Argentina: Vigencia de los estándares interpretativos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el orden público internacional

Paula M. All* y Nieve Rubaja**

Comentario al fallo de la Corte Suprema de Justicia Argentina: “Recurso de hecho deducido por Nancy Elsa Pellis en la causa Courouyan, Rodolfo s/ sucesión ab intestato”

En el presente caso resuelto por la Corte Suprema de Justicia argentina (CSJ), en fecha 14/03/2017, se discute el supuesto de un matrimonio celebrado en Venezuela, en el cual uno de los contrayentes tenía un impedimento de ligamen por un matrimonio anterior celebrado en Argentina. Sin embargo, respecto de ese primer matrimonio existía un divorcio no vincular decretado en Argentina -de acuerdo a la legislación vigente en esa época.

Fallecido el cónyuge del matrimonio celebrado en Venezuela, se plantean en Argentina –en ocasión de la apertura del juicio sucesorio- los efectos extraterritoriales de esa unión, discutiendo si el cónyuge supérstite tiene o no legitimación sucesoria para heredar, lo que en definitiva quedaría determinado a la medida de la afectación del orden público internacional argentino.

Así, el fallo dictado por la CSJ sigue la línea de los estándares establecidos en el precedente “Solá, Jorge Vicente s/sucesión ab intestato”, del 12/11/1996, sobre la apreciación del orden público internacional, los cuales son reiterados luego en numerosos casos en diversas instancias judiciales, entre ellos “Ulloa, Alberto s/sucesión”, de 10/04/07, y “Boo, Héctor Jorge s/sucesión”, de 14/09/2010.

En el caso “Solá”, el máximo Tribunal declara aplicable e interpreta el art. 13 del Tratado de Montevideo de derecho civil internacional de 1940, que sujeta la validez del matrimonio a la ley del lugar en donde se celebre, y a la vez, faculta a los Estados signatarios a no reconocer el matrimonio que se hubiere celebrado en uno de ellos cuando se halle viciado de alguno de los impedimentos allí enumerados, entre ellos, el matrimonio anterior no disuelto legalmente (inc. e). Por su parte, el art. 4 del Protocolo adicional al Tratado establece que las leyes de los demás Estados jamás serán aplicadas contra las instituciones políticas, las leyes de orden público o las buenas costumbres del lugar del proceso. Ello significa, según el Tribunal, que “la Argentina puede desconocer o reconocer la validez a la segunda unión, según los imperativos del orden público internacional del foro y, en ambos supuestos actuará en fiel cumplimiento del Tratado”.

En este contexto, la Corte debe determinar el alcance o contenido del orden público internacional. Así, la Corte expresó: “el orden público internacional no es un concepto inmutable y definitivo, sino esencialmente variable, pues expresa los principios esenciales que sustentan la organización jurídica de una comunidad dada, y su contenido depende en gran medida de las opiniones y creencias que prevalecen en cada momento en un estado determinado. De allí que la confrontación debe hacerse con un criterio de actualidad, noción que es ampliamente recibida en derecho comparado”.

Si bien se ha caracterizado al orden público internacional como el “enfant terrible du droit international privé” (Mayer / Heuzè), lo cierto es que constituye una herramienta fundamental para preservar ciertos principios sociales, culturales, morales o jurídicos que constituyen el espíritu de la legislación de un país. Quizás en el ámbito del derecho de familia el orden público internacional se haga sentir con mayor intensidad, y una mirada rígida bajo la excusa de considerar cualquier supuesto como de orden público, implicaría dejar de lado la misma noción de pluralismo que inspira al derecho internacional privado actual.

Como acertadamente lo señalan las autoras Kemelmajer de Carlucci, Herrera y Lloveras, los textos deben interpretarse y aplicarse de conformidad a la evolución de las convicciones sociales y responder a las nuevas realidades sociales. También Najurieta ha entendido que el orden público debe apreciarse con un criterio de actualidad, pues su contenido ha sido considerado de contornos variables, y por lo tanto debe tomarse en cuenta ese conjunto de principios imperantes al momento en que el juez debe resolver la cuestión. Como el espíritu que informa la legislación de un Estado es dinámico y avanza con la vida de la comunidad, así es como debe efectuarse este examen por el juez en el caso concreto.

