Venezuela: Fuerza probatoria de la sentencia extranjera como documento público

Por Claudia Madrid Martínez

Recientemente, en decisión de fecha 15 de noviembre de 2017, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia admitió el valor probatorio de una sentencia estadounidense de divorcio, sin necesidad de exequátur, centrando su análisis en el carácter de documento público ostentado por la sentencia.

En efecto, en un juicio por acción mero declarativa de reconocimiento de unión concubinaria, llevado ante tribunales del estado Nueva Esparta, por Mayra Carolina Barrueta Viloria contra Bruce Andrew Pestano Tulloch, el tribunal de apelación había decidido revocar el fallo apelado y declarar con lugar la demanda merodeclarativa de concubinato.

Contra la decisión el tribunal de apelación, el demandado anunció recurso de casación, en el cual, entre otras cosas alegó que seguía legalmente casado, pues en el procedimiento de exequátur de la sentencia extranjera de divorcio iniciado por él se decretó la perención de la instancia. En su opinión, al tratarse de una cuestión de orden público, el tribunal ha debido pronunciarse de oficio, pues al no haber obtenido “…la sentencia extranjera de divorcio el correspondiente pase o fuerza ejecutoria por parte de un órgano jurisdiccional, la misma es carente de toda validez y eficacia”.

La Sala desechó este alegato afirmando que “…al ser el objeto perseguido por la parte actora en la presente acción la simple declaración de certeza por parte de un órgano jurisdiccional de la unión estable de hecho que mantuvo con el demandado, mal podría considerarse, en algún sentido, que se ha quebrantado con la presente demanda, el orden público, las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley”.

En opinión de la Sala “…la censura apunta principalmente hacia la falta de aplicación del artículo 767 del Código Civil, ya que el argumento predominante se inclina en sostener que el juez de alzada debió aplicar lo previsto en la parte in fine de la norma invocada, pues el demandado sigue siendo en el territorio de la República, de estado civil casado, situación que fue la que generó, la infracción por parte del ad quem de lo contenido en los artículos 53 y 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado y del artículo 850 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, ya que el juez de alzada no debió haberle conferido ningún tipo de valor a la sentencia extranjera de divorcio del ciudadano Bruce Pestano, por carecer la misma, del respectivo pase o exequátur por parte del órgano jurisdiccional correspondiente”.

Nótese que el problema gira en torno a la determinación de la existencia de un concubinato cuya validez depende de la efectiva disolución o no del matrimonio. Si se otorga validez a la sentencia extranjera de divorcio, el concubinato sería válido. Si, en caso contrario, no se reconoce efectos a la sentencia extranjera de divorcio en Venezuela, no podría habla4se de concubinato.

Al respecto, la Sala afirma:

“…con respecto a los efectos que podría derivarse de los fallos dictados por autoridades extranjeras, nuestro legislador en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, ha dispuesto de una forma precisa, cuales son los presupuestos necesarios para que puedan ser reconocidos en el territorio nacional los efectos derivados de los fallos emanados por autoridades judiciales extranjeras.

Sin embargo, cabe destacar, en la referida norma no se distingue entre los tipos de efectos que pueden surgir de una sentencia extranjera, los cuales, según la doctrina mayoritaria, se encuentran divididos en dos vertientes, los efectos de la sentencia como documento extranjero y los efectos de la sentencia como acto procesal extranjero.

Con respecto a los efectos de la sentencia como documento extranjero, debe señalarse que por el simple hecho de ser la sentencia, un documento, la misma es suficiente para probarse a sí misma, pues como un documento público emanado de una autoridad, siempre y cuando cuente con la debida legalización o apostillado, tiene la suficiente fuerza probatoria para demostrar los hechos y declaraciones que se encuentran contenidos en la misma, pues su fuerza documental no puede quedar sometida al cumplimiento de los presupuestos de eficacia contenidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado.

En cuanto a los efectos de las sentencias extranjeras como acto jurisdiccional, los mismos se encuentran divididos en dos grupos a saber: los materiales y los procesales. Los materiales son aquellos que se refieren al contenido sustantivo de la sentencia; y los procesales, que son los inherentes al carácter de acto jurisdiccional de la sentencia, donde se encuentran comprendidos el efecto de cosa juzgada y el efecto ejecutorio”.

