Unión Europea: parejas de hecho y Derecho internacional privado

Por Laura Carballo Piñeiro

Las uniones de hecho y el Derecho internacional privado no son una pareja afortunada. Más bien al contrario y como consecuencia de los avatares que las uniones de hecho encuentran para ser reconocidas en los ordenamientos jurídicos. Ha llegado, sin embargo, un punto en que ya tienen presencia suficiente en un buen número de ordenamientos jurídicos como para que toque ocuparse de ellas y los problemas transfronterizos que generan.

El Reglamento (UE) 2016/1104 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas viene a responder a estas necesidades.

Ahora bien, prueba del camino que queda por recorrer es que sólo se refiere a un tipo de uniones de hecho, aquellas que acceden a un registro con uno u otro alcance. De hecho, el Reglamento se preocupa de explicitar que no define qué se entiende por ‘unión registrada’, además de precisar que nada en el mismo obliga a los Estados miembros a incorporarlas en su ordenamiento jurídico (Considerando 17). En otras palabras, la ‘existencia, validez y reconocimiento de las uniones registradas’ queda excluida del ámbito de aplicación material del Reglamento [artículo 1.2,b)].

Más concretamente, este Reglamento se refiere a todos los efectos patrimoniales de las uniones registradas, desde la administración cotidiana de los bienes hasta la liquidación derivada de la separación o fallecimiento de uno de los miembros de la pareja. Como define el artículo 3.1,b), se entiende por tales efectos patrimoniales ‘el conjunto de normas relativas a las relaciones patrimoniales de los miembros de la unión registrada entre sí y con terceros, como resultado de la relación jurídica creada por el registro de la unión o su disolución’.

Entre las exclusiones se encuentra la capacidad jurídica de la pareja, aunque sí están incluidas las facultades de administración o disposición del patrimonio conjunto. Igualmente excluidos están los alimentos en tanto que cubiertos por el Reglamento (CE) 4/2009, así como las cuestiones relativas a la sucesión de uno de los miembros de la pareja, sometidas al Reglamento (UE) 650/2012. A salvo algunos aspectos, las pensiones por invalidez o muerte, seguridad social, derechos reales e inscripciones en registros públicos también están excluidos de su ámbito de aplicación. Lo que no obsta a que el Reglamento (UE) 2016/1104 preste particular atención a la adaptación de derechos reales en otros Estados miembros.

El hecho de que se trate de materias en las que órganos no jurisdiccionales pueden tener un papel muy relevante lleva al Reglamento a precisar que los mismos, en particular los notarios, pueden encajar en la noción de ‘órgano jurisdiccional’ a efectos de su aplicación, si actúan como tales en sus respectivas jurisdicciones (artículo 3.2).

Los Estados miembros así habrán de comunicarlo a la Comisión Europea. En dicho caso, los notarios estarán sujetos a las normas de competencia judicial y de reconocimiento y ejecución de resoluciones del Reglamento (UE) 2016/1104 (Considerando 31).

Comenzando con las reglas de competencia judicial internacional, ha de destacarse que este Reglamento también se inscribe entre aquellos que persiguen la exhaustividad en sus reglas de competencia judicial internacional de manera que no hay remisiones al Derecho nacional, sino un foro de subsidiariedad (situación de bien inmueble en un Estado miembro) y otro de necesidad (artículos 10 y 11, respectivamente). Ambos funcionan en defecto de todos los anteriores que se ordenan como se relata a continuación.

En caso de disolución de la unión registrada por fallecimiento de uno de los miembros, el Reglamento (UE) 2016/1104 prioriza la conexidad de esta cuestión con la liquidación del patrimonio de la pareja, de manera que la somete a los foros previstos en el Reglamento (UE) 650/2012 (artículo 4). El mismo principio informa que la discusión sobre los efectos patrimoniales se someta a los órganos jurisdiccionales del país que estén discutiendo sobre la disolución o nulidad de la unión registrada, siempre y cuando los miembros de la misma así lo acuerden (artículo 5).

En defecto de la conexidad reseñada o en casos no cubiertos por los artículos 4 o 5, los miembros de la pareja pueden elegir jurisdicción siempre y cuando ésta sea la del país cuya ley ha sido elegida para regir la unión registrada o la del lugar conforme a cuya ley se ha creado la misma (artículo 7).

En términos similares se regula la sumisión tácita que sólo podrá hacerse a los órganos jurisdiccionales del país cuya ley ha sido elegida para regir la unión registrada, y siempre y cuando se advierta al demandado de las consecuencias de someterse sin impugnar la competencia judicial internacional del órgano ante el que se ha interpuesto la demanda (artículo 8).

Si no concurriera conexidad, o elección expresa o tácita de foro, la competencia judicial se determina atendiendo a los siguientes criterios que se ordenan en cascada: residencia habitual de la unión registrada en el momento de la presentación de la demanda; la última residencia habitual si uno de los miembros de la pareja sigue allí en el momento de la interposición de la demanda; residencia habitual del demandado en dicho momento; nacionalidad común de la pareja también en ese momento; y, si ninguno de los criterios anteriores atribuye competencia a un Estado miembro parte en el Reglamento, el lugar donde se haya creado la unión (artículo 6).