Indudablemente, los derechos humanos que informan el orden público internacional, también deberán ser considerados en cada caso concreto.

El sistema argentino ha experimentado varias modificaciones sustanciales en materia de derecho de familia, no solo en virtud de la ley 23.515 y de la ley 26.618 que admitió el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino también por el actual Código Civil y Comercial en vigor desde agosto de 2015. En lo que aquí concierne, la ley 23.515 provocó un cambio en relación al orden público internacional al consagrar la disolubilidad por divorcio del vínculo conyugal; en realidad, la política antidivorcista que rigió por largos años en Argentina fue cuestionada judicialmente a raíz de la realidad y los valores que surgieron como consecuencia del desarrollo y la evolución de la sociedad. La CSJ ya había admitido jurisprudencialmente el principio de disolubilidad del matrimonio en el caso “Sejean, Juan B. c/ Zaks de Sejean, Ana M. s/ inconstitucionalidad del art. 64 de la ley 2393” (Fallos 308:2268), de fecha 27/11/1986. Luego, ese cambio de posición fue recogido por la legislación en la ley 23.515 (12/06/1987).

Otro ejemplo que cabe mencionar es la admisibilidad de los matrimonios homosexuales. En este tema, la jurisprudencia -tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de algunas provincias- ya había captado casos que admitían esas uniones que, luego fueron contemplados en la reforma legislativa introducida por la ley 26.618 (21/07/2010). En definitiva, los cambios sociales tenidos en cuenta posteriormente por la regulación, fueron ocasionando una variación en los principios que nutren al orden público internacional argentino.

Con respecto a la validez matrimonial, nos interesa destacar que la Corte mantiene el criterio de que corresponde la legitimación para promover el juicio sucesorio por parte de un cónyuge que contrajo matrimonio con el causante en el extranjero, sin que se hubiese disuelto el matrimonio que éste celebró anteriormente en Argentina, puesto que el análisis que se efectúa es en función de los efectos que puede o no desplegar la situación creada en el extranjero en la Argentina. Y, como adelantámos, ese análisis dependerá, en definitiva, de la afectación de los primeros principios de orden público internacional.

En tal sentido, el máximo Tribunal del país viene sosteniendo desde hace décadas que, en virtud de la modificación de los principios que informan la legislación matrimonial argentina, y del criterio de actualidad del orden público internacional, el sistema jurídico argentino carece de interés actual en reaccionar frente a un matrimonio celebrado en el extranjero con impedimento de ligamen, y que es invocado en virtud de los derechos sucesorios del cónyuge supérstite.

Centrándonos en los hechos que motivaron el caso que comentamos, cabe señalar que Nancy Elsa Pellis contrajo matrimonio el 08/11/1978 con Rodolfo Courouyan en el municipio de Naguanagua, Distrito Valencia, Estado de Carabobo, República Bolivariana de Venezuela.

El señor Courouyan fallece el 29/06/2012 y el juicio sucesorio se tramita en Argentina ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 3, acreditándose allí -mediante la partida correspondiente- el matrimonio del causante con la señora Pellis. En dicho juicio se presenta Luisa Courouyan, invocando ser hermana del causante, y plantea la nulidad del matrimonio entre el causante y la señora Pellis, alegando que al momento del matrimonio entre Courouyan y Pellis, subsistía aún un matrimonio anterior celebrado en Argentina entre la señora Pellis y el señor Carlos Videla en Buenos Aires el 05/03/1958.

En sustento de su petición, Luisa Courouyan indicó que el matrimonio se había realizado en fraude a la ley argentina por cuanto al momento de su celebración existía impedimento de ligamen con relación a la señora Pellis. Cabe destacar que, conforme surge de la nota marginal de la partida de matrimonio, con fecha 16/06/1972, se dictó sentencia de divorcio por culpa del esposo y disolución de la sociedad conyugal (conf. art. 1.306 del Código Civil).

