Brasil: La (des)protección internacional del consumidor: comentarios al Recurso Especial nº 1.571.616-MT, de 5 de abril de 2016(1)

Por Luciane Klein Vieira

El 5 de abril de 2016, los Ministros de la Tercera Turma del Superior Tribunal de Justicia (en adelante, STJ), tribunal máximo en materia de derecho infraconstitucional brasileño, decidieron, por unanimidad de votos, declarar incompetente al juez nacional en demanda con la presencia de un consumidor, por tratarse de una relación de consumo de carácter interno y no internacional, pese a que el sujeto vulnerable está domiciliado en Brasil y la relación de consumo se desarrolló en Portugal, donde se encuentra la sede del proveedor.

Para decidir la excepción de incompetencia propuesta por el proveedor, el tribunal referido aplicó las reglas procesales internas de distribución de competencia del juez brasileño, vigentes al momento de la proposición de la demanda (Código de Proceso Civil, Ley nº 5.869, del 11/1/1973), bajo el argumento de que el servicio fue prestado por el proveedor (Labamaro – Laboratório de Análise do Alto Santo Amaro Ltda) en Lisboa, mientras la consumidora (Tatiana Regina de Miranda) residía en esa ciudad, lo que, según la institución mencionada, es una relación de consumo interna.

Además, el STJ destacó que “no había en el espíritu del consumidor y tampoco del proveedor la intención de establecer una relación que extrapole las fronteras nacionales” (p. 6). Luego, teniendo en cuenta que el cumplimiento del contrato se dio en territorio portugués, el hecho del vicio del servicio solo se conoció tras el regreso de la consumidora a territorio brasileño, lo cual es “absolutamente ajeno a la definición del foro internacional competente” (p. 7). (Traducción nuestra)

De este modo, el STJ decidió reconocer la incompetencia absoluta de la autoridad judicial brasileña, con base en el Código Procesal de 1973, aunque haya mencionado las divergencias doctrinarias respecto a la ampliación de las hipótesis de jurisdicción internacional concurrente del juez nacional, cuando esté presente un sujeto vulnerable. Asimismo, el tribunal rescató, de forma muy superficial, el argumento de que en territorio brasileño el laboratorio referido tenía representación, evidencia que resultó perjudicada, según la Corte, ya que el tribunal de segunda instancia no se había fundamentado en la existencia de grupo económico o asociación con empresa brasileña, limitándose a mencionar que la empresa extranjera explotaba el nombre REDELAB, (p. 3) sin ahondar en el tema.

Como se puede deducir, el caso es bastante controvertido y puede llegar a generar algunas dudas. Pues bien, pasemos al análisis de los argumentos esgrimidos por el tribunal, para luego, traer a colación nuestras impresiones.

En primer lugar, pese a que en la fecha de la publicación del fallo ya estaba vigente el nuevo Código de Proceso Civil (Ley nº 13.105/2015, que entró en vigencia el 18 de marzo de 2016), obró correctamente el tribunal, con relación a este aspecto, pues el art. 87 del Código de 1973 establece que la competencia es fijada en el momento en que la acción es propuesta. Luego, considerando que la demanda fue presentada por la consumidora antes del 18 de marzo de 2016, se aplican al caso las normas de jurisdicción previstas en el Código vigente en la fecha en que el pedido fue presentado.

Sin embargo, aunque la relación de consumo haya nacido sin tener elementos de extranjería, dado que consumidor y proveedor se encontraban domiciliados en el mismo Estado y que la prestación del servicio se llevó a cabo allí, lo cierto es que el elemento referido fue adicionado posteriormente a la relación jurídica, y esto no es algo infrecuente en el Derecho internacional privado. Es decir, la relación se internacionalizó en el momento en que la consumidora pasó a establecer su domicilio en Brasil, con intención de permanecer allí. De este modo, si el vicio del servicio, que representa una ruptura en la confianza, se dio a conocer estando la consumidora domiciliada en Brasil, tenemos una relación de consumo internacional o transfronteriza.

Siendo así, pese a que el Código de 1973 no establecía en su articulado ninguna hipótesis de jurisdicción especial para las relaciones internacionales de consumo, lo que sí lo ha hecho el nuevo Código (en su art. 22, inciso II, al prever el domicilio o residencia del consumidor como criterio de conexión), era plenamente posible el ensanchamiento de una de las hipótesis entonces previstas en su art. 88, para atribuir jurisdicción al juez nacional, orientación que ya venía siendo aplicada por los tribunales superiores, para los casos de apuración de responsabilidad civil internacional, a fin de conferir protección al sujeto vulnerable que está domiciliado en el país.

Este, por ejemplo, fue el entendimiento al cual arribó el propio STJ, en el año 2000, cuando decidió el famoso caso Panasonic (2), sobre responsabilidad civil internacional por el hecho del producto, posibilitando que la demanda indemnizatoria fuese propuesta ante el juez brasileño, ya que en el país se encontraba la empresa que pertenecía al mismo grupo económico del proveedor ubicado en el extranjero (Estados Unidos), lugar en donde el consumidor adquirió la filmadora de la marca indicada, que posteriormente, a su llegada a Brasil, presentó un defecto en su funcionamiento.

A partir de esta decisión, fue reconocida la legitimidad del consumidor domiciliado en Brasil para proponer acción ante los jueces de su domicilio contra cualquier persona jurídica con sede en el territorio nacional que integre el mismo grupo económico del proveedor localizado en el extranjero y productor del bien de consumo, o contra la empresa que utilice la misma marca para identificar a sus productos, buscando la atribución de responsabilidad por vicios y daños derivados del producto o servicio adquirido en el extranjero.