Teniendo presente que la unión registrada puede no ser reconocida en el país que ostenta competencia judicial, se establece que el órgano jurisdiccional competente conforme a los foros previstos en los artículos 4, 5 o 6 debe inhibirse para que conozca otro órgano jurisdiccional con competencia, sea porque las partes eligen expresamente dicho tribunal alternativo (artículo 7), sea porque concurre alguno de los foros previstos en los artículos 6 y 8. En cualquier caso, esta competencia alternativa no opera si la jurisdicción designada reconoce la disolución o anulación de la unión registrada (artículo 9).

Las normas de conflicto del Reglamento (UE) 2016/1104 tienen carácter universal y no se favorece el dépeçage. Ahora bien, a esta última solución se llega igualmente vía limitar el objeto del procedimiento, lo que ocurre en dos ocasiones: la primera, en aquellos supuestos en los que se discuta de los efectos patrimoniales de la unión registrada al hilo de la discusión sobre la sucesión de uno de uno de sus miembros, en cuyo caso el artículo 13 de este Reglamento permite excluir del debate bienes situados en un tercer Estado si es de prever que la decisión no va a ser reconocida en el mismo. La segunda es consecuencia del foro de subsidiariedad en tanto que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro afirmarían su competencia sobre la base de que hay un bien inmueble en su territorio y, por tanto, el objeto del litigio se limita a este bien.

La elección de ley se permite siempre y cuando la elegida atribuya efectos patrimoniales a la unión registrada, y se trate de la ley de la residencia habitual o nacionalidad de cualquiera de los miembros de la pareja en el momento del acuerdo, o de la ley de creación de la unión (artículo 22). La elección se puede realizar en cualquier momento, aunque la modificación debe tener en principio efectos ex nunc y si los tiene retroactivos no podrá perjudicar a terceros. El conflicto internacional transitorio se solventa limitando los cambios legislativos a los supuestos en los que las partes quieran su aplicación. El Reglamento también regula la ley aplicable a la validez formal y material del acuerdo de elección de ley, así como la validez formal de las capitulaciones celebradas por la pareja a fin de facilitar su reconocimiento en otros Estados miembros (artículos 23, 24 y 25).

En defecto de ley aplicable, la ley aplicable a la unión registrada será la del país donde se haya creado. En caso de que la pareja se haya establecido con posterioridad en otro país, el Reglamento (UE) 2016/1104 establece los términos en los que juega la cláusula de escape para aplicar la ley de dicho país en lugar de la ley de creación de la unión (artículo 26). Ahora bien, el precepto establece limitaciones a la aplicación de la ley de la residencia habitual de las partes si uno de los miembros de la pareja no está de acuerdo con su aplicación retroactiva, o respecto de terceros.

En relación con estos últimos, sólo se aplica la ley rectora de los efectos patrimoniales de la unión registrada de acuerdo con las normas de conflicto que se acaban de reseñar a las relaciones con terceros si estos la conocían o hubieran debido conocerla (artículo 28). Este precepto también establece presunciones de cuándo se entiende que el tercero conoce dicha ley, así como qué ley se aplica en caso de que no la conozca ni tuviera obligación de hacerlo.

Por lo demás, se excluye el reenvío, se regula la remisión a sistemas plurilegislativos, el orden público y las leyes de policía. Igualmente, existen disposiciones sobre la verificación de oficio de la competencia judicial internacional, litispendencia y conexidad entre litigios pendientes en Estados miembros.

Las reglas de reconocimiento y ejecución de resoluciones siguen grosso modo los términos establecidos en otros Reglamentos con la novedad de que se indica expresamente que los derechos fundamentales han de informar la aplicación de los motivos de denegación del reconocimiento (artículo 38). La declaración de ejecutividad de las resoluciones sigue un procedimiento similar al en su momento establecido en el Reglamento (CE) 44/2001.

Como se puede comprobar, tanto el Reglamento (UE) 2016/1103 sobre regímenes económico-matrimoniales como el aquí comentado comparten un buen número de soluciones. También comparten problemas de aceptación ya que el Reglamento (UE) 2016/1104 tampoco alcanzó la unanimidad requerida por el artículo 81.2,c) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, como su mellizo, ha sido adoptado a través del mecanismo de cooperación reforzada. De momento, han manifestado su intención de aplicarlo los siguientes Estados miembros: Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Grecia, Alemania, España, Francia, Croacia, Italia, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Austria, Portugal, Eslovenia, Finlandia, Suecia, Chipre y Estonia.

También como el Reglamento (UE) 2016/1103, este Reglamento sólo se aplicará a las acciones judiciales planteadas, a los documentos públicos formalizados, y a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas a partir del 29 de enero de 2019.

Las normas de conflicto, incluidas las que permiten el juego de la autonomía de la voluntad, se aplican también a partir de dicha fecha. No así las reglas de reconocimiento que se aplican a resoluciones recaídas después de esa fecha en acciones judiciales interpuestas antes del 29 de enero de 2019 si cumplieran las exigencias del Capítulo II del Reglamento.

En todo caso, cabe cuestionar la holgura de este plazo de teniendo en cuenta la materia sobre la que se proyecta el Reglamento, y sobre la que pocos países tienen reglas específicas sea de competencia judicial, sea de ley aplicable. En cualquier caso, sea bienvenido y esperemos que cunda el ejemplo.

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