Unión Europea: regímenes económico-matrimoniales y Derecho internacional privado

Por Laura Carballo Piñeiro

El Diario Oficial de la Unión Europea de 8 de junio de 2016 publicaba dos Reglamentos que vienen a unirse a los muchos ya existentes en materia de derecho internacional privado, ahora sobre regímenes económico-matrimoniales y los efectos patrimoniales de las uniones registradas.

En este Blog ya se han mencionado los obstáculos que han conducido a este difícil alumbramiento y que han abocado a que estos Reglamentos no hayan obtenido la unanimidad requerida por el artículo 81.2,c) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, por tanto, hayan sido adoptados a través del mecanismo de cooperación reforzada. El mecanismo, ya ensayado con el Reglamento (CE) 1259/2010 sobre ley aplicable a la separación y el divorcio, implica que los Estados miembros de la Unión Europea sólo quedan vinculados por estos Reglamentos si así se manifiestan expresamente.

Hasta el momento de redactar esta noticia, Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Grecia, Alemania, España, Francia, Croacia, Italia, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Austria, Portugal, Eslovenia, Finlandia, Suecia, Chipre y Estonia habían manifestado su voluntad de aplicar el Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia judicial, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económico-matrimoniales; así como el Reglamento (UE) 2016/1104 del Consejo, de 24 de junio de 2016, con el mismo ámbito, pero en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas.

Ambos instrumentos se proyectan sobre materias en las que existe una altísima divergencia jurídica, no sólo en el plano sustantivo sino también en el conflictual. Esto es particularmente cierto en lo que atañe a los regímenes económico-matrimoniales cuyas modalidades sustantivas varían de un país a otro, tal y como lo hacen las normas de conflicto que establecen cuáles son los efectos patrimoniales del matrimonio. En el caso de las uniones registradas, las dificultades aumentan por la problemática ligada al reconocimiento de las uniones o parejas de hecho que ha llevado a que la UE sólo se ocupe de los casos en que existe algún tipo de registro. Estos problemas han estado presentes en las negociaciones y de ahí la tardanza en producir instrumentos que ya se consideraban necesarios hace dieciséis años.

El resultado es, además, sumamente complejo, de ahí que vayamos a centrarnos en este post en el Reglamento en materia de regímenes económico-matrimoniales, dejando para otro post las singularidades del Reglamento en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas. Sin embargo, ha de advertirse que existen numerosos paralelismos entre un Reglamento y el otro hasta el punto de que pueden considerarse, ciertamente, mellizos.

Conviene ya comenzar aclarando que el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2016/1103 se proyecta sólo sobre regímenes económico-matrimoniales con repercusiones transfronterizas, pero no define qué se entiende por matrimonio (Considerandos 17 y 21 del Reglamento). Como es fácil imaginar, esta noción presenta variaciones importantes en la UE, en particular en lo que atañe al matrimonio entre personas del mismo sexo, y la UE ha optado por mantenerse al margen como ya había hecho en el Reglamento (CE) 1259/2010.

El término ‘régimen económico matrimonial’ se entiende, en cambio, de modo amplio abarcando todos los aspectos patrimoniales del matrimonio, constante y en proceso de disolución por cualquier causa, en cualquier modalidad sustantiva de reglamentación, incluidas las capitulaciones matrimoniales. Como define el artículo 3,a) del Reglamento (UE) 2016/1103, se trata del ‘conjunto de normas relativas a las relaciones patrimoniales entre cónyuges y con terceros, como resultado del matrimonio o de su disolución’.

Aunque las cuestiones relativas a la capacidad jurídica de las personas están excluidas, no así las facultades que los cónyuges adquieren sobre el patrimonio conyugal en relación a terceros. El Reglamento (UE) 2016/1103 tampoco se ocupa de alimentos entre cónyuges y ex-cónyuges, puesto que esta materia ya está regulada en el Reglamento (CE) 4/2009, relativo a las obligaciones alimenticias entre parientes; ni de algunas cuestiones relativas a la sucesión por causa de muerte de uno de los cónyuges, sometidas a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 650/2012. El instrumento tampoco aborda seguridad social; derechos de pensión por jubilación o invalidez con algunas excepciones, en particular si suscritos con bienes comunes; derechos reales; o inscripciones en registros públicos.

Algunos sistemas jurídicos encargan a notarios u otros profesionales resolver las cuestiones que surgen de los regímenes económico-matrimoniales, por lo que el Reglamento (UE) 2016/1103 adopta una postura neutra e interpreta en un sentido muy amplio el concepto ‘órgano jurisdiccional’. Para facilitar su aplicación, los Estados participantes habrán de comunicar qué entienden por tal en su jurisdicción lo que será objeto de un anexo a este instrumento (artículo 3.2).