El Fiscal solicitó se decretara la ineficacia en Argentina del matrimonio celebrado en Venezuela entre Courouyan y Pellis, argumentando que de la partida de matrimonio entre la señora Pellis y el señor Videla se desprendía que el divorcio se había decretado en el marco de la ley 2393, sin que posteriormente se hubiese convertido dicha sentencia con el alcance de divorcio vincular, es decir no había adquirido la aptitud nupcial para contraer nuevas nupcias.

De acuerdo a la perspectiva del Fiscal, la sucesión fundada en la celebración válida del matrimonio de Pellis con el causante quedaba supeditada a la disolución válida del primer matrimonio celebrado por ésta en la República Argentina. Por ello el Fiscal consideró que debía desconocérsele eficacia extraterritorial al matrimonio celebrado en el extranjero con impedimento ligamen (conf. art. 160 Código Civil). Dicho dictamen fue cuestionado por Nancy Pellis, mientras que Luisa Courouyan adhirió a las conclusiones del mismo.

En su sentencia, el juez señala que “no se encuentra cuestionado que, al tiempo de la celebración en la República Bolivariana de Venezuela por la Sra. Pellis, la autoridad judicial argentina había decretado el divorcio de su primer matrimonio, lo que significa que el derecho del domicilio conyugal no había disuelto el vínculo al tiempo de la celebración de la segunda unión. Sin perjuicio de ello, el último apartado del art. 239 del Código Civil establece que, ‘ningún matrimonio será tenido por nulo sin sentencia que lo anule, dictada en proceso promovido por parte legitimada para hacerlo’ y que ‘(…) la acción de nulidad de matrimonio no puede ser promovida por el Ministerio Público sino en vida de ambos esposos (…)”. En el mencionado texto legal, se establece que dicha prohibición no rige en caso de ascendientes y descendientes, lo que no acontece tampoco en el caso, dado el carácter de pariente colateral que inviste Luisa Courouyan”.

El magistrado, citando el fallo de la Sala H de la Cámara Nacional Civil, de fecha 12/05/1998 in re “R., A s/ Suc.”, destaca que comparte el criterio en cuanto a que, “si pese a estar el matrimonio afectado por una causa de invalidez, ésta no ha sido declarada ni se ha iniciado el respectivo juicio de nulidad, la unión presuntamente viciada producirá sus efectos normales y, en consecuencia, en caso de muerte de alguno de sus cónyuges, el supérstite tendrá derechos hereditarios en la sucesión del esposo fallecido”. Por tanto, “toda vez que la nulidad no fue promovida por ninguno de los sujetos legitimados para hacerlo, entiendo en concordancia con el dictamen fiscal, que no corresponde hacerlo en el marco de estos actuados”.

En definitiva, el juez sostuvo que “no existen motivos que justifiquen apartarse del principio general según el cual ‘ningún matrimonio será tenido por nulo sin sentencia que lo anule, dictada en proceso promovido por parte legitimada para hacerlo’ ya que, como expresamente dispone el art. 159 del Código Civil, ‘las condiciones de validez intrínsecas y extrínsecas del matrimonio se rigen por el derecho del lugar de su celebración, aunque los contrayentes hubiesen dejado su domicilio para no sujetarse a las normas que en él rigen’”. Por ello, el magistrado señala que no cabe duda de que el matrimonio de la señora Nancy Pellis con el causante Rodolfo Courouyan tiene plena validez, al menos en el lugar de su celebración, por lo que mal puede declarárselo inexistente sin sustanciar dicha cuestión en juicio ordinario promovido por quien tenga acción para ello.

Finalmente, se atendió al principio de la disolubilidad del matrimonio civil por divorcio introducido jurisprudencialmente por la CSJ en el caso “Sejean”, y luego recogido por la reforma que la ley 23.515, la cual admitió la disolución del vínculo por divorcio para los matrimonios, los procesos en trámite e incluso para las sentencias de separación pasadas en autoridad de cosa juzgada extranjeras y nacionales que pudieran transformarse en sentencias de divorcio.

