Venezuela: Retorno del despacho saneador en el procedimiento de exequátur

Por Maritza Méndez Zambrano*

En fecha 5 de abril de 2017, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (la “Sala”), emitió la sentencia No. EXE.000157 (la “Sentencia”), caso: Petra Severino Vicente de Ullán contra Luciano Ullán Salvador, en la cual retomó un criterio de 2013 según el cual, cuando se dicte una sentencia rechazando la solicitud de exequátur porque ésta no cumpla con los requisitos de forma necesarios para su admisión, las partes contarán con 20 días de despacho después de la notificación del fallo para subsanar aquello que hubiera sido indicado en la sentencia de rechazo. Una vez satisfechos los supuestos necesarios para su admisibilidad se podrá dar continuación al procedimiento sin necesidad de iniciar uno nuevo.

El procedimiento de exequátur había sido solicitado por Petra Severino Vicente de Ullán (la “Sra. Severino”), con el fin que se reconociera eficacia en el territorio venezolano a una sentencia de divorcio de fecha 15 de febrero de 2012, dictada por el Juzgado de Primera Instancia No. 8 de Salamanca, Provincia de Salamanca, Reino de España. El demandado no compareció ni por sí ni por medio de apoderado, por lo que le fue nombrado un defensor ad litem. Ninguna de las partes involucradas se opuso al reconocimiento de la Sentencia Extranjera al entender que cumplía con todos los requisitos establecidos en la ley.

Previo al título de la decisión, y sin que hubiera sido éste un punto de debate en el caso en estudio, la Sala pasó a advertir el cambio de criterio, justificándolo en los principios constitucionales de tutela judicial efectiva, en el derecho a la defensa, el debido proceso y la justicia material. Todo ello en aplicación del principio pro-actione y del derecho de acceso a la jurisdicción, por considerar la Sala que el regreso al criterio anterior ofrece mayor garantía para los justiciables, propiciando incluso economía procesal. Todos ellos principios de nuestro sistema de justicia.

Por tanto, a partir de la publicación de la Sentencia, la Sala retoma el criterio doctrinal que había sido desechado por más de tres años y siete meses, y establece que se otorgará un lapso de 20 días de despacho, contados a partir de la notificación del fallo, para que el solicitante subsane los defectos advertidos por el tribunal de que se trate en su sentencia, sin necesidad de iniciar un nuevo procedimiento.

Se debe entender que, en caso que las partes no cumplieran con el tiempo estimado para el saneamiento (los 20 días de despacho), deberán presentar una nueva solicitud, puesto que la sentencia de rechazo surtiría efectos únicamente respecto de ese proceso, y no impide que la parte interesada pueda acudir nuevamente ante la Sala a presentar la solicitud una vez satisfechos los supuestos necesarios para su admisibilidad.

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* Profesora de Derecho Internacional Privado, Universidad Central de Venezuela

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