La precisión es muy importante ya que, si los notarios se consideran órgano jurisdiccional a los efectos de este Reglamento, están sujetos a sus normas de competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones con todo lo que ello implica; de otro modo, rigen las normas sobre elaboración y reconocimiento de documentos públicos (Considerando 31).

Entrando ya en cuestiones de competencia judicial internacional, ha de advertirse de la gran complejidad de las reglas aquí contenidas. De un lado, el Reglamento busca la exhaustividad de manera que se elimina la remisión a normas nacionales de competencia; para suplir la misma se articulan un foro de subsidiaridad y otro de necesidad (artículos 10 y 11, respectivamente). Como es lógico, sólo se llega a la aplicación de estos foros una vez descartados todos los anteriores, de manera que cabe calificarlos de excepcionales. En esta condición son los más preocupantes para terceros países por su potencial exorbitancia a pesar de las cautelas introducidas por el legislador de la Unión Europea.

De otro lado, el Reglamento persigue la coherencia del sistema de derecho procesal civil internacional de la Unión Europa tratando de coordinarse con el Reglamento (CE) 2201/2003 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resolución en materia matrimonial y por responsabilidad parental (artículo 5), y con el ya citado Reglamento (UE) 650/2012 relativo a la competencia judicial, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, y a la creación de un certificado europeo en materia de sucesiones mortis causae (artículo 4). En consecuencia, la liquidación del régimen económico-matrimonial derivada de la nulidad matrimonial, separación, divorcio o fallecimiento de uno de los cónyuges se solventará conjuntamente con la discusión sobre la disolución del vínculo conyugal o la sucesión del causante.

Fuera de los supuestos específicos mencionados, la competencia se otorga en función de si las partes han llegado a acuerdo al respecto, aunque sólo se admite el sometimiento a los órganos jurisdiccionales del país cuya ley rija el régimen económico-matrimonial o a los del país de celebración del matrimonio (artículos 7 y 8). En su defecto, la competencia judicial internacional se determina a través de conexiones subsidiarias comenzando por la residencia habitual de los cónyuges en el momento de la interposición de la demanda (artículo 6).

Este orden puede variar, no obstante, en el caso de que el órgano así designado no reconozca el matrimonio cuyos efectos patrimoniales son el objeto del litigio ya que se otorga al litigante el derecho a que su asunto sea conocido por otro órgano jurisdiccional que reconozca el matrimonio (artículo 9).

Por si todo esto no fuera poco, el Reglamento (UE) 2016/1103 aclara en dos ocasiones que es posible que el litigio se limite a algunos bienes, y no comprenda todos los bienes comprendidos en el patrimonio conyugal: la primera a propósito de la competencia subsidiaria puesto que se afirma en defecto de otras conexiones y porque existe un bien inmueble allí donde se plantea la demanda; la segunda a propósito de la disolución del régimen económico-matrimonial por el fallecimiento de uno de los cónyuges, cuando la herencia del causante comprenda bienes situados en un tercer Estado el órgano jurisdiccional podrá decidir excluirlos de la discusión si hubiera riesgo de no reconocimiento de la decisión que vaya a dictar en dicho tercer Estado (artículo 13).

Ante tantas idas y venidas, y maremágnum normativo cobra un nuevo sentido la aclaración que hace el Considerando 30 del Reglamento (UE) 2016/1103, de que nada de lo aquí dispuesto obstará a la mediación familiar cuyo camino declara, en todo caso, abierto.

En cuanto a la ley aplicable, el Reglamento se caracteriza por su carácter universal ya que sus normas de conflicto se aplican con independencia de que la ley designada sea la de un tercer Estado. Además, estas reglas siguen la tendencia ya marcada por otros instrumentos de la UE, de evitar el depeçage en la medida de lo posible y aplicarse a todos los bienes del patrimonio conyugal con independencia del país en el que se encuentren (artículo 21).

En línea con instrumentos anteriores, se permite el juego de la autonomía de la voluntad, aunque los cónyuges sólo pueden elegir una ley próxima, señaladamente entre las de su residencia habitual o nacionalidad, si bien pueden hacerlo en cualquier momento, antes, al momento de o después de la celebración del matrimonio (artículo 22). El conflicto internacional transitorio se solventa otorgando preeminencia a la voluntad de las partes y, si fueran los cónyuges los que decidieran modificar la ley aplicable al régimen económico-matrimonial, el cambio no tendrá efectos retroactivos ni afectará a los derechos de terceros.

El Reglamento (UE) 2016/1103 también se ocupa de las cuestiones relativas a la validez formal y sustantiva del acuerdo que celebren las partes (artículos 23 y 24), previéndose específicamente la validez formal de las capitulaciones matrimoniales a efectos de que no haya problemas a la hora de reconocerlas en otros Estados miembros (artículo 25).

