Conferencia de La Haya: Anteproyecto de Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras

Por Javier Ochoa Muñoz

La próxima semana, en la Conferencia de La Haya, se celebrará una reunión de la Comisión Especial sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras para debatir un anteproyecto de Convención sobre la materia. El texto se puede encontrar aquí, acompañado de una nota explicativa preparada por la Oficina Permanente.

La convocatoria se inscribe dentro la iniciativa llamada Judgments Project, que data de 1992, y que luego de muchos esfuerzos infructuosos por establecer un marco regulatorio convencional de la jurisdicción y la eficacia de sentencias extranjeras, diera como resultado la Convención de La Haya sobre los Acuerdos de Elección de Foro de 2005, el cual entró en vigencia el 1º de octubre de 2015. No obstante, la Conferencia había avanzado con proyectos de convención más ambiciosos que procuraban regular de manera amplia los temas de jurisdicción y eficacia de sentencias extranjeras, pero no habían logrado el consenso necesario.

En 2011 después de recordar “el valioso trabajo que se ha hecho”, el Consejo de Asuntos Generales y Política de la Conferencia de La Haya concluyó que un pequeño grupo de expertos debía constituirse para explorar los antecedentes del Judgments Project y los desarrollos recientes, con el objetivo de evaluar la posibilidad y conveniencia de reactivar dicha iniciativa. Diversas reuniones y declaraciones se sucedieron hasta que se acordó convocar esta importante reunión, del 1º al 9 de junio próximos, cuya agenda puede también consultarse aquí.

Nos permitimos resumir ciertos aspectos esenciales del anteproyecto y aprovechamos para adelantar algunas observaciones preliminares.

Según refiere la nota explicativa, el grupo de trabajo que preparó el texto tuvo como norte dos objetivos fundamentales:

a) Mejorar el acceso a la justicia;
b) Facilitar el comercio internacional y la inversión, mediante la reducción de costos y riesgos asociados a los negocios transfronterizos.

Es de tener en cuenta que se trata de dos pautas que no siempre están en sintonía y encontrar el debido equilibrio entre ambas, constituye un mayúsculo desafío.

Como se indica en el artículo 1⁰ del anteproyecto, la Convención aplicaría al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales “relacionadas con las cuestiones civiles y comerciales”. No se aplicará, en particular, a la materia fiscal, aduanera, ni demás cuestiones administrativas.

El art. 2 excluye también de su ámbito de aplicación las siguientes materias:

a) estado y la capacidad de las personas físicas;
b) obligación de manutención;
c) asuntos de familia, incluyendo los regímenes matrimoniales y otros derechos u obligaciones resultantes del matrimonio o de relaciones similares;
d) testamentos y las sucesiones;
e) insolvencia, atraso y materias análogas;
f) transporte de pasajeros y mercancías;
g) contaminación marina, la limitación de responsabilidad por demandas en materia marítima, las averías comunes, remolque de emergencia y salvamento;
h) responsabilidad por daños nucleares;
i) validez, la nulidad o la disolución de personas jurídicas, así como la validez de las decisiones de sus órganos;
j) validez de las inscripciones en los registros públicos y
k) difamación.

La misma norma también aclara que no se aplicará al arbitraje u otros medios alternativos de resolución de controversias donde el decisor es distinto a un tribunal estatal.

Resulta interesante hacer notar que, conforme al propio art. 2, la aplicación del Convenio no se excluye por el mero hecho de que un Estado, incluidos su gobierno, una agencia gubernamental o cualquier persona que actúe por un Estado, sea parte en el procedimiento. No obstante, se deja claro que ello no afectará los privilegios e inmunidades de los Estados o de organizaciones internacionales, con respecto a estos mismos y sus bienes.

El art. 4 señala que una sentencia dictada por un tribunal de un Estado contratante debe ser reconocida y ejecutada en otro Estado contratante de conformidad con la Convención. El reconocimiento y la ejecución sólo podrán denegarse por los motivos previstos en la propia Convención. La misma norma establece el principio de no revisión de fondo de la sentencia extranjera, sin perjuicio de la revisión de los aspectos puntuales que se regulan en el propio texto. Se agrega también que, salvo en las sentencias dictadas sobre la base de la contumacia o rebeldía (default judgments), el tribunal requerido estará vinculado por las apreciaciones de hecho en que el tribunal de origen ha basado su jurisdicción.

Asimismo, se incluye como regla previa general que las sentencias se reconocerán solamente si producen efectos en el Estado de origen y sólo se ejecutarán si son ejecutorias en el Estado de origen. Finalmente, el art. 4 apunta que el reconocimiento o la ejecución podrán ser pospuestos o denegados si la resolución es objeto de examen en el Estado de origen o si el plazo para interponer un recurso ordinario no ha expirado. Esta negativa no impide una solicitud ulterior de reconocimiento o ejecución de la sentencia. En tales casos, el tribunal requerido también puede condicionar la ejecución a la constitución de una garantía que este mismo determinará.

Al margen del análisis concreto de cada una de estas reglas, pensamos que deberían descomponerse en artículos separados, ya que incluye nociones muy diferenciadas entre sí.

Luego de las reglas generales citadas, los arts. 5 y 6 establecen una lista de aproximadamente veinte criterios conforme a los cuales la sentencia se considera “elegible” para su reconocimiento o ejecución. Lo que se busca con estos criterios es una forma de control de la jurisdicción del tribunal de origen (jurisdicción indirecta), así como la jurisdicción exclusiva del foro de reconocimiento. Es necesario el cumplimiento de uno sólo de los criterios de jurisdicción indirecta para que la sentencia sea elegible.

Quizás sea deseable una redacción y una solución más sencilla de este aspecto.

El art. 7 contempla las causas de denegación del reconocimiento o ejecución. Estas siguen en general las tradicionales del Derecho comparado, observándose algunas que parecen provenir del Derecho norteamericano. En resumen, las causas de denegación son:

1) Deficiencias en la notificación o citación.
2) Fraude en el procedimiento.
3) Violación del orden público substantivo o procesal.
4) Desconocimiento de un acuerdo de elección de foro.
5) Inconsistencia con una sentencia dictada en el Estado de reconocimiento respecto de las mismas partes.
6) Inconsistencia con una sentencia dictada en un tercer Estado respecto de las mismas partes y la misma causa, siempre que la sentencia anterior cumpla con los requisitos necesarios para su eficacia en el Estado de reconocimiento.

Asimismo, se establece que el reconocimiento o la ejecución pueden denegarse o suspenderse si en el Estado de reconocimiento está pendiente un juicio entre las mismas partes y por la misma causa, siempre que se cumplan algunas otras condiciones adicionales que enuncia la misma norma.

El art. 10 dispone que las transacciones judiciales aprobadas por un tribunal de un Estado contratante, o a las que se ha llegado a lo largo del procedimiento, y son ejecutables en el Estado de origen, se considerarán como sentencias dictadas en procesos judiciales conforme a la Convención.

El art. 13 se pronuncia a favor de la teoría de la extensión de los efectos, señalando que las sentencias tendrán los mismos efectos que tienen en el Estado de origen, mas si la misma contiene disposiciones desconocidas por la ley del Estado requerido, en la medida de lo posible, se adaptarán a las disposiciones equivalentes sin conceder nada que supere los efectos establecidos en el Estado de origen.

Dejaremos para otra oportunidad nuestras observaciones generales. Se trata, en todo caso, de un instrumento muy interesante que vale la pena debatir.

Es una buena oportunidad para que nuestros lectores hagan sus valiosos comentarios.

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