Unión Europea: Propuesta de revisión del Reglamento en materia matrimonial y por responsabilidad parental

Por Laura Carballo Piñeiro

El Reglamento (CE) 2201/2003 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia matrimonial y por responsabilidad parental contiene una disposición que obliga a su evaluación transcurridos cinco años desde su funcionamiento. Tras un estudio de aplicación y una consulta pública, la Propuesta de revisión ha sido presentada el pasado 30 de junio de 2016 [COM(2016) 411/2].

La Propuesta se centra en los menores y, en particular, en tratar de acelerar los procedimientos judiciales y administrativos que les conciernen, siempre tomando en cuenta el interés superior del menor. Las modificaciones toman como punto de partida la abundante práctica que ha generado este instrumento buscando corregir las graves deficiencias apreciadas en su aplicación, en particular en las situaciones en que se ha detectado un traslado o retención ilícitos de menores.

Como subraya el comunicado de prensa que acompaña al documento, este incide en:

Procurar procedimientos más eficaces para hacer frente a la sustracción transfronteriza de menores por sus padres

Por fin se hace una propuesta realista en cuanto al plazo de tramitación del procedimiento previsto en el Convenio de La Haya de 1980 sobre aspectos civiles a la sustracción internacional de menores, que en la práctica de los Estados miembros tiene una duración media de 165 días. Así, las 6 semanas a las que se refiere el artículo 11 de dicho Convenio se convierten en un plazo máximo de 18 semanas en el que se habrán de cumplimentar todas las fases del procedimiento de restitución de menores (máximo de seis semanas para la tramitación de la solicitud por la autoridad central que la ha recibido, seis semanas para la tramitación por el tribunal de primera instancia, y seis semanas para la tramitación por el tribunal de apelación).

Las decisiones relativas a la restitución podrán recurrirse una sola vez, y el juez deberá considerar si en el ínterin debe ser ejecutable una resolución que ordene el retorno del menor.

También se persigue cumplimentar una vieja recomendación, la de que estos asuntos sean instruidos por un número limitado de tribunales. La idea de fondo es que adquieran la familiaridad necesaria con el Convenio de La Haya y los demás instrumentos que se ocupan de los supuestos de traslado y retención ilícitos, para que su aplicación sea la adecuada y, cuando menos, se eviten luchas judiciales.

Además, los tribunales que han de decidir sobre la restitución del menor deben poder adoptar medidas de protección que le acompañen en su viaje de retorno. El artículo 11.4 del Reglamento 2201/2003 impide a los tribunales que conocen del procedimiento de restitución del menor ampararse en el artículo 13,b) del Convenio de La Haya para negar el retorno a otro Estado miembro. Muchas jurisdicciones no consideran esta medida adecuada y, aunque se mantiene, se subraya la necesidad de asegurar la protección del menor en caso de riesgo físico o psíquico para él si vuelve al Estado miembro de dónde fue sustraído ilícitamente.

Garantizar que el menor sea oído

Se refuerza el derecho del menor a ser oído. Ahora se hace manifiesto en particular en los procesos sobre la custodia y el derecho de visita, y sobre la restitución de menores en caso de que hayan sido sustraídos por uno de los padres, en que se obliga a escuchar a menores que ya puedan tener un juicio propio. Si el menor no está en el estado del foro, la Propuesta recuerda que puede utilizarse la videoconferencia para examinar al menor.

Este derecho del menor se ha de aplicar en todos los procedimientos a los que se refiere el Reglamento y no sólo en el procedimiento de restitución de menores también previsto en el Convenio de La Haya de 1980. En particular, se insiste en que los tribunales competentes para decidir sobre la custodia del menor han de llevar a cabo un examen exhaustivo del interés del menor, sobre todo si esa decisión implica la restitución del menor – asumiendo, por tanto, que no siempre el retorno del menor es lo más adecuado para su interés-.

Rápida ejecución de las resoluciones en otros Estados miembros

La Unión Europea sigue su camino hacia la abolición del exequátur. La Propuesta adopta el modelo incorporado en el Reglamento (UE) 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil: se suprime el procedimiento, pero los motivos de denegación del reconocimiento pasan a examinarse en el mismo proceso de ejecución. Una ventaja de este proceder es que se eliminan los costes del exequátur.

Además, cuando la ejecución aún no haya tenido lugar en el plazo de seis semanas, el tribunal comunicará a la autoridad central requirente del Estado miembro de origen, o directamente al solicitante, los motivos de la no ejecución en su momento. En la misma línea, con el fin de acelerar la ejecución, el tribunal que haya dictado la sentencia podrá declararla provisionalmente ejecutiva. En el otro lado, el tribunal de ejecución gana poderes puesto que puede adoptar decisiones sobre los medios de ejecución y sus modalidades, adaptando en su caso la decisión de fondo a las circunstancias concurrentes.

Mejora de la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros

La buena cooperación entre autoridades centrales en la tramitación de los asuntos relativos a menores es un requisito previo indispensable para la confianza mutua entre las autoridades de los distintos Estados miembros. Las nuevas normas fomentarán una mejor cooperación entre autoridades centrales, ya que son el punto de contacto directo para los padres y desempeñan un papel crucial para ayudar a los jueces a aplicar las normas. Asimismo, las autoridades encargadas del bienestar infantil estarán mejor integradas en la cooperación transfronteriza.

Esta cooperación es clave a la hora de adoptar medidas sobre menores con contactos en más de un país. Así, el tribunal competente para decidir sobre la protección del menor puede considerar entregar la tutela a familiares que viven en otro país para lo cual necesitará contar con el auxilio de las autoridades del otro país. Una posibilidad es acudir a la comunicación directa pero esta presenta dificultades prácticas como el idioma de la misma. En este contexto, la cooperación entre autoridades centrales se convierte en clave.

En la misma línea se crea un procedimiento de aprobación autónomo que se habrá de aplicar a todos los acogimientos transfronterizos y que exige del Estado miembro requerido que responda en un plazo máximo de ocho semanas.

Como se puede comprobar, las reformas que se proponen en el vigente Reglamento 2201/2003 son puntuales, pero de calado al mismo tiempo en lo que pueden significar para los derechos de los menores. En todo caso, son un paso adelante en la medida en que el legislador europeo parece tomar conciencia de que las situaciones privadas internacionales requieren del activismo judicial y sólo facilitando su trabajo se conseguirá darles una respuesta en términos de justicia material. Esperemos que las mismas contribuyan efectivamente a atender las necesidades de los menores atrapados entre dos o más jurisdicciones.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *