el otorgamiento de fuerza vinculante al laudo en el país en que se promueve el exequatur, aún en casos de duda, salvo que deba rechazarse por configurarse una causal de denegación”. Adicionalmente, la interpretación de las normas aplicables debe orientarse a imponer menores exigencias para el reconocimiento.

El tercer principio es el de taxatividad de las causales de denegación. La Convención de Nueva York “…procuró la estandarización de los motivos para rehusar el exequatur de laudos internacionales, de suerte que este aspecto no quedara al arbitrio de cada país, sino que se propendiera por la uniformidad entre los diversos regímenes normativos, sin perjuicio del principio pro-ejecución”.

Así, el tratado estableció siete causales de denegación de reconocimiento, las cuales han de interpretarse restrictivamente. “Se trata de un listado numerus clausus, definido de manera exhaustiva, que guarda armonía con el artículo 5 de la Convención de Panamá y el artículo 112 de la ley 1563, aunque son algunas pequeñas variaciones”.

El cuarto lugar, el reconocimiento no ha de suponer una revisión sustancial del laudo. En efecto, “El tribunal, ante quien se promueva el exequatur, deberá circunscribir su estudio a la verificación de los requisitos formales establecidos en la regulación para concederlo, sin reexaminar la relación jurídica sustancial”, pues “…la homologación no constituye una instancia adicional o un recurso de alzada, que permita al opositor cuestionar la decisión arbitral, sino un instrumento para revisar ciertos aspectos extrínsecos al proveído y garantizar su armonía con los estándares regulatorios del país. Por ello, el fallador no podrá adentrarse en la revisión ‘de las decisiones’, ni ‘introducir modificaciones o aclaraciones al contendido de las mismas’ (CSJ, AC, 3 may. 2012, rad. n° 2008-01760-00)”.

El doble control figura en quinto lugar. Este principio supone que en el país de sede del arbitraje existe la posibilidad de acudir a la justicia ordinaria para lograr la suspensión o anulación del laudo, como una forma de control de validez y que, adicionalmente, en el país de reconocimiento, exista la manera de impulsar un procedimiento tendiente a su cumplimiento o ejecución.

Esto, según indica la Sala “…no significa que los mecanismos pierdan su independencia, ya que se diferencian por los efectos territoriales que son predicables de cada uno. Total que la anulación, por promoverse en el lugar en que se profirió el laudo y conforme a la ley de dicho país, sólo tiene efectos en dicha circunscripción. Mientras que la homologación tendrá eficacia en el Estado en que se promueva, por suponer una revisión del orden público interno”.

A continuación, pasa la Sala a examinar los requisitos establecidos en el artículo V de la Convención de Nueva York y determina que, en el caso concreto, se satisfacen tales requisitos. No obstante, la Sala entra a analizar el tema de la arbitrabilidad del litigio y lo relativo al orden público.

En relación con la arbitrabilidad de la controversia, la Sala cita los artículos 116 de la Constitución Política y 13,3 de la ley 270 de 1996, para afirmar que podrá acudirse a arbitraje en todos los casos señalados por la ley. “A su vez, el canon 69 de la ley 1563 precisó que, en materia comercial internacional, se podrán arbitrar todas las controversias surgidas de relaciones jurídicas determinadas, contractuales o no”. Finalmente, el artículo 15 del Código Civil dispone que podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, “…con tal que solo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia”.

“En suma, la arbitrabilidad objetiva está condicionada a que se trate de controversias comerciales, surgidas de una relación jurídica determinada, sobre derechos de libre disposición y susceptibles de ser renunciados”.

En el caso concreto, la Corte considera satisfecho este requisito pues la controversia versa sobre un “…contrato marcario, entre partes claramente determinadas y frente a prestaciones que únicamente incumben a las mismas… Remárquese que los asuntos en disputa eran esencialmente patrimoniales, derivados de unos perjuicios causados con la supuesta terminación irregular de un contrato, cuya tipicidad también estaba en entredicho, por lo que son prestaciones renunciables y, por ende, transigibles”.

