Venezuela: Reconocimiento de la filiación homoparental

Por Claudia Madrid Martínez

El pasado 15 de diciembre de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano decidió una acción de amparo constitucional a través de la cual reconoció la filiación de un niño en el seno de una familia homoparental.

La historia comienza con dos venezolanas que contraen matrimonio en Argentina y realizan, en Venezuela, un procedimiento de ovodonación. Una de ellas donó su óvulo fecundado in-vitro a la otra, quien llevó el proceso de gestación hasta el nacimiento del niño, lo cual ocurrió en Argentina.

Los tres regresaron a Venezuela e intentaron la inserción de la partida de nacimiento del niño ante la Oficina Nacional de Registro Civil, solicitando, además del reconocimiento de la filiación, el reconocimiento de la nacionalidad venezolana del niño, por ser hijo de dos venezolanas por nacimiento. Antes de conocer la decisión, una de ellas fue asesinada en Caracas.

Según se lee en el texto de la sentencia, “En fecha 13 de abril de 2015, la Oficina Nacional de Registro Civil, mediante respuesta con el N° ONRC/2056/2015, establece que efectivamente (…) es venezolano y considera procedente la expedición del Acta de Nacimiento por parte del Registro Civil venezolano, condicionando la misma, al desconocimiento de la relación de parentesco de una de las dos madres, estableciendo que la legislación venezolana no contempla o permite la doble filiación materna o paterna (…) insistiendo que el Acta de Nacimiento presentada, no hace mención a quién dio a luz al niño, por lo que procedió a solicitar mediante el Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores y representación diplomática venezolana en la República Argentina, documento que demostrara lo requerido, estableciendo la misma Oficina Nacional de Registro Civil que el vinculo filial materno que debía asentarse en el Acta de Nacimiento que se expida, es el de una solo madre (…), desconociendo así la doble maternidad del niño (…)”.

En fecha 16 de abril de 2015, el Tribunal Décimo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes declaró que el acto jurídico celebrado entre las dos ciudadanas venezolanas, es válido únicamente en la República Argentina; y que la única filiación reconocible para el Derecho venezolano es la existente entre el niño y quien lo dio a luz.

En relación con la sucesión de la madre fallecida, la propia decisión de instancia afirmó que habiendo estado su último domicilio en Venezuela, tal como consta en el Acta de Defunción, la sucesión referida debe llevarse en concordancia con las leyes venezolanas, por lo que “la Declaración como Único y Universal Heredero (…) como hijo (…), no es procedente, ya que fue reconocido por dicha ciudadana en la ciudad de Argentina, bajo disposiciones legales que (…) discrepan de las venezolanas y a la cual no se le puede otorgar la presunción de maternidad, ya que de los recaudos y dichos, se desprende que no fue la de cuyus (sic) que (sic) alumbró al niño y finalmente decide que los vínculos familiares y conyugales que soportan el pedimento, no son compatibles con la legislación venezolana vigente (…)”.

Esta decisión fue recurrida a través de un amparo constitucional ante el Tribunal Superior Tercero del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, el cual confirmó la decisión anterior en fecha 29 de julio de 2016.

Así, la cónyuge sobreviviente y su hijo intentan acción de amparo contra las referidas decisiones de la Oficina Nacional de Registro Civil y de los Tribunales de instancia y superior, antes citadas. A pesar que la Sala Constitucional declara inadmisible el amparo por “inepta acumulación”, entra a conocer del caso por razones de orden público.

Apoyándose en decisiones anteriores, “…esta Sala observa que del escrito contentivo de la presente acción de amparo se evidencia que los derechos presuntamente violados afectan no sólo la esfera particular de los derechos subjetivos de los accionantes, sino de un número indeterminado de personas que forman el grupo de LGBT revistiendo tales violaciones el carácter de orden público indicado por la norma, afectando las buenas costumbres. Incluso, en razón de todos los niños, niñas y/o adolescentes, que como hijos /as; de homosexuales o transexuales, tienen derecho a pertenecer a una familia y a gozar de todos los beneficios que esto conlleva”.

Para decidir, la Sala Constitucional reconoce a la cónyuge que dio a luz al niño como “gestante subrogada”, es decir, “…aquella mujer que, de común acuerdo con una persona o pareja, acepta que se le transfiera a su útero el embrión previamente engendrado mediante fecundación in vitro por esa otra persona o pareja, con el fin de quedar embarazada de dicho embrión, gestarlo a término, parirlo en sustitución de la mencionada persona o pareja y con intención de entregárselo a éstas”.

Como con ella se llevó a cabo el proceso de gestación y se materializó el hecho cierto del parto, la Sala Constitucional reconoce sin problemas la filiación, “…por cuanto realmente desde el inicio del procedimiento de reproducción asistida nunca hubo tal intención de ‘entrega del niño’ por parte de la gestante subrogada, condición que consta en las actas del expediente… lo que esta Sala Constitucional constata es una clara manifestación de voluntad de constituir una familia homoparental con los efectos jurídicos que la misma conllevaría en similares circunstancias a la de una familia tradicional”.