Así, se concluyó que esta modificación de los principios que informan la legislación matrimonial argentina resultaba de particular relevancia en el caso que se analiza según la opinión del magistrado, pues, “en virtud del criterio de actualidad del orden público internacional, el orden jurídico argentino carece de interés en reaccionar frente a un matrimonio celebrado en el extranjero que es invocado en esta jurisdicción en virtud de los derechos sucesorios reclamados por la cónyuge supérstite”. Basándose en las anteriores consideraciones, el juez de primera instancia consideró que correspondía desestimar el planteo formulado por el Fiscal, y de esta forma declaró que por el fallecimiento de Rodolfo Courouyan le sucedía en carácter de heredera su cónyuge supérsitite, la señora Nancy Pellis, en lo referido a los bienes propios, sin perjuicio de los correspondientes derechos sobre los bienes gananciales.

El Fiscal interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. La Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revoca el fallo de primera instancia, fundamentando su decisión en el hecho de que objeta la aptitud nupcial de la señora Pellis, ya que al momento de contraer matrimonio con el causante subsistía la unión anterior con el señor Carlos Videla. El tribunal señala que “si bien el matrimonio celebrado en el extranjero podría tener validez en el lugar de celebración, no ocurre lo mismo respecto de aquel en nuestro país, en tanto la sentencia de divorcio acaecida en junio de 1971 lo fue a instancias de lo dispuesto por la ley 2393 y el art. 1306 del Código Civil, sin que con posterioridad se haya pedido su conversión o, disuelto el vínculo por el fallecimiento del Sr. Videla en junio de 1983, hubiera contraído segundas nupcias en Argentina”.

Contra el pronunciamiento de la Cámara, la señora Pellis interpuso recurso federal, que fue denegado y dio origen al recurso de queja. Según lo sostenido por Nancy Pellis, el pronunciamiento de la Cámara es arbitrario y desconoce garantías consagradas en los artículos 14, 14 bis, 16 a 19, 31 y 75, incisos 22 y 24, de la Constitución Nacional argentina. Al mismo tiempo pone de manifiesto que el fallo “lesiona normas de los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940 (arts. 11 y 13, respectivamente)”. Resulta necesario aclarar que pese a que se invoquen los Tratados de Montevideo, tales instrumentos no resultan de aplicación al presente caso. El mismo análisis puede efectuarse desde la legislación de fondo (arts. 159 y 160 del Código Civil de Vélez y art. 2622 del actual Código Civil y Comercial).

Destaca la quejosa que, “frente a la disolución por muerte de la primera unión, mal podría sustanciarse la conversión del divorcio, y en que concurre a la sucesión como cónyuge supérstite del causante, tras treinta y cuatro años de enlace. Dice que el fallo desconoce la validez erga omnes del vínculo matrimonial contraído en el exterior y que le exige celebrar segundas nupcias en el país para convalidar la unión concertada según la ley del lugar de radicación efectiva”. A su vez, la señora Pellis denuncia excesivo ritualismo y asevera que “la indisolubilidad del ligamen dejó de integrar el orden público argentino, a raíz del cambio valorativo producido por la ley 23.515”, e invoca los precedentes “Solá, Jorge Vicente s. sucesión ab intestato” de fecha 12/11/1996 y “Ulloa, Alberto s. sucesión” de fecha 10/04/2007.

La Procuradora Fiscal señala que la cuestión planteada en el caso guarda sustancial analogía con la que esa Corte tuvo oportunidad de estudiar en los antecedentes de Fallos: 319:2779 (“Solá”); 328:3099 (“Zapata”); 330:1572 (“Ulloa”) y 333:1759 (“Boo”), a los que cabe acudir por razón de brevedad, ya que también aquí, al momento de celebrarse el segundo enlace, el derecho del domicilio conyugal no había disuelto el vínculo anterior. En esos precedentes se consagró como criterio la noción de que el orden público internacional no es una herramienta exegética irrefutable y definitiva, sino esencialmente variable, por lo que ‘(…) la confrontación debe hacerse con un criterio de actualidad (…)’ (Fallos: 319:2779, cons. 7°)”.

