México: homologación de sentencia extranjera e interés superior del menor

Por Enrique Arcipreste Morales*

El pasado 29 de septiembre de 2017 fueron publicadas en el Seminario Judicial de la Federación dos Tesis Aisladas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, extraídas de la sentencia del Amparo en revisión 1357/2015 resuelto el primero de febrero de 2017, versan sobre la homologación de una sentencia extranjera. Tales criterios abordan, por un lado, aspectos procesales acerca de la homologación parcial de una sentencia y, por otro lado, aspectos de fondo con respecto a la valoración del interés superior del menor en el procedimiento de homologación.

Los referidos criterios surgen de un conflicto entre una pareja, padres de una menor, con residencia en Estados Unidos, que decide separarse. El hombre promovió demanda de divorcio en Estados Unidos y ésta fue resuelta en el sentido de decretar el divorcio, así como de nombrar al padre tutor de la niña; además, se ordenó la manutención a cargo de la madre, así como de otras prestaciones económicas a cargo de ella.

Posteriormente, el cónyuge promovió incidente de homologación de la sentencia extranjera para que ésta fuera ejecutada en México. La Sala familiar que conoció del asunto concedió la homologación y ejecución, salvo en lo relativo a la guardia y custodia, en razón de que el padre había perdido la patria potestad en un juicio tramitado en México de manera paralela.

Por lo anterior, ambos progenitores promovieron sus respectivos amparos. El juicio de garantías fue resuelto en favor de la madre y sobreseído en el del padre. Dicha resolución constituyó la litis en el amparo en revisión 1357/2015, en el cual la Primera Sala resolvió finalmente revocar la resolución anterior y negar el amparo a la madre, puesto que se consideró que los alegatos por ella formulados pretendían que se realizara una revisión de la justicia del fallo extranjero, o el análisis de sus fundamentos de hecho o de derecho, con lo cual se desnaturalizaría el procedimiento de homologaciónn o exequátur.

En este sentido, la Tesis: 1a. CXXIX/2017 (10a.) establece que lo dispuesto en el artículo 608, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, respecto a la posibilidad de que el juzgador admita parcialmente la homologación de una sentencia extranjera se abre a petición de parte interesada, no constituye un requisito que deba cumplir la sentencia para lograr su homologación; sino, más bien, una regla respecto de la posible resolución del incidente de homologación. Lo anterior, en beneficio del ejecutante.

El texto completo de la Tesis Aislada es el siguiente:

EFICACIA PARCIAL DE LA SENTENCIA EXTRANJERA. PARA QUE EL JUEZ LA ADMITA NO ES EXIGIBLE QUE SE HAYA PEDIDO LA HOMOLOGACIÓN DE UNA PARTE DE ESE FALLO.