Para determinar cabalmente la filiación, la Sala estima el proceso de ovodonación incluyó material genético de la donante. “En consecuencia, genéticamente el niño …, es hijo de la ciudadana … (fallecida), por lo cual tiene el derecho de estar inscrito con los apellidos de sus progenitoras, y así se ordena sea rectificado por la autoridad civil competente. Así se decide”.

Ahora bien, en virtud del artículo 75 de la Constitución venezolana dispone que “El Estado garantizará la protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia”. La Sala entiende que la norma busca proteger a la familia como “…asociación natural de la sociedad y como espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas”.

Por tal razón, y de conformidad con el derecho a la igualdad y no discriminación, previstos en el artículo 21 de la Constitución, la Sala reconoció el derecho de maternidad de ambas ciudadanas.

Al respecto, afirma la Sala:

“…la protección del Estado a la familia no se circunscribe tan sólo a la madre o padre, así como tampoco se limita al estado civil de éstos, sino que se extiende a quienes ejerzan la jefatura de la familia, esto en virtud, de que la familia es el centro de gravedad de una serie de disposiciones de mayor importancia, las cuales van desde el derecho reconocido al niño y al adolescente de ser criado y educado dentro de tal familia.

Esta protección del Estado hacia la familia es de suma trascendencia, dado que como hemos venido puntualizando se prioriza la armonía de la relación Familia-Estado para lograr como fin último una estructura ordenada de la organización política, en razón de que lo natural antecede al derecho, y es éste quien finalmente regula y ordena las situaciones dadas por los actos volitivos de la sociedad.

En consecuencia, una lectura acorde con la Constitución, conlleva a una protección del Estado sin distinción a la forma de conformación de la familia, por ello está llamada a incluir a los niños, niñas y adolescentes nacidos en familias homoparentales, siendo estos sujetos de derecho, que gozan de todos los derechos y garantías consagradas a favor de las personas en el ordenamiento jurídico al igual que cualquier otro niño que haya nacido dentro de una familia tradicional”.

Como consecuencia del reconocimiento de la filiación, la Sala reconoce el derecho del niño a participar en la sucesión de su progenitora fallecida.

“…esta Sala Constitucional evidencia que en la sociedad se han originado ciertas relaciones humanas de las cuales surgen necesidades que han quedado desprovistas de una regulación especial, las cuales han de ser resueltas aplicando disposiciones que regulen casos semejantes o materias análogas; resultando necesario en el presente asunto aplicar los valores superiores del ordenamiento jurídico y principios generales del derecho, para resolver en derecho el hecho partiendo del derecho a la igualdad y a la no discriminación, a la dignidad humana y al libre desenvolvimiento de la personalidad”.

En efecto, “…uno de los fines supremos es establecer un Estado en el cual se asegure la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna, desde un punto de vista multiétnico y pluricultural; procurando privativamente el bien común, la integridad territorial, la convivencia y éstas sólo tendrán posibilidades reales de cumplimiento dignificando a aquellos cuya situación de hecho no han encontrado bajo regulaciones preconstitucionales la efectiva protección, que en la Constitución de 1999, esta Sala Constitucional en aplicación de la misma está llamada a garantizar a todos los venezolanos y venezolanas sin ninguna distinción, máxime cuando el órgano legislativo nacional llamado a legislar sobre esta materia de trascendencia social se encuentra al margen del Estado de Derecho, por el manifiesto y continuo desacato a las decisiones de esta máxima instancia judicial, evidenciando una omisión en relación con el tema”.

Por tales razones, sin hacer alusión alguna a la internacionalidad de la relación y a las normas de Derecho internacional privado, la Sala anula las decisiones anteriores y reconoce la filiación del niño, ordenando la inserción de la partida de nacimiento emitida por autoridades argentinas en el registro civil venezolano.

Solo en el voto salvado se hacen ciertas alusiones bastante particulares al sistema de Derecho internacional privado, con el objeto de sustentar la inadmisibilidad del recurso de amparo. Así se sugiere la existencia de un fraude a la Ley por hecho de que las ciudadanas venezolanas se hayan trasladado a Argentina para contraer matrimonio, siendo Venezuela mantiene la prohibición al matrimonio homosexual. A pesar del fraude que anuncia el magistrado disidente cita el artículo 5 de la Ley de Derecho internacional privado que consagra el reconocimiento de las situaciones válidamente adquiridas conforme a un Derecho extranjero. Además, cita el artículo 9 del Código Civil, norma que ha sido derogada por la Ley de Derecho internacional privado y que disponía la aplicación de la Ley nacional al estado y capacidad de las personas.

En todo caso, con sus falencias –por ejemplo, no se hace mención alguna al matrimonio válidamente celebrado en Argentina–, este fallo constituye una importante decisión que, de alguna manera rompe el silencio del sistema venezolano ante una realidad a la que no puede seguir dando la espalda.

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