De hecho, “…como bien lo dictaminó el ad quem, no se puede escapar de la realidad procesal, que el ciudadano Bruce Pestano, cuenta con un fallo cierto, bien que haya sido emanado de una autoridad extranjera, que disolvió el matrimonio que mantenía con la ciudadana Nora Esther Galloso, ahora, que si bien el mismo, conforme con las actas, no cuenta con el respectivo pase por parte de algún órgano jurisdiccional, esto no significa, que tanto su contenido como los derechos que emanan del mismo, no puedan ser reconocidos a los efectos del presente juicio por reconocimiento de unión concubinaria, pues como se dijo anteriormente, su efecto probatorio como documento público legalizado y reconocido por las partes en el presente juicio escapa de la necesidad de una declaratoria judicial de ejecutoriedad…”.

El recurrente también denunció la errónea interpretación del artículo 38 de la Ley de Derecho Internacional Privado, norma de conformidad con la cual, “Los medios de pruebas, su eficacia y la determinación de la carga de la prueba se rigen por el Derecho que regula la relación jurídica correspondiente, sin perjuicio de que su sustanciación procesal se ajuste al derecho del Tribunal o funcionario ante el cual se efectúa”, pues en su opinión, “…la eficacia se rige por el derecho que regula la relación jurídica correspondiente, que en el caso de autos es el ordenamiento jurídico venezolano, en donde se dispone que si un fallo extranjero carece del respectivo exequátur, no puede adquirir ningún tipo de efecto, ni procesal, ni material”.

Al respecto, la Sala entiende que “…en el caso de autos, el juez superior no infringió el contenido previsto en la norma delatada, pues el sentido que le dio el juzgador a la norma en su decisión, se adecua perfectamente al verdadero alcance que se desprende de la misma, pues con la precitada norma el operador de justicia se encuentra plenamente facultado, para valorar el contenido que se desprende de una sentencia extranjera de divorcio, pues por su naturaleza jurídica de documento público legalizado, resulta suficiente para demostrar la veracidad de las declaraciones y los hechos que se encuentran contenidos en la misma”.

El formalizante también delató la infracción por error de interpretación del artículo 1 del Convenio de La Haya para suprimir la exigencia de legalización de los documentos, cuando el juez “…estableció en el fallo impugnado, que la sentencia declarativa del divorcio del ciudadano Bruce Pestano dictada por un país extranjero, es un documento irrefutable y eficaz para demostrar su efecto modificatorio del estado civil del demandado, pues según la recurrente, el sentido que debió conferírsele a la disposición invocada, es que por el hecho de que el documento continente del fallo de divorcio esté apostillado, no se convierte per se en documento eficaz para modificar el estado civil de una persona, pues para que tenga tal efecto, falta el necesario exequátur por parte de un órgano jurisdiccional”.

La Sala, “…luego de un análisis tanto de la disposición invocada como del fallo recurrido supra transcrito, concluye… que el juez superior en su decisión no desvirtuó ni desnaturalizó el verdadero sentido y alcance a la norma señalada por la recurrente, pues en la norma in comento solo se estipulan cuáles son los documentos emanados de autoridades extranjeras que podrán ostentar en el territorio de la República el carácter de documento público y cuáles no, lo cual en nada se aleja a la valoración conferida por el ad quem a la sentencia de fecha 17 de mayo del 2006, dictada por la Corte de Distrito del 17 Circuito en el Condado de Broward del estado de Florida, de los Estados Unidos de América, pues el valor que le dio el ad quem al fallo de divorcio extranjero, no fue otro que el de un documento público legalizado”.

2 comentarios en “Venezuela: Fuerza probatoria de la sentencia extranjera como documento público

  1. Buenas tardes. Puedo presentar una copia simple de la sentencia de divorcio ocurrida en el extranjero como instrmiento de prueba, luego de iniciado en Venezuela el divorcio por abondono voluntario a los efectos de demostrarlo aquí en Venezuela. Porque resulta imposible el Exequátur, puesto que la cónyuge no quiere colaborar para tales efectos y ya la causa va por la citación por carteles, o es preferible abtenerse por cuanto puede el tribunal declarar fraude o alguna otra figura jurídica sancionatoria.

    1. Estimada Elza, en Cartas Blogatorias no prestamos asesoría jurídica. Este tipo de preguntas debe hacerlas a una profesional especializado en la materia

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