De la interpretación jurídica del artículo 608, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, referente a que si una sentencia, laudo o resolución jurisdiccional extranjera no pudiera tener eficacia en su totalidad, el tribunal podrá admitir su eficacia parcial a petición de parte interesada; se determina que esa disposición no se refiere a un requisito que deba cumplir la sentencia extranjera para lograr su homologación, sino una regla atinente a la resolución del incidente de homologación de sentencia extranjera, establecida en beneficio del ejecutante, por la cual se permite que ésta pueda ejecutarse en la parte homologable, a pesar de que haya otra que no pueda serlo, y la circunstancia de que para esto deba mediar petición de parte interesada, obedece a que el procedimiento de homologación o exequátur inicia por el exhorto dirigido por el juez extranjero al del país donde el fallo deba ejecutarse, es decir, en principio es una comunicación entre autoridades jurisdiccionales, de ahí que la ley requiera la intervención del ejecutante en el proceso de exequátur para que el juez de la homologación ordene la ejecución parcial de la sentencia, lo cual ordinariamente ocurre ante el hecho de que el ejecutante suele ser quien hace llegar el exhorto del juez extranjero al nacional para iniciar el procedimiento de homologación. Por tanto, es incorrecto interpretar la norma en el sentido de que la eficacia parcial de la sentencia extranjera sólo es factible cuando el interesado pide la ejecución de una parte de la sentencia, pues el derecho de acción no puede llevarse al extremo de exigir a las partes pedir exactamente aquello que a la postre el juez considere demostrado en el juicio, sino que implica la posibilidad de pedir todo aquello a lo que se considera tener derecho, y será el juzgador quien determine si le asiste o no la razón, o si sólo la tiene en parte; además, no habría motivo jurídico para negar aquello en lo que se ha demostrado tener derecho. En ese sentido, debe entenderse el principio de congruencia de las sentencias, porque el tribunal, ocupándose de lo pedido en la demanda, determina si se tiene derecho a todo o a una parte; de modo que la incongruencia se genera por conceder más de lo pedido, o algo diferente, pero no cuando se concede menos, ya que en este último caso lo que se acoge forma parte de la materia del juicio. Esto corresponde con una de las manifestaciones del principio dispositivo del proceso, consistente en que las partes determinan la materia litigiosa del juicio al exponer ante el juez sus pretensiones en la demanda o la contestación; e incluso se les impone la carga de hacer valer todas las acciones que se tengan contra la misma persona, respecto de una misma cosa y que provengan de la misma causa, bajo pena de extinción de las que no se hayan planteado, de forma que las partes cumplen su carga al pedir todo aquello a lo que consideran tener derecho y será el juez quien determine si les asiste o no la razón sobre la totalidad o sólo respecto a una parte.

Ahora bien, relacionado con el interés superior del menor en los procesos de homologación de sentencia extranjera, la Tesis: 1a. CXXVIII/2017 (10a.) establece que, si bien uno de los requisitos para permitir la homologación de una sentencia extranjera es que ésta no contravenga el orden público del país, en el cual puede encontrarse el principio del interés superior del menor, este análisis debe realizarse en armonía con las reglas que rigen el procedimiento de exequátur.

En este sentido, aún con el argumento de valorar el interés superior del menor, no podría entrarse al estudio de si en el caso concreto del que versa la sentencia extranjera el menor se vio o no afectado, puesto que esto desnaturalizaría el procedimiento de homologación o exequátur.

El texto completo de la Tesis es el siguiente:

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU VALORACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA.

Conforme al artículo 606, fracción VII, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, una de las condiciones necesarias para la homologación de sentencia extranjera, consiste en que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden público en México. Ahora, si bien dentro de ese orden público está incluido el interés superior del menor, la valoración de si se cumple la condición citada debe realizarse en armonía con el resto de las reglas rectoras del proceso de homologación o exequátur para no desnaturalizarlo, entre ellas, la que prohíbe al juez de homologación examinar y decidir sobre la justicia o injusticia del fallo extranjero, o sobre los fundamentos de hecho o de derecho en que se apoye, prevista en el artículo 608, fracción IV, del código citado; por lo que dicho examen no puede implicar el análisis de si la cuestión decidida en la sentencia extranjera se ajusta en mayor o menor medida al interés de los menores implicados en el asunto concreto o si se les afectó en alguna medida, sino que, a lo sumo, considerando que la afectación al orden público es una excepción cuya interpretación es estricta, y como lo indica el precepto analizado, lo más que puede hacer el tribunal de homologación es advertir si la obligación establecida en la condena, por sí misma, es ofensiva a los derechos del niño de forma evidente y extremadamente grave, que resulte intolerable o inadmisible su reconocimiento y ejecución.

Así, ambos criterios judiciales establecen precedentes importantes respecto del proceso de homologación o exequátur de una sentencia extranjera, en el cual debe valorarse el orden público del país donde se pretende homologar y ejecutar dicha sentencia, pero siempre en armonía con las reglas que rigen dicho proceso, a fin de no desnaturalizar la figura.

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*Estudiante de la Licenciatura en Derecho, CIDE

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