En defecto de elección de ley, el derecho aplicable se determina con base a una escalera de puntos de conexión: residencia habitual común de la pareja inmediatamente después del matrimonio, nacionalidad común en el momento de la celebración del matrimonio (el Reglamento no aborda el supuesto de múltiples nacionalidades de uno de los cónyuges: Considerando 50.

En cambio y por razones de seguridad jurídica, esta conexión no se aplica si los cónyuges tienen más de una nacionalidad común), o el país con el que el matrimonio tenga una vinculación más estrecha tomando en consideración las circunstancias existentes en el momento de la celebración del matrimonio. Si, a pesar de esta escala, los cónyuges invocaran la ley de su residencia habitual de los últimos años, la autoridad que conociera podría afirmar su competencia habida cuenta de la conexión existente con la misma y sin perjuicio de los derechos de terceros (Considerando 51), detallando el artículo 26.3 los extremos de esta peculiar cláusula de escape.

La ley así determinada regirá las cuestiones detalladas en el artículo 27 del Reglamento (UE) 2016/1103, siendo relevante el que el artículo 28 del mismo precise el alcance de esta ley frente a terceros, frente a los que los cónyuges no podrán invocarla a menos que, actuando con la debida diligencia, el tercero tuviera o debiera haber tenido conocimiento de la misma. Esta disposición se complementa con presunciones de cuándo se entiende que el tercero sí tenía conocimiento de la ley rectora del régimen económico-matrimonial, así como con las conexiones que establecen la ley aplicable a la relación entre los cónyuges y el tercero si no pudiera invocarse la aplicable conforme a los preceptos anteriores frente a este último.

El Reglamento (UE) 2016/1103 establece igualmente un mandato de adaptación de derechos reales, y se ocupa de las leyes de policía y reglas de orden público en los términos ya conocidos. También aborda los típicos problemas de aplicación, en particular los casos de remisiones a sistemas plurilegislativos y la exclusión del reenvío. Aunque no ha sido mencionado antes, también hace lo propio en materia de competencia judicial internacional, ocupándose de la verificación de oficio y las cuestiones de litispendencia y conexidad internacionales.

Ha de notarse, en todo caso, que estas reglas se limitan a los procesos pendientes en distintos Estados miembros, sin referirse por tanto a terceros Estados. En estos casos, serán aplicables las reglas nacionales como las dispuestas a día de hoy en la Ley 29/2015 relativa a la cooperación jurídica internacional en materia civil española.

El capítulo dedicado al reconocimiento y ejecución de resoluciones sigue los pasos de los reglamentos más tradicionales: aunque se parte del reconocimiento automático y se admite el reconocimiento incidental, es obligatoria la declaración de ejecutividad de las resoluciones provenientes de otros Estados miembros que, en primera instancia, ha de concederse si se cumplen requisitos formales, pero está sujeta a recursos. Los motivos de denegación del reconocimiento también siguen la línea de otros reglamentos, pero con la importante novedad de que su interpretación viene sometida a derechos fundamentales, en particular al principio de no discriminación (artículo 38).

Como no podía ser de otro modo en esta materia, el Reglamento (UE) 2016/1103 también incluye reglas sobre reconocimiento y fuerza probatoria y ejecutiva de documentos públicos.

Aunque ya ha entrado en vigor, el Reglamento (UE) 2016/1103 sólo se aplicará a las acciones judiciales ejercitadas, a los documentos públicos formalizados o registrados y a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas a partir del 29 de enero de 2019. Lo mismo sucede con las normas de conflicto que sólo se aplica a los matrimonios celebrados o acuerdos y capitulaciones alcanzados por los cónyuges después de esta fecha. En cambio, se aplicará al reconocimiento de resoluciones judiciales recaídas después de esa fecha en acciones judiciales ejercitadas anteriores si las normas de competencia judicial fueran conformes con las del Reglamento (artículos 69 y 70).

Ha de notarse que el Reglamento emplea la expresión ‘después de’ en lugar de ‘a partir del’ 20 de enero de 2019, lo cual suscita la duda si los matrimonios celebrados este día están comprendidos en su ámbito temporal o no. Estos términos ya dieron lugar a polémica a propósito del Reglamento (CE) 593/2008 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales, habiéndose resuelto por el Tribunal de Justicia en sentido positivo. Es de esperar que se llegué aquí a la misma conclusión, aunque el hecho de que la UE no haya atendido a este precedente puede interpretarse como que el legislador ha querido la solución contraria.

Esta ha sido una breve presentación, pero esperamos que ilustrativa de las numerosas dificultades con las que va a encontrarse este instrumento en su aplicación. Las numerosas idas y venidas de un instrumento a otro a las que obligan sus reglas hace temer una desafortunada aplicación práctica, por no mencionar la exquisita casuística de las reglas de competencia y de conflicto. Una publicidad parecida a la hecha a propósito del Reglamento (UE) 650/2012 en materia de sucesiones parece muy conveniente.

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