Venezuela: práctica de una citación solicitada por un tribunal extranjero

Por Claudia Madrid Martínez

En decisión del pasado primero de marzo de 2016 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regularidad de la práctica de la citación del demandado en el extranjero y las diferencias con la práctica de una simple notificación.

El asunto llegó a la Sala por una revisión constitucional de la sentencia dictada el 6 de julio de 2015 por un Juzgado Superior que declaró con lugar el recurso de apelación ejercido contra la sentencia de instancia dictada el 19 de marzo de 2015, y ordenó al tribunal de instancia agotar la notificación por medio de boleta al demandado en cualquiera de los domicilios legalmente constituidos y, en caso de ser nugatoria la misma, ordenó su práctica con arreglo a lo previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, en ejecución de una comisión rogatoria solicitada a las autoridades venezolanas por el Tribunal de Distrito del Circuito Judicial 11, en y para el Condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América.

La revisión fue solicitada por la Defensoría del Pueblo, con el fin de “…garantizar los derechos constitucionales de los nacionales venezolanos, el orden público y el ordenamiento jurídico que rige la Nación, el cual se ve amenazado con la materialización de sentencias como la impugnada…”.

Tal solicitud obedeció a la denuncia que hiciera un estudiante de Derecho que, “…al realizar el análisis de las sentencias emanadas de distintos Tribunales se percató del error de derecho cometido por el Juez Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al dictar sentencia relacionada con solicitud de rogatoria de un Tribunal extranjero, mediante la cual se relajan principios procesales inherentes al debido proceso, la tutela judicial efectiva, acceso a la administración de justicia, el derecho a la defensa y el orden público constitucional”.

La solicitud de notificación discutida establece:

“IMPORTANTE
Usted ha sido demandado legalmente. Tiene 20 días, contados a partir del recibo de esta notificación, para contestar la demanda adjunta, no lo protegerá, Si (sic) usted desea que el tribunal considere su defensa, debe presentar su respuesta por escrito, incluyendo el número del caso y los nombres de las partes interesadas. Si usted no contesta la demanda a tiempo pudiese perder el caso y podría ser despojado de sus ingresos y propiedades, o privado de sus derechos, sin previo aviso del Tribunal. Existen otros requisitos legales si lo desea, usted puede consultar a un abogado inmediatamente. Si no conoce a un abogado, puede llamar a una de las oficinas de asistencia legal que aparecen en la guía telefónica. Si desea responder a la demanda por su cuenta, al mismo tiempo en que presente su respuesta ante el tribunal, deberá usted enviar por correo o entregar una copia de su respuesta a la persona denominado abajo como Plaintiff Atttorney (Abogado [sic] del Demandante [sic]) (…)’ (…)”.

A partir de esta mención, el tribunal concluyó que se trataba de una notificación y ordenó su realización en “…cualesquiera de los domicilios señalados a los autos, por ser éstos domicilios legamente constituidos; y en caso de negativa, practicar la notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil…”.

Tratar este llamado como una simple notificación y no como una citación, en opinión de la Defensoría del Pueblo, “…se convirtió en un artífice para el logro de un relajamiento del orden interno, que al materializarse producirá un daño al debido proceso venezolano, una vulneración grave del derecho a la tutela judicial efectiva y una inobservancia clara y manifiesta de las normas procesales venezolanas…”.

En efecto, siendo la citación –en opinión de la Defensoría del Pueblo– un tema de orden público, el obviar las formalidades que para su realización dispone el sistema procesal venezolano vulnera “…los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica… con graves perjuicios para los nacionales involucrados en el caso, así como para eventuales venezolanos demandados en el exterior”.

Para decidir, la Sala comenzó por afirmar su competencia para conocer del recurso de revisión ejercido por la Defensoría del Pueblo y aclaró que su decisión no debía ser entendida como una nueva instancia, sino como un medio para preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, o corregir graves infracciones a sus principios o reglas. Además, luego de afirmar que la Defensoría no tenía legitimación para solicitar el recurso, las graves violaciones al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva justifican su intervención de oficio.

A continuación, la Sala aclara algunos conceptos propios de la cooperación judicial internacional.

“La carta rogatoria (también llamada comisión internacional o exhorto internacional) es un medio de comunicación procesal entre autoridades que se encuentran en distintos países, y que sirve para practicar diversas diligencias –una notificación del estado de un juicio o la citación de personas, emplazamientos a juicio, etcétera– en el que el Juez que conoce de la causa no tiene jurisdicción. Por tanto, constituye un medio de cooperación o auxilio para satisfacer las necesidades de un proceso que se sigue en otro foro”.

