Venezuela: nacionalidad múltiple y la resolución de los conflictos de nacionalidades

Por Francisco Suárez *

El pasado 27 de abril de 2016 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia No. 300 de amparo en el caso Isabella Magual Bravo. La decisión ha causado un inusitado revuelo en las redes sociales. Ellas han interpretando a esta última como flexibilizando el ordenamiento constitucional al permitir a individuos de doble nacionalidad acceder a ciertos cargos públicos, en contra de reglas expresamente fijadas dentro del texto fundamental. Sin embargo, la sentencia no se pronuncia sobre estos aspectos ni plantea la flexibilización endilgada. A pesar de ello, a través de la misma, la Sala tomó decisiones en materias tradicionales de Derecho Internacional Privado, mereciendo ciertos comentarios.

El problema central versaba sobre el número máximo de nacionalidades poseídas por una persona física y que puede reconocer el ordenamiento jurídico venezolano. Dos padres en proceso de separación conyugal se disputaban el otorgamiento de la nacionalidad venezolana a una niña quien ya poseía el doble vínculo estadounidense y francés. La madre inscribió a la niña en el Registro Civil venezolano, otorgándosele la consecuente partida de nacimiento. La madre asimismo solicitó un permiso del tribunal para tramitar el pasaporte venezolano de la niña, sin el consentimiento del padre.

El padre apeló dicha decisión e introdujo paralelamente una solicitud, ante otro tribunal, de suspensión tanto del acta de nacimiento así como la prohibición de emisión de un nuevo pasaporte. Tanto el tribunal de apelación así como el tribunal de la medida cautelar le dieron la razón al padre, llegando incluso a ordenar la anulación de la partida de nacimiento de la niña.

Según el tribunal superior, el ordenamiento jurídico venezolano sólo reconocía la doble nacionalidad de las personas físicas, por lo que, a su parecer, la niña debía realizar los trámites correspondientes al permiso de residencia a los cuales están sometidos los extranjeros en nuestro país. Asimismo, el tribunal indicó que al llegar la niña a su mayoría de edad, si deseaba adquirir la nacionalidad venezolana, debía esta última renunciar a una de sus dos otras nacionalidades.

La madre acudió en amparo ante la Sala Constitucional alegando una violación de los derechos fundamentales de la niña a poseer una nacionalidad así como una identificación. La Sala rápidamente le dio la razón a la madre interpretando que los artículos 34 y 35 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), no presentan límites al número de nacionalidades reconocidas por el ordenamiento jurídico venezolano.

Siendo que la niña nació en el extranjero de madre venezolana por nacimiento, la niña también poseía la nacionalidad venezolana por nacimiento a través del ius sanguinis (art. 32.3 CRBV: “Son venezolanos y venezolanas por nacimiento: …3. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento o madre venezolana por nacimiento, siempre que establezcan su residencia en el territorio de la República o declaren su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana.”) Asimismo, en virtud del artículo 35 CRBV, la Sala anuló la sentencia del tribunal inferior que ordenaba la eliminación del acta de nacimiento, manteniendo esta última su validez. Finalmente, ordenó la continuación del trámite del pasaporte venezolano de la niña.

Hasta ese momento la línea argumentativa de la Sala parecía mantener toda lógica y pertinencia. Sin embargo, dos párrafos antes de culminar la sección motiva del fallo, la Sala realizó la siguiente consideración:

“Finalmente, esta Sala en ejercicio de la atribución consagrada en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece con carácter vinculante que, ante el supuesto de que una persona ostente múltiples nacionalidades y una de ellas sea la venezolana, será ésta la que tenga prevalencia en todo lo concerniente al régimen jurídico aplicable a la misma. Así se decide.” (negritas de la Sala).

