México: prueba e información del Derecho extranjero

Por Enrique Arcipreste Morales*

El pasado 23 de junio de 2017 fueron publicadas en el Seminario Judicial de la Federación dos Tesis Aisladas del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito que, extraídas de la sentencia del Amparo directo 865/2016 resuelto el 31 de marzo de 2017, versan sobre prueba e información del derecho extranjero. Tales criterios judiciales abordan diversos aspectos de la implementación en México de la Convención Interamericana sobre Prueba e Información del Derecho Extranjero, del 8 de mayo de 1979.

Dicha Convención, ratificada por México el 21 de enero de 1983, y actualmente suscrita por 19 países, tiene como objeto el establecer normas sobre la cooperación internacional respecto de la obtención de elementos probatorios e información acerca del derecho de cada uno de los Estados parte. En específico, el artículo 3 de la Convención determina que serán considerados medios idóneos de prueba: “a. La prueba documental, consistente en copias certificadas de textos legales con indicación de su vigencia, o precedentes judiciales; b. La prueba pericial, consistente en dictámenes de abogados o expertos en 1a materia; c. Los informes del Estado requerido sobre el texto, vigencia, sentido y alcance legal de su derecho sobre determinados aspectos”.

En este sentido, la Tesis Aislada III.2o.C.82 C (10a.) establece que el artículo 3º tiene un carácter enunciativo, mas no limitativo, de tal forma que es posible aportar otros medios de prueba. Asimismo, el criterio judicial menciona que, si bien es cierto que la información aportada por las autoridades del Estado extranjero cuyo derecho se desea conocer es más idónea para este fin, esto de ninguna manera excluye la posibilidad de que dicho derecho extranjero sea demostrado a partir de datos aportados por las propias autoridades del Estado que pretende conocerlo para aplicarlo a un caso concreto. El texto completo de esta Tesis Aislada es el siguiente:

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE PRUEBA E INFORMACIÓN ACERCA DEL DERECHO EXTRANJERO. NO SÓLO ES POSIBLE DEMOSTRARLO A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE PRUEBA RECONOCIDOS POR ÉSTA, SINO TAMBIÉN POR LA LEGISLACIÓN LOCAL RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

La citada convención tiene como propósito fundamental la cooperación internacional entre el Estado requirente (aquel que pretende conocer el derecho extranjero de otro) y el Estado requerido (aquel cuyo derecho extranjero se desconoce), para dilucidar un aspecto relacionado con el texto, alcance y sentido del derecho correspondiente. Esta cooperación, de acuerdo con el artículo 3 de la convención, puede proporcionarse por el Estado requerido a través de los “medios idóneos” previstos tanto en la ley del Estado requirente, como por la del Estado requerido. Es decir, si en un determinado asunto el Estado requirente fuese México (Jalisco) y el Estado requerido Estados Unidos de América (Texas), la información podría aportarse por cualquiera de los medios probatorios reconocidos por el Estado requirente (válidos conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco), o por los previstos en el Estado requerido (normas aplicables en el Estado de Texas). De manera enunciativa, mas no limitativa, el artículo 3 referido prevé tres tipos de medios idóneos para aportar la información: a. La prueba documental, consistente en copias certificadas de textos legales con indicación de su vigencia o precedentes judiciales; b. La prueba pericial, consistente en dictámenes de abogados o expertos en la materia; y, c. Los informes del Estado requerido sobre el texto, vigencia, sentido y alcance legal de su derecho sobre determinados aspectos. No obstante, estas modalidades de prueba no excluyen que la información pueda aportarse por otros medios, como podría ser, por ejemplo, una inspección judicial realizada por las autoridades del Estado requerido. Asimismo, la información aportada por éste en términos de la convención referida, no es la única manera en que puede acreditarse el derecho extranjero, pues la legislación encargada de establecer las exigencias para que ello ocurra, es la local (lex fori regit processum), por lo que será ésta, en última instancia, la que determinará cuáles son las pruebas aptas para demostrar el derecho extranjero. En el caso de Jalisco, por ejemplo, el artículo 289 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no enuncia un catálogo explícito de medios de convicción que sean más o menos idóneos que otros para demostrar el derecho extranjero, pues sólo establece que éste será materia de prueba, sin expresar de qué manera debe probarse. Es decir, dicho precepto no establece que el derecho extranjero sólo pueda probarse a través de los informes rendidos por las autoridades de los países cuyo derecho está en pugna, a través de los medios reconocidos en la convención citada, sino que deja la puerta abierta para que ello se demuestre por otros medios de convicción. Desde luego que, por lógica elemental, siempre será más idónea la información aportada por las autoridades del Estado extranjero cuyo derecho se pretende conocer, pero ello no excluye la posibilidad de que éste se demuestre a partir de los datos aportados por las propias autoridades del Estado del lugar del órgano jurisdiccional, cuando son conocedoras o especialistas en el derecho extranjero que se intenta conocer, incluso, la demostración del derecho extranjero podría provenir de juristas que acrediten tener conocimientos sobre el derecho extranjero que se pretende dilucidar, en cuyo caso, quedará al prudente arbitrio judicial, decidir si con la información aportada se probó o no el derecho extranjero.

Ahora bien, relacionado con el carácter no limitativo del artículo 3º de la Convención, la Tesis Aislada III.2o.C.20 K (10a.) establece que, aun cuando un informe o documento no se ubique dentro de las modalidades de prueba que la Convención prevé, éste puede tener valor y alcance probatorio para acreditar el derecho extranjero, puesto que la legislación encargada de establecer las exigencias para demostrarlo es la local. El texto completo de la Tesis Aislada es el siguiente:

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE PRUEBA E INFORMACIÓN ACERCA DEL DERECHO EXTRANJERO. LA OPINIÓN CONSULAR DE LAS AUTORIDADES MEXICANAS RESPECTO DE ÉSTE, NO FORMA PARTE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA RECONOCIDOS POR AQUÉLLA.

La carta emitida por el Departamento de Protección y Asuntos Legales del Consulado General de México en San Antonio, Texas, no forma parte de los medios de prueba previstos en el artículo 3 de la convención citada, dado que no se trata de un informe aportado por un Estado requerido o extranjero, respecto de su derecho, que es el modelo para el que fue diseñado dicho instrumento internacional, sino que es aportada por una autoridad del propio Estado Mexicano. Sin embargo, el hecho de que no se ubique dentro de las modalidades de prueba que tal convención prevé, no significa que carezca de valor y alcance probatorio para acreditar el derecho extranjero, pues la legislación encargada de establecer las exigencias para demostrarlo, es la local (lex fori regit processum), por lo que será ésta, en última instancia, la que determinará cuáles son las pruebas que pueden ser aptas para tal fin.

Así, los dos criterios judiciales establecen que la prueba e información del derecho extranjero se rigen por el principio de lex fori regit processum, por lo que, en última instancia, será la legislación local la que determinará qué pruebas son aptas para ese fin. De esta forma, los medios previstos en la Convención Interamericana sobre Prueba e Información del Derecho Extranjero se vuelven una forma más de probar el derecho extranjero, mas no la única.

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* Estudiante de la Licenciatura en Derecho del CIDE

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