La Sala reconoce la importancia de los tratados internacionales en esta materia y que, a falta de estos, la cooperación se sustenta en el principio de “reciprocidad internacional” y en el Derecho interno.

A continuación cita la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, la cual reconoce el principio Lex fori regit processum para la ejecución del acto de cooperación, y la posibilidad de aplicar las formalidades del Derecho del Estado requirente, siempre que tales formalidades no sean contrarias a la legislación procesal del Estado requerido (art.10).

En este caso concreto, a través de una carta rogatoria, el tribunal de Florida solicita al tribunal venezolano que procesa a “notificar” y entregar personalmente copia de la demanda al demandado. En el texto de la rogatoria puede leerse que el mismo “…ha sido demandado legalmente. Tiene 20 días, contados a partir del recibo de esta notificación, para contestar la demanda adjunta…”.

La Sala distingue la citación de la notificación y afirma que la primera es el acto con el que se inicia el juicio y constituye la formalidad necesaria –pero no esencial, ya que la parte puede convalidar con su presencia la falta de citación– para la validez del juicio (art. 215 del Código de Procedimiento Civil), tanto que su falta vulnera el derecho a la defensa y transgrede normas que son de eminente orden público.

La notificación, por su parte, “…es una participación del conocimiento por la cual se hace saber a las partes en contienda e incluso a un tercero ajeno a la misma (como un experto), de una resolución de un juez –verbigracia la continuación del juicio– o para la realización de un acto del proceso, que se produce dentro del juicio; en otras palabras, es un simple hacer saber de una resolución judicial; por lo que no debe estar revestida de formalidades procesales, como ocurre con la citación”.

“…esta Sala observa de la parcial transcripción de la carta rogatoria que aun cuando el Tribunal requirente alude a una notificación y ‘solicita la entrega personal de la copia de la… demanda’, conforme a nuestro ordenamiento jurídico –el cual prevalece para llevar a cabo el exhorto– la misma contiene una citación para un juicio instaurado en los Estados Unidos de América contra una persona natural y una persona jurídica domiciliada en Venezuela, ya que de la misma se evidencian los elementos aludidos a la citación: (i) existe un acto formal emitido por un juez; (ii) se hace un llamamiento a la parte demandada para dar contestación a la demanda por escrito, la cual pide sea entregada de manera personal, con la advertencia de que su omisión o la defensa extemporánea pudiese perder el caso y podría ser despojado de sus ingresos y propiedades, o privado de sus derechos, sin previo aviso del Tribunal; (iii) se le concede un lapso de 20 días, contados a partir de la misma”.

Por tanto, el procedimiento a seguir en casos como el aquí referido es el de la citación personal o directa del demandado, la citación por correo certificado (en los casos de personas jurídicas) y la citación por carteles. “Sin embargo, en el fallo sometido a revisión solo le estaba permitido al juez practicar la citación personal, por solicitud de propio Tribunal requirente”.

Así, el error del tribunal superior fue ordenar “…que el trámite de la citación –denominada notificación– se realizara con arreglo al artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, el cual regula la necesaria notificación de las partes por disposición de la ley, bien sea para la continuación del juicio, o para la realización de algún acto del proceso, que nada tiene que ver con la citación del demandado para que comparezca al juicio y dé contestación a la demanda”.

“Pero con mayor gravedad, desconoció que el pedimento del Tribunal requirente era que la copia de la demanda fuera entregada personalmente a los demandados, por lo que aun en el supuesto de la citación, solo le era posible al juez de primera instancia que procediera a practicar la citación personal, conforme lo prevé el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, y no otras modalidades de la misma, dado que no se ajustaba a la comisión”.

Con estos argumentos, la Sala entendió que, al tratarse la citación como una simple notificación, hubo vulneración del “…orden público constitucional, el derecho a la defensa y al debido proceso”.

“Finalmente, esta Sala considera oportuno hacer una indicación general a los Tribunales de la República que conozcan de exhortos, cartas rogatorias o comisiones internacionales, en el sentido de que no deben confundir la notificación en juicio con la citación, por cuanto ambas instituciones son disímiles –sus regulaciones están previstas en forma separada en nuestro ordenamiento jurídico y tienen fines distintos– y siempre debe procederse, si se tratara de una citación, a acompañar a la compulsa los documentos que prevé nuestro ordenamiento jurídico, pues lo contrario entrañaría una amenaza al derecho a la defensa de quien es demandado en un país extranjero y que está residenciado en la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente, deben sujetarse a los términos de la solicitud contenida en la comisión”.

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