Brasil: Aún el asunto Chevron: la decisión en sede de reconocimiento de decisión extranjera, adoptada recientemente por el Superior Tribunal de Justicia (STJ)

Por Renata Alvares Gaspar y Luciane Klein Vieira

El 3 de junio de 2015 hemos publicado en este blog la noticia jurídica de que el Caso Chevron había llegado a Brasil, por las manos de una acción de reconocimiento de sentencia extranjera (Caso Chevron… de Hollywood al STJ: comentarios al Dictamen nº 2.811/2015, del MPF).

En aquel entonces, ya advertíamos muchas de las cuestiones que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) -órgano máximo del Poder Judicial brasileño, en materia de derecho infraconstitucional, con competencia exclusiva para decidir sobre el reconocimiento de decisiones extranjeras -tendría que afrontar, desde la perspectiva jurídica, en un supuesto de hecho que está siendo muy comentado en el mundo, por todas las cuestiones que lo enmarcan. Y como elemento de complejidad, este asunto toca a diversas áreas del derecho, sea del internacional público como del privado, colocando en evidencia la desaparición de las fronteras entre las ramas del conocimiento jurídico, si es que alguna vez las hemos podido considerar como reales.

Lo cierto es que el 15 de marzo de 2018 ha sido publicada en el Diario Oficial de Justicia y en el sitio oficial del STJ la decisión que la Corte Especial ha adoptado en este asunto. Puede verse aquí.

En ella, el STJ deniega la homologación de la sentencia extranjera solicitada, bajo el argumento de que la jurisdicción brasileña no tiene proximidad o conexión suficiente, para decidir de otra forma, ya que en Brasil la demandada no tiene su sede y tampoco tiene en el país activos financieros o bienes que puedan satisfacer a la obligación perseguida por los demandantes.

Muchas novedades en los argumentos. Veámoslos.

El STJ, por lo general, ha mantenido el tono de sus decisiones en sede de reconocimiento de decisiones extranjeras, en la medida en que intenta – y por diversas veces lo logra – esgrimir argumentos preponderantemente jurídicos, respecto a la aplicación del régimen jurídico a esos procesos. Y ello se nota de entrada, por el hecho de que el dictamen de la Fiscalía no haya tocado o contaminado el examen del supuesto de hecho, sobre todo por su carácter extra-jurídico, como ya lo hemos indicado en nuestro comentario anterior.

La decisión dictada desestimó a todos los argumentos debatidos por la demandada, excepto al siguiente:

“falta de interés procesal de accionar de los autores y del Estado brasileño, pues no hay bienes en el territorio nacional pasibles de ejecución y es inadmisible la supresión de la personalidad jurídica de otras empresas que no integraron la demanda”. (Traducción nuestra)

Y ¿cuál es la razón para que tal argumento, bajo la luz de la mejor doctrina de DIPr – y de aquella más contemporánea – nos haya llamado la atención en esta decisión? Es que en función de la tradicional sistemática procesal brasileña, los elementos referentes a la proximidad y a la conexión con el foro no podrían constituirse en argumentos jurídicos para los tribunales, una vez que siempre – y por lo general, históricamente -, estos consideraban a la jurisdicción como una cuestión de soberanía; con lo cual, cuestionarla era casi una subversión. De tal suerte que, muy a pesar de las enseñanzas de los grandes internacionalprivatistas nacionales y/o extranjeros en favor de un DIPr volcado en la justicia material, dentro de una comunidad global, la sistemática procesal que entonces estaba vigente en Brasil – antes de la entrada en vigor del Código Procesal Brasileño, llevada a cabo en 2016 – no permitía mayores digresiones sobre este particular, puesto que sus normas eran consideradas de orden público; o de interés por razones de soberanía.

A propósito del análisis de la proximidad de la jurisdicción nacional para evaluar su efectividad en este asunto, el STJ ha tenido que adentrar en cuestiones actuales del DIPr muy interesantes, aunque no las haya mencionado por su nombre o denominación propia, como por ejemplo, la doctrina del forum non conveniens.

Bajo el título 4.2: Jurisdicción Brasileña, el voto del Ministro Luís Felipe Salomão, acompañado de forma unánime por todos los integrantes de la Corte Especial, sostuvo que la jurisdicción nacional no tiene conexión suficiente con el asunto, lo que violaría el principio de la efectividad de la propia jurisdicción. Y así lo han decidido, de forma colegiada, todos los ministros, que entendieron que la prestación de la jurisdicción, en este caso, no sería efectiva, ya que en Brasil, además de la demandada no poseer sede (apenas sucursal, en 7º grado y, que no solo no ha participado como demandada en los procesos condenatorios, como además, tiene patrimonio propio, que hipotéticamente, no podría ser alcanzado por las deudas de otras empresas), tampoco tiene activos financieros o patrimonio para satisfacer a la obligación derivada de su condena.

De esta forma, y sin entrar en otros puntos que extrapolarían los límites de este breve comentario, nos pareció por demás importante esta decisión, en la medida en que abrió la puerta para que ahora, bajo la vigencia del nuevo CPC, puedan ser esgrimidos argumentos relativos al forum non conveniens, al forum shopping, a las medidas antiproceso y, además, a otras cuestiones actuales del Derecho Procesal Civil Internacional, que importan a la hora de perseguirse la realización de la Justicia en los supuestos plurilocalizados o multiconectados.

Por fin, la decisión pareciera ser una señal de un sistema de justicia saludable e independiente, ya que el STJ no cayó en la trampa en la que cayeron los sistemas de justicia canadiense y argentino, al denegar el reconocimiento de la sentencia proferida en Ecuador, por el simple hecho de que el sistema de justicia estadunidense la había considerado fruto de corrupción.

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