En ese contexto, se recordó el caso “Sejean” y la doctrina a partir de la sanción de la ley 23.515 en los siguientes términos: “la disolubilidad del matrimonio civil se introdujo en nuestro derecho doméstico, la Corte adoptó el estándar de que el orden jurídico argentino carece de interés actual en reaccionar frente a un casamiento celebrado en el pasado -fuera del país- mediando impedimento de ligamen, y que es invocado en el foro, en virtud de los derechos sucesorios reclamados por la cónyuge supérstite (v. Fallos: 328:3099, cons. 6°; y S.C. V. 332, L. XLVI; “Verón, Héctor cl Lacal, Alicia s/ nulidad de matrimonio”, del 02/10/12, en lo pertinente)”.

En tales condiciones –sostiene la Procuradora Fiscal-, “valorando -luego- que el vínculo preexistente se hallaba disuelto al tiempo de juzgarse la situación jurídica en examen, considero que el remedio debe prosperar. En efecto, (…) la sentencia que decretó el divorcio del matrimonio Pellis-Videla fue pronunciada en los términos de la ley 2393, el 16/06/1972, mientras que el respectivo vínculo quedó disuelto el 17/06/1983, con motivo del fallecimiento del Sr. Videla (art. 213, inc. 1°, del C. Civil entonces vigente).

Con posterioridad, se produjo el deceso del aquí causante el 29/06/2012, suscitándose el conflicto que origina la presente intervención, por haberse impugnado el matrimonio venezolano -del 08/11/1978- sobre la base de que, al mediar un impedimento de ligamen, aquél fue concertado en fraude a la ley argentina”. Esta conclusión precedente no resulta alterada, sostiene la Procuradora Fiscal, “por el hecho de que la República de Venezuela no haya suscripto el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, dado que ese texto, ponderado en los casos aludidos, no constituye un elemento sine qua non de la doctrina del Tribunal acerca de los alcances del segundo matrimonio extranjero, en el marco del sucesorio”.

Por ello, en fecha 29/02/2016, la Procuradora Fiscal en su dictamen opina que la CSJ debe hacer lugar a la queja y revocar el pronunciamiento de la Cámara.

La CSJ, en fecha 14/03/2017, en los autos “Recurso de hecho deducido por Nancy Elsa Pellis en la causa Courouyan, Rodolfo s/ sucesión ab intestato”, considera que “los agravios de la recurrente encuentran adecuada respuesta en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante que este Tribunal comparte y hace suyos por razón de brevedad”. En virtud de ello, La Corte declara admisible la queja, procedente el recurso extraordinario y, con el alcance indicado, revoca el pronunciamiento apelado.

A modo de síntesis, en el caso no se encontraba cuestionado que, al tiempo de la celebración en la República Bolivariana de Venezuela la Sra. Nancy Elsa Pellis, carecía de aptitud nupcial puesto que la autoridad judicial argentina había decretado el divorcio de su primer matrimonio, lo que significaba que el derecho del domicilio conyugal no había disuelto el vínculo al tiempo de la celebración de la segunda unión. Que sin perjuicio de ello, los autorizados por ley a promover la nulidad no lo habían hecho y, en consecuencia, no cabía declarar la nulidad.

Por lo tanto, a los fines de evaluar los efectos que podía desplegar ese matrimonio celebrado válidamente al amparo de la ley extranjera se recurrió a los estándares establecidos por el máximo Tribunal en el precedente “Solá”. Así, se concluyó que la modificación de los principios que informan la legislación matrimonial argentina resultaban de relevancia para el caso y, en consecuencia, el orden jurídico argentino, apreciado con un criterio de actualidad, carecía de interés en reaccionar frente a un casamiento celebrado en el pasado –fuera del país- mediando impedimento de ligamen, y que era invocado en el foro, en virtud de los derechos sucesorios reclamados por la cónyuge supérstite.

En definitiva, nuevamente en este caso se pone en evidencia la vigencia de los estándares alcanzados por la Corte en relación a la apreciación del orden público internacional. En función de tales estándares y a la mutabilidad que permiten en función de cada época y cada caso, estimamos que los mismos seguirán vigentes a futuro.

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* Profesora de derecho internacional privado e Investigadora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral.
** Profesora de derecho internacional privado de la Universidad de Buenos Aires e Investigadora UBACyT.

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