Es importante destacar que el caso no versaba sobre un conflicto de nacionalidades, una de las cuales debiese considerarse como prevalente frente a las demás, a los fines de determinar el régimen jurídico aplicable a la niña. Bien por el contrario, el mismo versaba sobre la posibilidad de otorgamiento de una tercera nacionalidad a una niña, conforme al ordenamiento jurídico venezolano. A través de dicha declaración, la Sala Constitucional incurrió en extrapetita.

Debido a la naturaleza vinculante del párrafo, se torna de interés su análisis en tanto y en cuanto el mismo constituye una solución dada a un clásico problema de Derecho Internacional Privado: la resolución del conflicto de nacionalidades cuando este vínculo se expresa dentro del campo del Derecho aplicable, la jurisdicción, la cooperación judicial internacional y el reconocimiento de sentencias extranjeras.

Esta problemática viene tradicionalmente matizada a través de dos supuestos, a los cuales se otorgan soluciones divergentes.

En el primero, una de las nacionalidades en conflicto se corresponde con el foro del tribunal que conoce la causa. En estos casos, al igual que lo decidido por la Sala, autores venezolanos y extranjeros admiten el principio de la preeminencia de la nacionalidad que coincide con el foro (ver en este sentido a Parra-Aranguren, Herrera Mendoza y, en el extranjero, a De Winter, entre otros). A nivel normativo, esta regla se compagina con lo previsto en el artículo 9 del Código Bustamante (para ciertos supuestos).

En el segundo, el tribunal del foro debe elegir entre nacionalidades extranjeras. En este supuesto existen diversas teorías planteadas por la doctrina. Algunos autores indican la preeminencia de la nacionalidad elegida por el interesado (Isay). Otros, aquella correspondiente a la nacionalidad efectiva. En este último caso, el debate se centra en lo que debe considerarse como un vínculo nacional efectivo.

Algunos autores eligen aquel que coincide con el domicilio (Bluntschli, reflejado en aquello previsto dentro del artículo 10 del Código Bustamante). Otros, la nacionalidad que presente la mayor conexión psicológica (Frankestein). Otros más, aquella vivida realmente por el individuo, la cual refleje una posesión de Estado de nacionalidad (Politis).

En Venezuela, además de los supuestos regulados dentro del Código Bustamante, el profesor Gonzalo Parra-Aranguren nos enseña que la respuesta otorgada para el primer caso, y defendida ahora por la Sala Constitucional, constituía la regla aceptada. Sin embargo, también nos señala que hubo en nuestra historia casos de aplicación de la teoría de la efectividad dentro de lo decidido por varios tribunales arbitrales mixtos producto de la celebración de protocolos en 1902 y 1903, destinados a solventar la problemática que desembocó en los bloqueos portuarios de la época por potencias extranjeras.

Asimismo, es de recordar que el artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado de 1998 constituye un importante instrumento de flexibilización y materialización del análisis conflictual en Venezuela, el cual subordina la aplicación del Derecho extranjero al cumplimiento de los objetivos perseguidos por las normas de venezolanas de conflicto. Este artículo ha justificado la posición de autores en Venezuela argumentando a la aplicación selectiva de las instituciones de la teoría general del DIP. En este sentido, no sería descabellado pensar en el uso de dicho artículo a los fines de resolver el conflicto de nacionalidades, subordinando tal elección al logro de los objetivos mencionados.

El auge en Venezuela del uso del domicilio como principal vínculo utilizado dentro del campo del Derecho aplicable (particularmente desde la entrada en vigencia de la LDIP en 1999), y jurisdiccional (desde el Código de Procedimiento Civil de 1873), parecería reducir la importancia de lo decidido por la Sala Constitucional. Sin embargo, esta conclusión es sólo aparente: la nacionalidad permanece cumpliendo un papel de suma importancia dentro del Derecho Internacional Privado venezolano contemporáneo.

En efecto, la nacionalidad posee, por un lado, rol extranjerizante de las relaciones jurídicas, tal y como ha sido confirmado en múltiples ocasiones en nuestra jurisprudencia reciente, particularmente aquella posterior a 1998.

