Unión Europea: A propósito del daño económico puro, ¿dónde se ha de demandar por la negligencia de un abogado en la redacción de un contrato?

Por Laura Carballo Piñeiro

La pregunta fue planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde los Países Bajos en el asunto C-12/15. Allí Universal Music International Holding BV con domicilio social en los Países Bajos y que forma parte de un grupo de sociedades con matriz en los Estados Unidos, se enfrenta a los Sres. Michael Schilling, Irwin Schwartz y Josef Brož, tres abogados con domicilio en Rumanía, Canadá y la República Checa, respectivamente, debido a la negligencia en que incurrió el Sr. Brož cuando redactó en la República Checa un contrato de compra de participaciones en una empresa con domicilio en este país.

El Sr. Brož omitió una modificación propuesta por la compradora que hizo que el precio de venta se quintuplicase con respecto al inicialmente previsto (unos 313.770 euros), precio que luego debía multiplicarse por el número de socios (resultando en unos 30.932.520 euros). La cuestión se sometió a arbitraje y, finalmente, Universal Music pagó 2.654.280,03 euros mediante transferencia con cargo a una cuenta bancaria en los Países Bajos, a una cuenta que los socios de la sociedad comprada tenían en la República Checa.


Universal Music solicitó la condena solidaria de los tres abogados ante los tribunales de los Países Bajos afirmando su competencia judicial internacional sobre la base de que el lugar de producción del daño se encontraba en dicho país ya que allí tiene su domicilio; en otras palabras, aunque todas las partes están de acuerdo en que el evento que causa el daño ha ocurrido en la República Checa, la cuestión que llega al Tribunal de Justicia es dónde se materializa el daño.

Así, la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de junio de 2016 vuelve a versar sobre un daño económico puro o pure economic loss y, más concretamente, sobre si el mismo se produce en el domicilio del demandante. El Alto Tribunal ya había rechazado esta opción en su sentencia de 10 de junio de 2004, Kronhofer, asunto C 168/02, pero no así en su criticada sentencia de 28 de enero de 2015, Kolassa, asunto C 375/13, también comentada en este blog.

En Kolassa, el Tribunal de Justicia sí concluyó que los tribunales del domicilio del demandante eran competentes cuando tal daño se producía directamente en una cuenta bancaria del demandante en un banco establecido en el territorio de esos tribunales, los de su domicilio. Como comentamos en un post anterior, el Sr. Kolassa era un consumidor que, como señala el Abogado General Sr. Szpuznar en sus Conclusiones a este asunto, “la parte demandada, un banco británico, había publicado un folleto sobre ciertos certificados financieros impugnados en Austria y era un banco austríaco el que había (re)vendido dichos certificados” (apartado 45).

La confusión causada por esta última decisión aumenta ahora porque el Tribunal de Justicia vuelve sobre sus pasos, retorna a su jurisprudencia anterior, y se ampara en las distintas circunstancias del caso para declarar que no, que:

“El artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, – desde el 10 de enero de 2015 artículo 7.2 del Reglamento (UE) 1215/2012 – debe interpretarse en el sentido de que, en una situación como la del litigio principal, no puede considerarse como «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso», a falta de otros puntos de conexión, el lugar situado en un Estado miembro donde se haya producido un daño, cuando tal daño consiste exclusivamente en una pérdida económica que se materializa directamente en la cuenta bancaria del demandante y que es consecuencia directa de un acto ilícito cometido en otro Estado miembro”.

La contención del Tribunal Justicia a la hora de interpretar dónde se materializa el perjuicio económico sufrido en este caso por una empresa y, por tanto, dónde se puede demandar al presunto responsable ha de ser, de todos modos, celebrado. Una interpretación diferente abriría la puerta al forum shopping en la medida en que bastaría una transferencia internacional para fijar la competencia del tribunal del domicilio del demandante y, por tanto, consagrar un forum actoris.

Además, ha de tenerse en cuenta que aquí se trata de determinar el “lugar de manifestación del daño causado”, que es la conexión que utiliza con carácter general el artículo 4.1 del Reglamento (CE) 864/2007 – también el artículo 2657 del Código civil argentino – a efectos de determinar la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales como la aquí discutida. Una interpretación en el sentido propuesto por el demandante en este asunto también hubiera repercutido en la ley aplicable que hubiera sido, en el caso, la holandesa y no la checa.

En definitiva y a la vista del razonamiento del Tribunal de Justicia, el daño económico puro, de la mano de los procesos globalizadores, es un concepto que promete seguir planteando retos al derecho internacional privado dado que el análisis de circunstancias necesario para saber dónde se materializa no parece una cuestión cerrada ni mucho menos.

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