La Haya: Segunda reunión de la Comisión Especial encargada de preparar el proyecto de Convenio sobre Sentencias

Por Javier Ochoa Muñoz

Entre el 16 y el 24 de febrero de 2017 se llevó a cabo en La Haya la segunda reunión de la Comisión Especial encargada de la elaboración del Proyecto de Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil de la Conferencia de la Haya. En la reunión participaron cerca de 200 delegados de Estados y de organizaciones internacionales observadoras, entre las cuales se encontraba la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP), de cuyo Consejo Directivo formamos parte los editores de este blog.

La ASADIP estuvo representada por las profesoras María Blanca Noodt Taquela (corresposal de Cartas Blogatorias para la Argentina) y Verónica Ruiz Abou-Nign.

Sobre la base del texto de 2016, el cual comentamos superficialmente en un post anterior, la Comisión Especial aprobó una nueva versión, que debería servir de base para otra ronda de debates el próximo mes de noviembre.

El informe que las citadas profesoras presentaron recientemente al Consejo Directivo de la ASADIP, explica lo siguiente:

“El trabajo de la Conferencia sobre el tema comenzó en 1992, pero después de las dificultades que tuvo el Proyecto de 1999, se recondujo el tema y se llegó a la aprobación del Convenio de 2005 sobre Acuerdos de elección de foro. El Proyecto de sentencias fue retomado por la Conferencia en 2011, y así fue como se reunió un grupo de expertos entre 2013 y 2015, quienes redactaron una propuesta de texto del proyecto y luego en junio de 2016 trabajó la primera Comisión Especial.

La Segunda Comisión Especial de febrero de 2017 partió de la base del proyecto preliminar de 2016, que se propone establecer estándares mínimos para el reconocimiento de las sentencias extranjeras y regular solamente la jurisdicción indirecta a los fines del reconocimiento de las sentencias, es decir no se ocupa de la jurisdicción directa.

La Convención se aplica únicamente en materia civil y comercial (art 1), con una larga enumeración de materias excluidas en el art. 2 , a las que se agregaron en 2017 entre otras, las cuestiones sobre derechos de propiedad intelectual, pero al no tener consenso el texto aparece entre corchetes. Expresamente se establece que la Convención no se aplica al arbitraje ni a los procedimientos relacionados (art. 2.3). El ámbito de aplicación espacial es el clásico, es decir la Convención se aplica a las sentencias dictadas en un Estado parte que se pretendan reconocer en otro estado parte (art. 1) y este punto no fue motivo de ninguna discusión ni análisis.

Se determinan los criterios atributivos de jurisdicción indirecta, realizando una larga enumeración en el artículo 5, aparentemente taxativa. También se indican tres supuestos de jurisdicción exclusiva, en el artículo 6, que son los clásicos en la materia.

Las causales para denegar el reconocimiento están previstas en el artículo 7 y además de las habituales, se incluye el fraude, la cosa juzgada con relación a una sentencia dictada en el Estado en el que se pide el reconocimiento o con relación a una sentencia dictada en terceros Estados, con diferentes requisitos. También se prevén causales específicas de denegación para los casos de trust y derechos de propiedad intelectual.

Se contempla una regla de efectos equivalentes de la sentencia en el estado de origen y el de reconocimiento (art. 9), la posibilidad del reconocimiento parcial (art. 10), la limitación del reconocimiento en caso de daños punitivos (art. 11).

Se incluye el reconocimiento de las transacciones y acuerdos judiciales (art. 13) , pero no de los acuerdos privados obtenidos, por ejemplo en procesos de mediación.

Se establecen los documentos que deben presentarse para pedir el reconocimiento (art. 14) y se exime de legalización o apostille a tales documentos (art. 19), pero esta exención suscitó fuertes discusiones provenientes del grupo latinoamericano, por lo que se mantuvo la exención de legalizaciones entre corchetes.

Se permite el reconocimiento de acuerdo a las normas del derecho nacional, con excepción de los casos de jurisdicción exclusiva (art. 17), con lo que se confirma que la Convención establece estándares mínimos para el reconocimiento. Esta norma se mantuvo separada del artículo referido a relación de la Convención con otros instrumentos que enumera en cinco incisos diversos supuestos (art. 26). La Convención contiene también normas sobre declaraciones, reservas, relaciones con el Convenio sobre elección de foro de 2005 y las cláusulas finales sobre entrada en vigencia, denuncias y las demás de estilo.

Los temas que dieron lugar a mayores discusiones fueron los de propiedad intelectual, arbitraje, supresión de legalizaciones y sentencias en las que sea parte el Estado.”

La nueva versión del proyecto ya está disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya.Tal como señalamos en el citado post, se trata de un instrumento interesante que vale la pena discutir.

Tenemos, sin embargo, algunas observaciones. Al margen de las discusiones de fondo, pensamos que la estructura del Proyecto resulta un tanto complicada y se separa del esquema general que se ha venido trazando en diversas regulaciones sobre la eficacia de sentencias extranjeras en el derecho comparado y en los instrumentos internacionales existentes.

Quizás sea conveniente reconsiderar este tipo de aspectos.

La Comisión Especial quedó convocada para reunirse nuevamente entre 13 y el 17 de noviembre de 2017. La Conferencia diplomática para aprobar el Convenio una vez concluido el proyecto, podría tener lugar en el año 2018.

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