Venezuela: Competencia para conocer solicitudes de exequátur en contra de organismos públicos

Por José Antonio Briceño*

El pasado 15 de febrero de 2017, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dictó una decisión en la cual estableció su competencia para conocer de una solicitud de exequátur interpuesta contra un organismo público.

El caso se inicia con una solicitud de exequátur interpuesta por Carla Papinutto Miglioranzi, a fin de que se conceda eficacia en el territorio venezolano a un decreto intimatorio y a una sentencia dictada por el Tribunal del Trabajo de Roma, Italia, emitidos en el marco de un procedimiento de intimación para el cobro de pensiones de jubilación iniciado en contra del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores venezolano. Tal solicitud fue interpuesta por ante la Sala de Casación Civil.

Papinutto había prestado servicios para el Consulado General de Venezuela que tenía sede en Génova, en calidad de secretaria, por veintinueve años. Por ello, al término de su relación, y por disposición del Presidente de la República de la época, el Ministerio de Relaciones Exteriores le reconoció una pensión de jubilación. No obstante ello, la irregularidad y ocasional inexistencia de tales pagos le llevaron a instaurar un procedimiento de intimación a los fines de exigir judicialmente el cobro de tales pensiones, procedimiento del cual derivaron el decreto intimatorio y la sentencia objeto de su solicitud de exequátur.

Al entrar en conocimiento de la solicitud, la Sala de Casación Civil, mediante decisión del 03 de noviembre de 2016, entró a revisar el asunto de su competencia, concluyendo que, debido a que el decreto y la decisión cuya eficacia era requerida, pretendían hacerse obrar contra un organismo del Estado venezolano, en vista de que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establecía una competencia expresa para la Sala Político-Administrativa para conocer de solicitudes de exequátur, y siendo esta la llamada a conocer los procedimientos instaurados por y en contra de organismos del Estado, lo jurídicamente correcto era declinar la competencia en la mencionada sala. Como vemos, aplicó un criterio subjetivo de la competencia.

Una vez recibido el expediente por la Sala Político-Administrativa, procedió a analizar el tema de su competencia. Para ello, consideró que, ante la dualidad de competencias establecidas por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para el conocimiento de las solicitudes de exequátur, en vista de que existe un fuero atrayente de la jurisdicción contencioso-administrativa regulada por ley especial, para conocer las causas donde figuren como sujetos pasivos la República, los estados, los municipios, los entes públicos o las empresas en las que aquéllos ejerzan un control decisivo y permanente, y siendo que la decisión bajo examen buscaba el pago de unas cantidades de dinero por un organismo del Estado, por concepto de pensiones de jubilación, la conclusión necesaria era aceptar la competencia que había sido declinada por la Sala de Casación Civil.

Estas decisiones plantean un nuevo hito dentro del tema de la competencia para conocer los procedimientos de exequátur, reactivando la utilidad práctica de la competencia establecida en la mencionada ley a favor de la Sala Político-Administrativa, la cual había caído en desuso, incluso por ella misma.

Aunque la decisión de la Sala Civil se apoyó en las decisiones del caso de Reyna Patricia Sausnavar que estuvo bajo su conocimiento y el de la Sala Constitucional, mediante las cuales se estableció la competencia de los Juzgados Superiores de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y de la Sala de Casación Social para conocer de solicitudes de exequátur en donde estuviesen involucrados personas menores de edad, las decisiones revisadas en este post no crean una competencia por vía jurisprudencial, sino que, basándose en la naturaleza del organismo involucrado en el asunto y en la existencia de un fuero atrayente, aportan elementos para justificar la permanencia de una competencia ya establecida por ley. De tal manera, se ve respetado el principio de reserva legal que arropa a los asuntos de Derecho Internacional Privado según el numeral 32 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

A pesar de lo anterior, las decisiones revisadas aquí abren puerta a tres importantes preguntas: (i) ¿Cómo será el tratamiento de los requisitos de eficacia de las sentencias extranjeras al estar involucrado un organismo del Estado venezolano?; (ii) ¿Se acudirá al requisito de orden público ante este tipo de casos a pesar de no estar expresamente establecido en nuestra Ley de Derecho Internacional Privado?; y (iii) ¿Qué papel tendrá el interés público y general que fundamenta el ejercicio de las potestades administrativas dentro de esta materia?

Tan solo quedará esperar y ver cuál es la posición de la Sala Político-Administrativa y si se apartará de su inveterada jurisprudencia tan solo por el tipo de organismo involucrado en la solicitud de exequátur.

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*Abogado de la Universidad Central de Venezuela. Cursante de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado de la misma Universidad. Ejerce el Derecho en Escovar León Abogados, S.C.

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