Esta decisión sirvió de fundamento para ampliar las hipótesis de jurisdicción internacional del juez nacional para abarcar, así, a los casos de responsabilidad civil por el hecho del producto, haciendo una nueva lectura del art. 101, I del Código de Defensa del Consumidor (en adelante, CDC), que atribuye jurisdicción al juez del domicilio del consumidor, pero orientado a casos que no sobrepasen las fronteras nacionales.

Más recientemente, en fallo del 12 de junio de 2015, el STJ, en el mismo sentido, reconoció la jurisdicción de los tribunales del domicilio del consumidor, en Brasil, para una demanda de indemnización por daño moral derivado de una relación internacional de consumo, por la inadecuada prestación del servicio que tuvo como lugar de cumplimiento Santiago de Chile (3). Una vez más, el tribunal referido obró más allá de la reglamentación prevista en el Código Procesal de 1973.

De este modo, utilizando el mismo razonamiento de los leading cases antes citados, si el vicio en la ejecución del servicio (coleta y análisis de sangre en periodo de embarazo) se hizo perceptible cuando la consumidora ya estaba residienda en Brasil y, además, como se aceptó en el fallo, en el país se encuentra el laboratorio LABAMARO (análisis clínicas), que integra el mismo grupo económico que explota la marca Grupo REDELAB (del proveedor indicado), sería posible la aplicación del art. 88, inciso I del Código de 1973, que prevé la jurisdicción del juez brasileño cuando el demandado esté domiciliado en el país, en concordancia con su párrafo único que determina que se considera residente en Brasil a la persona jurídica extranjera que posea agencia, filial o sucursal en ese país.

Además, debe considerarse que la consumidora está domiciliada en el país, lo que de por sí ya autorizaría la jurisdicción del juez nacional, dada la lectura sistematizada del art. 88 del Código referido, en concordancia con el art. 101, I del CDC, providenciada por el propio STJ, en los precedentes antes referidos.

En otras palabras, el caso propuesto en el año 2012 por la consumidora indicada, ante el juez de primera instancia de Cuiabá (Estado de Mato Grosso, Brasil), requiriendo indemnización por daño moral derivado del vicio en la prestación del servicio realizado por un laboratorio con sede en Lisboa, resultó en una clara denegación de justicia por parte del STJ, dado que en las instancias inferiores se había reconocido la jurisdicción del juez brasileño, incluso como jurisdicción absoluta, como respuesta al incidente procesal promovido por el proveedor.

Esta denegación se debe, no solo a que se le dificultó el acceso a la jurisdicción a la consumidora domiciliada en Brasil, dado que difícilmente presentará su reclamo ante el juez portugués, en razón de los costos y dificultades derivadas del hecho de llevar a cabo el proceso en el extranjero, sino también porque es una ofensa clara y notoria a lo dispuesto en el derecho de fuente interna y convencional de Brasil (ex vi del art. 88, apartado I y párrafo único del Código Procesal de 1973, de la Constitución Federal del país –que en su art. XXXV asegura el derecho de acceso a la jurisdicción– y de los tratados de derechos humanos ratificados por el país, que elevan a la garantía de acceso a la justicia como derecho humano de primera generación), dejando consignado que el STJ ignoró el diálogo entre las fuentes que regulan la materia.

Asimismo, se debe registrar la violación del principio del “plazo razonable” de duración del proceso, ya que se discutió si el juez nacional era competente o no para actuar en la demanda durante ¡cuatro años!, lo que demuestra la no efectividad en la prestación jurisdiccional y perjudica sobremanera el fortalecimiento del rol que ocupa (¡o debería ocupar!) el Derecho internacional privado del consumidor en el país.

Por fin, y a modo de incrementar la discusión, resta preguntarse: ¿Quién es la parte realmente vulnerable en la relación de consumo? ¿La consumidora o el proveedor? Pareciera que el STJ, al denegar el acceso a la justicia brasileña a la consumidora domiciliada en Brasil, para incoar una demanda por responsabilidad civil internacional derivada de relación de consumo, considera como sujeto vulnerable al proveedor, al darle el privilegio de poder litigar ante los tribunales que conoce y que están en el país de la sede de sus negocios.

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(1) STJ. Recurso Especial nº 1.571.616/MT. “Labamaro – Laboratório de Análise do Alto de Santo Amaro Ltda c/ Tatiane Regina de Miranda”. Min. Ponente Marco Aurélio Bellizze. Juzgado el 5/4/2016. Publicado en: DJe, el 11/4/2016. Disponible aquí, consultado el 15/5/2016.

(2) STJ. CUARTA TURMA. Recurso Especial nº 63.981-SP. “Plínio Gustavo Prado Garcia c/ Panasonic do Brasil Ltda”. Min. Ponente Sálvio de Figueiredo Teixeira. Juzgado el 11/4/2000. Publicado en: DJ, el 20/11/2000. Disponible aquí, consultado el 22/6/2016.

(3) STJ. Agravo en Recurso Especial nº 518.735/MG. “Sheraton Santiago Hotel y Convention Center c/ Robervan Gomes Costa de Faria”. Min. Ponente Ricardo Villas Bôas Cueva. Juzgado el 12/6/2015. Publicado en: DJe, el 1º/7/2015. Disponible aquí, consultado el 22/6/2016.

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