En relación con el orden público, la Sala comienza por admitir que, actualmente, se aceptan diversas acepciones del orden público “…dependiendo de su alcance y campo de aplicación”. En tal sentido, “…se habla de orden público (i) de dirección, para denotar las normas que regulan el logro de los objetivos del Estado; (ii) de protección, relativo a los instrumentos de promoción de actividades o personas; (iii) nacional, que incluye todos los principios y cánones que establecen las reglas mínimas de funcionamiento de la sociedad; (iv) internacional, que denota los valores esenciales de un Estado, que no son susceptibles de negociación en el concierto internacional; (v) trasnacional, representado en los principios compartidos por todas las naciones civilizadas; (vi) verdaderamente internacional, vinculado a las nociones mínimas de justicia y moralidad que son aceptadas por diferentes sociedades alrededor del mundo”.

En el caso de Colombia, la ley 1563 precisó que, en materia de exequátur, ha de entenderse al orden público en su sentido de “orden público internacional de Colombia”. Así, “…bastará verificar que la sentencia arbitral esté en armonía con las máximas fundamentales de las diversas instituciones jurídicas patrias”.

Este orden público, no obstante, ha de interpretarse en concordancia con el principio pro-ejecución, “…con el fin de evitar hermenéuticas extensivas y acotar su alcance a los mínimos esenciales, así como resolver los casos dudosos a favor del reconocimiento. Tal es la regla interpretativa internacionalmente admitida y cuyo precedente más emblemático es la sentencia de 23 de diciembre de 1974, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos de América. Allí se dijo que el sesgo pro-ejecución conlleva una lectura restrictiva de la excepción del orden público, pues de lo contrario se desconocería la razón de ser de la Convención de Nueva York, como es ‘remover los obstáculos preexistentes para lograr la ejecución’”.

En el caso concreto, “no se advierte que el laudo proferido en el caso n° 16088/JFR/CA desconozca los valores o principios básicos de la juridicidad nacional, pues la decisión del tribunal arbitral se fundamentó en el respecto de la autonomía de la voluntad, que es precisamente el soporte nuclear de nuestro sistema contractual (artículos 335 de la Constitución Política, 1495, 1502 del Código Civil, 4 y 846 del Código de Comercio)”.

“…tampoco se avizora una vulneración de los estándares mínimos del debido proceso, porque la Alquería intervino en el proceso en salvaguardia de sus intereses, contendiendo con las alegaciones de su contraparte y formulando las propias”.

No se consideró tampoco vulnerado el llamado orden público procesal, debido a la falta de revelación por parte de uno de los árbitros de su relación con la demandante. Tal situación “…que podría ser reprochable desde un punto de vista ético, e incluso atentar contra normas imperativas locales, no tiene al alcance de impedir el reconocimiento del laudo, por cuanto no contraviene el orden público internacional de Colombia”.

“Es claro, entonces, que una de las máximas fundamentales del debido proceso, en Colombia, es la autonomía e independencia del juzgador, por lo que resulta innegociable en el ámbito mundial. Sin embargo, en orden a determinar cuáles situaciones pueden subvertir las bases fundamentales de la garantía de marras, es menester efectuar un análisis caso por caso, teniendo como marco de referencia el carácter restrictivo del orden público internacional, la interpretación pro-internacionalidad, y el principio pro-ejecución”.

En definitiva, aunque era imperativo para el árbitro hacer evaluación de su eventual parcialidad, una ponderación de estas circunstancias muestra razonablemente la ausencia de afectación a la imparcialidad del Tribunal en el caso concreto. “Aunque se admitiera que hubo un yerro en el comportamiento del señor Silva Romero, el mismo tampoco podría calificarse como atentatorio del orden público internacional colombiano”.

En relación con las causales de parte, el tribunal determinó que “…Alquería pudo hacer valer sus derechos en el proceso y, en todo caso, se admitirse un cercenamiento, el mismo no afectó la posibilidad de plantear sus argumentos en la actuación” y, además, afirmó que no pudo demostrarse que el árbitro hubiese actuados en contravención del reglamento de arbitraje de la CCI, aplicable en este caso.

Por las razones expuestas, la Sala de Casación Civil concedió el reconocimiento del laudo arbitral proferido en el caso No. 16088/JFR/CA, administrado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

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