Asimismo, ella permanece cumpliendo un importante papel jurisdiccional. Entre los múltiples ejemplos se encuentra la vinculación efectiva sumada a los actos de sumisión (arts. 318 del Código Bustamante y 42.2 de la LDIP), dentro del paralelismo (arts. 41.1 y 42.1 de la LDIP), y dentro de los nuevos criterios atributivos de jurisdicción creados por vía jurisprudencial (casos del interés superior del niño, más vinculación efectiva). Asimismo, importantes tratados de La Haya, a los cuales Venezuela está llamada a ratificar, prevén dicho vínculo (ver arts. 8 y 9 del Convenio de La Haya de Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños de 1996, así como y los artículos 7 y 9 de aquel sobre Protección Internacional de Adultos de 2000).

Estos roles se ven asimismo reflejados dentro del control tanto de la jurisdicción directa como indirecta en el análisis de las excepciones al ejercicio de la jurisdicción, a saber, dentro de la litispendencia internacional, la cosa juzgada internacional, la conexidad internacional y el forum non conveniens. Por otro lado, es consabido el rol que posee la nacionalidad en la disminución de las inmunidades de los funcionarios diplomáticos o consulares a partir de los diversos regímenes aplicables a, tanto a estos últimos como a otros individuos relacionados (familiares, personal técnico o administrativo).

Asimismo, nuestras modernas fuentes en materia de cooperación judicial internacional, particularmente aquellas provenientes de los senos de La Haya e Interamericano, otorgan a dicho vínculo un importante rol limitativo de las vías de cooperación disponibles en uso de la cooperación consular directa.

Finalmente, la nacionalidad también hace vida dentro del campo de reconocimiento de sentencias extranjeras, dentro del análisis de la jurisdicción indirecta, la debida citación (a través de la vía consular directa), las excepciones procesales al reconocimiento, así como dentro del campo del control del orden público, tanto sustantivo, como de proximidad.

En consecuencia, esta nueva decisión de la Sala Constitucional ratifica una regla tradicional en la resolución del conflicto de nacionalidades, particularmente relevante en vista de nuestro sistema contemporáneo de Derecho Internacional Privado. A pesar de ello, la falta de flexibilidad planteada por esta solución clásica contrasta con el desarrollo contemporáneo de esta ciencia, tendiente a la materialización del análisis jurisdiccional, de aquel de Derecho aplicable así como de otros campos de la cooperación judicial internacional (entendida en sentido amplio).

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* Profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Metropolitana. Magister Scientiarum en Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela.

8 comentarios en “Venezuela: nacionalidad múltiple y la resolución de los conflictos de nacionalidades

  1. Me parece lamentable que el TSJ mediante una sentencia que no debería tener carácter vinculante, de rigidez a esta cuestión de la nacionalidad pues podrían existir casos donde no se llegue a la justicia material.

    En todo caso me parece un excelente análisis,

    Saludos

  2. Hola, yo soy venezolano de nacimiento pero mis padres son extranjeros mi mama es de Perú y mi papa de siria y yo actualmente me iré a vivir a francia. Quiero saber si puedo tener esas 3 nacionalidades peruana, sirio y francés

    1. Estimado lector, en Cartas Blogatorias no prestamos asesoría jurídica. Este tipo de preguntas debe hacerlas a una profesional especializado en la materia

  3. Hola, yo soy venezolano de nacimiento pero mis padres son extranjeros mi mama es de Perú y mi papa de siria y yo actualmente me iré a vivir a francia. Quiero saber si puedo tener esas 3 nacionalidades peruana, sirio y francés. Gracias

  4. Puedo tener 3 nacionalidades? De la lectura de este artículo pudiéramos concluir que no se puede la múltiple nacionalidad, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente en Venezuela? Podrían ayudarnos, somos varios queriendo saber sobre la posibilidad de tener 3 nacionalidades, podrían aclarar, por favor?

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